Opinion

La Seguridad Social, una estafa piramidal

La historia económico-financiera de estos atribulados tiempos está cuajada de casos de estafas piramidales. Un sistema no por conocido menos repetido exitosamente: se pide dinero al público ofreciendo una rentabilidad que duplica o triplica la del mercado; inversores incautos responden a la llamada y durante un tiempo ven como, efectivamente, sus fondos les dan la rentabilidad esperada; el boca a boca y una agresiva política comercial hacen que crezca mucho el dinero invertido… Lo que sólo saben los cerebros de la operación es que los intereses de los inversores iniciales se pagan con las aportaciones de los recién aterrizados, hasta que llega el momento en que las nuevas aportaciones resultan insuficientes, la liquidez se volatiliza y la trama se viene abajo.
En los países serios, los estafadores dan con sus huesos en la cárcel, sus activos son realizados para devolver lo que se pueda a los estafados, como en el celebre y reciente caso Madoff; en el Reino de España, sin embargo, la justicia tarda mucho en impartirse y los responsables salen de rositas, si es que llegan a entrar, como en el caso Gescartera.

Pero así como cuando estalla un caso de éstos, el público se escandaliza y reclama responsabilidades penales y civiles a los responsables, lo que nunca se ha visto es denunciar a la Seguridad Social a pesar de que su negocio sigue los mismos esquemas que las estafas piramidales y la quiebra del sistema no es un escenario que, a día de hoy, se pueda rechazar.
¡Hombre, eso que dice es súper fuerte! La Seguridad Social no es una estafa porque al fin y al cabo está configurada y respaldada por la ley y, al ser un sistema obligatorio, no cabe posibilidad de engaño puesto que el teórico estafado no ha tenido oportunidad de rechazar la oferta de la Seguridad Social.
Respuesta: una cosa es que sea legal (la expropiación de Rumasa también lo fue) y otra cosa es que sea legítima y aquí estamos ante un engaño porque al cotizante de la Seguridad Social siempre se le aseguró que recibiría su pensión, ya que el Estado garantizaba el flujo de que lo ingresado por los cotizantes alcanzaría a pagar las pensiones de los jubilados.
Para no discutir, echemos mano a los datos: entre 2000 y 2010 el número de pensiones ha aumentado en un millón (de 7,6 a 8,6 millones) mientras que en el mismo periodo las cotizaciones han aumentado en 2,1 millones (de 11,6 millones han pasado a 13,7). Pero, como siempre, una foto fija no retrata la realidad en su conjunto sino sólo un instante de la misma.
Si en lugar de disparar una foto se filma una película, los números resultan más realistas y peores: desde 2005 el número de cotizaciones no deja de disminuir (y eso contando con que el Estado paga las cotizaciones de los parados) a un ritmo desigual, pero nunca inferior a los 200.000 anuales. Y viceversa: desde el mismo año 2000 el número de pensionistas no ha dejado de aumentar y desde 2005 a un ritmo siempre superior a los 100.000 por año.
Si se aplican las oportunas proyecciones demográficas –que nunca son exactas porque el simple cálculo aritmético no contempla fenómenos inesperados como el de la inmigración– en 2016, o sea dentro de poco más de una legislatura, las cotizaciones ya no bastarán para pagar jubilaciones. El famoso fondo de reserva que el Estado dotaba anualmente a la Seguridad Social ha alcanzado los 60.000 millones de euros, es decir apenas la mitad de los 128.000 millones que la Seguridad Social tiene previsto gastar en 2011. Por su parte, la aportación del Estado para pagos corrientes lleva dos años de crecimiento negativo.
Debería resultar innecesario aclarar que esta crítica situación no es fruto de la crisis –que no es un fenómeno demográfico en cuya virtud se aumenten el número de pensionistas y, como ya he dicho, el Estado cotiza por los parados– sino de una tendencia demográfica de fondo: desde hace tres décadas, el barco de la Seguridad Social navega con rumbo fijo a la escollera.
Y ahí radica, precisamente, la estafa: que conociendo todo el mundo la inevitabilidad del problema, nunca se atacó a fondo. Como Napoleón cuando no quería solucionar algo, se creó una comisión: el llamado Pacto de Toledo. Formada teóricamente para sustraer del debate partidista algo tan serio como las pensiones, en realidad ha servido para sustraer el problema de la pensiones del conocimiento público.
De hecho, el Pacto de Toledo se constituyó durante el primer Gobierno de José Mª Aznar y desde entonces no se ha apreciado una mejora sensible en el oscuro futuro del sistema de la Seguridad Social. Y, díganme, esa irresponsabilidad y por mucho que no se tipifique en el Código Penal ¿es o no es una estafa al cotizante?