Economía

Señor Montoro, tiene usted un problema

El veinte por ciento de la economía española vive sumergida, dos terceras partes de las empresas del Ibex tienen operaciones financieras en paraísos fiscales, y muchas de las recientes emisiones de bonos empresariales se harán desde plazas no españolas.
Decididamente, España no es fiscalmente competitiva. Si la empresa que puede opera desde fuera no es por ocultarse de la Hacienda española (que tiene puntual información de cualquier movimiento), sino para pagar menos impuestos por sus operaciones.

Supervivencia impositiva
Y si hay un millón y medio de microempresas españolas (de tres o cuatro empleados cada una) que no cumplen fiscalmente es, sencillamente, por sobrevivir.

Se puede llegar a entender que con esta política económica de auditor que desarrolla el Gobierno, la reducción del déficit público sea el único objetivo. Pero con este aumento sostenido de la presión fiscal el número de operadores desde fuera y de evasores desde dentro sólo puede aumentar.

Si el ministro de Hacienda fuera empresario, que no lo es, sabría que la mejor manera de mandar clientes a la competencia es subir los precios.

Subvenciones arbitrarias
Muchos critican, con razón, que se quiera paliar el agobio asfixiante de la carga fiscal con subvenciones, deducciones y descuentos, de manera que lo que se cobra por un lado, se devuelve por otro.

Y digo que la crítica es razonable porque, sencillamente, consagra una política intervencionista-clientelista que permite deducciones a los sectores amigos y al indiferente le carga con más impuestos. En lugar de dejar espacio para el libre mercado, las exenciones fiscales lo desfiguran.
Por otra parte, si la carga fiscal es excesiva en España, y tantos impuestos cortan de raíz cualquier asomo de crecimiento económico, el problema no se arregla con exenciones, subvenciones o deducciones: se arregla ajustando el funcionamiento de la Administración Pública –en cualquiera de sus niveles—a las posibilidades reales de la economía.

Ajuste privado
Después de cinco o seis años de crisis, parece claro que el sector privado se ha ajustado: a costa de comprar menos y despedir más, familias y empresas han devuelto deudas y se han acomodado a tan difíciles circunstancias. Sin embargo las administraciones públicas siguen en el mismo nivel de gasto que en los buenos viejos tiempos.

No lo digo a humo de pajas y estos son los números: en 2012, el Estado recaudó (IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales) el 24 por ciento más que en 2008, pero las cuentas públicas siguen lejos del equilibrio (6,9 por ciento déficit público/PIB) porque el Estado no ha hecho un esfuerzo de contención del gasto comparable al que ha exigido a los ciudadanos.

Ni aliento ni comparto la conducta de los evasores fiscales, pero como saben bien los sociólogos y los fiscalistas, una elevada carga fiscal empuja directamente al fraude, ya que es muy grande el beneficio (en términos de ahorro) que el evasor consigue.

“España no depende de mí” …
Y al contrario, en economías con fiscalidad razonable, los únicos evasores serán los que se mueven en el mundo del delito organizado. El IVA se debe pagar, lo señala la ley, pero vete a decírselo a un pequeño empresario/autónomo.

Hace años me lo dijo uno de ellos al presentarme la factura de una reparación: “de que usted y yo paguemos el IVA no depende la solución de España, pero si lo tengo que declarar, el paso siguiente será cerrar en mi actividad y apuntarme al paro”.