Economía

No hay que cambiar la Constitución, basta cumplirla

En la nutrida nómina de problemas a los que se enfrenta la sociedad española no debe figurar la de modernizar una Constitución que, en el parecer de algunos, se ha quedado vieja en sus apenas 34 años de vigencia.

El momento, quién lo duda, es crítico. De la actividad económica a la Seguridad Social, pasando por la administración de Justicia, la enseñanza, los medios informativos, la corrupción y la ley electoral: todo necesita mejorar, y mucho.

Justos y benéficos. La ingenuidad es pensar que con un cambio de la Constitución felizmente vigente desde 1978 se arreglarán los problemas. No nos confundamos: solo por declarar, como decía la Pepa de 1812, que los españoles de uno y otro lado del Atlántico deben ser justos y benéficos, no se conseguiría tan encomiable objetivo.

Me gustaría oír de alguna voz autorizada cuáles son los problemas provocados o agravados por algún mandato constitucional. Al revés, las carencias actuales de la sociedad española más bien se deben a que no se ha respetado como se debería la Ley de leyes.

Para las generaciones de españoles que pasamos una parte de nuestra vida preguntándonos: ¿después de Franco, qué?, la Constitución de 1978 supuso una respuesta mucho mejor de lo esperada en el terreno político, social y también económico. Aunque suene cursi, el proceso de transición política culminado en la Constitución asombró al mundo. Y no fue hace tanto tiempo.

Razones política y económicas. En los últimos cinco años, España ha padecido una de sus peores crisis económicas, y por muchas razones. Cito algunas: los bajos tipos de interés de la primera década del siglo; la política de manga ancha del Banco Central Europeo; la incompetencia del Gobierno español para enfriar una economía sobrecalentada; la locura de cajeros (no confundir con banqueros), políticos y usuarios que pensaron que el dinero prestado no había de devolverse… Podría seguir con muchas causas que provocaron la crisis, pero nunca llegaría a decir que una Constitución mal parida había contribuido a la deleznable situación económica.

Y dentro de los males políticos, las explicaciones son todavía más sencillas: los grandes responsables del deterioro de la moral civil no son unos erróneos mandatos constitucionales, sino los partidos políticos, que desde unas estructuras cerradas y opacas han invadido todas las parcelas de la vida institucional y civil.

Estructuras militares. A día de hoy, los partidos constituyen estructuras militares dispuestas a la conquista de cualquier parcela de poder. Empezaron por ocupar el Poder Judicial –por cierto: en una flagrante violación de la Constitución–, sitiaron el económico y se apropiaron de los medios de comunicación… Quien quiera ser rector de universidad o académico de cualquiera de las reales academias, más que con suficientes méritos científicos o académicos, sabe que debe contar con el apoyo de un partido.

Y viceversa: cualquier chorizo que se haya apropiado de dinero del público, sabe que su delito quedará impune si tuvo la pillería de “donar” una parte del botín a un partido político.

En este tiempo de tribulación, lo pertinente no es volver a plantearse si el Estado de las Autonomías es válido o necesita rehabilitación, si los regímenes forales de Navarra y País Vasco son justos o injustos, si Cataluña debe tener más autonomía que las demás comunidades “de régimen común”.

Lo decisivo no es abrir melones constitucionales sobre la forma de Estado, sino que los partidos cumplan con la letra y el espíritu de una Constitución que, mal que bien, ha procurado a la sociedad española la mejor etapa de prosperidad desde 1812.