Economía

El intercambio de ‘cromos’ entre Aguirre y Gallardón

Todo el mundo lo dice. Hay que terminar con las duplicidades entre administraciones porque no es de recibo que todos quieran hacer de todo. El Gobierno en funciones de Zapatero encargó en enero un estudio del que aún nada se sabe y el presidente entrante Rajoy ya anunciado que creará una comisión de estudio con tal efecto. Entre tanto, algunos han pasado a la acción. Así, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad están en pleno reparto de cromos: las bibliotecas, polideportivos y centros de mayores para mí (Alberto Ruiz Gallardón) y las escuelas infantiles, centros de salud y drogodependencia y el metro para ti (Esperanza Aguirre). Aunque el intercambio viene arropado por la creación en la Asamblea regional de una comisión de rimbombante nombre [Comisión de estudio sobre las  competencias duplicadas entre ayuntamientos y la Comunidad de Madrid en la prestación de servicios públicos], ha quedado en evidencia que la presidenta y el regidor han acordado un reparto de activos en una negociación paralela sin luz ni taquígrafos. Mal empezamos.

Argumenta Gallardón que a la hora de administrar la ciudad hay que regirse por “los principios de eficacia, transparencia y austeridad”. Y a priori, es un sano ejercicio tratar de racionalizar el entramado administrativo en la prestación de unos servicios públicos tan pegados al día a día y al bienestar de los ciudadanos. Pero no hay que olvidar que este ajuste competencial –quién hace qué– se enmarca en un objetivo mayor: reducir la deuda sea como sea. Y es que el madrileño es el Ayuntamiento más endeudado de España: unos 6.000 millones de euros –ahí están los 2.300 millones por el soterramiento de la M-30, los 600 millones de la mudanza al Palacio de Comunicaciones, las obras de Madrid Río…–.

Para atajar tamaño lastre, Gallardón ha adoptado algunas medidas en los presupuestos para el año que viene: amortizar 1.851 puestos de trabajo –no se cubren las vacantes existentes ni las que se generen–, reducir un 54% los gastos vinculados al funcionamiento de la propia Administración –revisando contratos de alquiler, por ejemplo– y cortando el grifo a las inversiones reales –se han reducido un 72% desde 2008–. Y ahora es el turno, dicen, de atacar las manifiestas duplicidades administrativas. Correcto. Seguro que las cosas se pueden hacer mejor, se gana eficiencia y se consiguen economías de escala. No sé a ustedes, pero a mí nadie me ha explicado todavía la letra pequeña de este acuerdo. ¿Sabemos con qué criterio se ha hecho el reparto y qué ahorros –si los hay– traerá esta reasignación de recursos? Ni idea. ¿Cómo se van a armonizar las condiciones salariales de los diferentes funcionarios trasvasados? Está por ver. ¿Habrá más intercambios? Es previsible. Ahí están los solapamiento en servicios de empleo y vivienda. ¿Qué pasa con las duplicidades entre la Comunidad y el resto de municipios de la región? ¿Dónde están? ¿Cómo resolverlas? Se desconoce. En fin, poca transparencia, muchas preguntas y casi ninguna respuesta.

Nadie duda de que se ha creado un “endiablado” entramado legislativo que permite a más de una Administración intervenir en la tramitación de un servicio público. Pero pocos ciudadanos saben que los consistorios han asumido muchas competencias impropias por vías indirectas, inducidas por las propias comunidades autónomas a través de convenios finalistas para prestar tal o cual servicio. El problema, que esta financiación subvencionada ha generado un ingente volumen administrativo: sólo la justificación del papeleo puede significar hasta un 10% del personal en algunos departamentos municipales, denuncia desde IU. Burocracia y más burocracia. ¡Eso sí que es un despilfarro!  ¿Pero podemos hablar de servicios duplicados cuando hay listas de espera para entrar en las escuelas infantiles madrileñas? ¿Se compromete la Comunidad a mantener los servicios de promoción de la salud que ha heredado del Ayuntamiento o los ven como meras duplicidades?

Si no queremos que el debate sobre las duplicidades sea como “hablar del sexo de los ángeles”, como denuncia Ramón Marcos Allo, diputado madrileño por UPyD, es necesario aportar datos, cifras y todo tipo de material documental para llegar a un reparto leal de competencias [y  armar la financiación que las sustente]. Y, sobre todo, mucha luz y taquígrafos para que los ciudadanos no sientan que con tanto baile de cromos le están dando gato por liebre. Porque al final, no se engañen, “el nivel actual de los servicios públicos no se optimiza con la supresión de duplicidades”, como señala Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III. Al final, Comunidad y Ayuntamiento acabarán decidiendo qué servicios públicos son esenciales y cuáles, prescindibles en un contexto de crisis. Ya lo ha avisado Mariano Rajoy al señalar con el dedo la inviabilidad de la Ley de Dependencia. Ya lo acabaremos viendo aquí.