Economía

Si la experiencia profesional es un grado, ¿por qué Madrid es la única CCAA que aún no la ha acreditado?

Estaba charlando de manera informal con un amigo y director de un instituto concertado de FP sobre los cambios que se están produciendo en la comunidad educativa cuando, de pronto, afloró una de sus muchas preocupaciones: “No entendemos qué pasa para que la Comunidad de Madrid no haya convocado aún ningua acreditación de competencias profesionales. ¡Es la única que no lo ha hecho todavía!”. Qué extraño, pensé. Fue así como empecé a bucear e informarme sobre la materia, un ejercicio que resumo en varios pasos:

Primer paso: saber qué es eso de la acreditación de competencias profesionales. En 2009, el por entonces Gobierno socialista aprobó, vía Real Decreto, el procedimiento y los requisitos para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o por otras vías no formales de educación. Dicho en otras palabras, se permitía demostrar a aquellas personas que hubiesen aprendido una profesión trabajando que tienen los conocimientos profesionales para obtener una acreditación que les permita, a su vez, acceder a una titulación oficial. Una situación en la que se encuentra más gente de la que uno podría imaginar en ámbitos tan dispares como el montaje de instalacions eléctricas, la horticultura, las artes gráficas, las operaciones de fontanería, la sumillería, la capintería, informática…Toda la información al respecto la podrá encontrar en el portal www.todofp.es. “Ahora las Administraciones convocarán periódicamente procedimientos de acreditación de competencias profesionales en los que podrás demostrar lo que sabes hacer, obtener una acreditación y orientaciones sobre  cómo conseguir una titulación oficial”, decía la información del Ejecutivo. Todas.. no.

Segundo paso: llamar al teléfono del Área de Reconocimiento y Certifiación de la Competencia de la Comunidad de Madrid para informarme de las convocatorias existentes. Y hete aquí la primera sorpresa: la voz que responde al otro lado del teléfono corrobora la inquietud de mi amigo. “Lo sentimos pero no hay ninguna convocatoria”, dice amablemente. ¿Por qué?, inquiero yo. “Pues eso tendrá que preguntárselo a los políticos, pero parece que la Comunidad ha considerado que no ha llegado el momento de acreditar la experiencia profesional, pese a que todas las CCAA han iniciado ya el proceso”.  ¿Será que no hay demanda?, sigo tirando del hilo. “Demanda hay muchísima, ¡todos los días!”, contesta rotundo.

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Tercer paso: preguntar a los políticos. Llamo primero a la Consejería de Educación pero no es el lugar indicado y me derivan a la de Empleo, Turismo y Cultural. Contacto con su gabinente de Comunicación y formulo la misma pregunta (esto es el día 29 de julio). Mientras espero respuesta, compruebo que, efectivamente, todas las CCAA, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han ido realizando convocatorias desde 2010. Y descubro que una de las más activas es Galicia (también del PP, como Madrid). ¡Allá que llamo! (ya es día 30 de julio)

Primera sorpresa: al día siguiente de hacer la gestión con los gallegos, tengo cerrada una entrevista para el jueves (1 de agosto) con la directora general de Empleo y Formación, Ana María Díaz Fernández. Sigo esperando noticas de Madrid.

La Consejería gallega de Trabajo y Bienestar gallega  lleva realizadas cinco convocatorias desde 2009, a las que sumar las cuatro realizadas por el área de Educación. Díaz Fernández ilustra los principales datos de su departamento: han recibido más de 13.000 solicitudes, aunque muchas de ellas se caen por el camino por no cumplir los requisitos;  5.781 peronas han sido adminitas a las pruebas de certificación para más de 19.000 unidades competenciales [algo así como el equivalente a una destreza de una materia de un ciclo de FP], de las que 3.609 personas tienen, a fecha de hoy, el certificado completo y otras 657, al menos alguna unidad de competencia.

“Nuestro criterio ha sido abordar primero las cualificaciones profesionales de aquellas personas a las que, en virtud de una normativa, se les va a requerir un certificado profesional. Es un compromiso de justicia moral porque si no lo tienen están abocadas a no poder desempeñar la profesión que ejercen”, señala. Es el caso de los profesionales sociosanitarios en instituciones o a domcilio, que no podrán ejercer a partir de 2015 sin el pertinente certificado. Socorristas, rederas -una profesión muy localizada aquí y en el País Vasco- y control de plagas  han sido otros de los ámbitos abordados hasta la fecha. Hya más. “Todo el procedimiento ha sido acordado con los agentes sociales en el marco del diálogo social, pero es un proceso caro y costoso”, añade la directora general de Empleo y Formación, que ya está trabajando en la convocatoria para 2014 -otras 2.000 personas-. Además, la consejería lleva invertidos 40 millones de euros en unidades formativas para desempleados para que puedan reengancharse al sistema educativo.

Y he aquí un dato clave: cada convocatoria de certificación de competencias profesionales cuesta cerca de ¡un millón de euros! Puede parecer (y es) mucho dinero, pero también habría que preguntarse cuánto hubiera costado la formación reglada de esas personas. Aunque el RD contemplaba que el Gobierno central transferiría recursos a las CCAA para la evaluación de competencias, la realidad es que Galicia solo ha recibido 200.000 euros de fondos estatales, más otro millón que acaba de firmar. El resto ha sido cubierto desde las arcas regionales. “Es una prioridad de Gobierno”, recalca Díaz Fernández.

Cuarto: una vaga respuesta (de Madrid) y una reflexión. Después de mucho insistir en la consejería madrileña, consigo una respuesta oficial (viernes 2 de agosto) a la cuestión clave. “La Comunidad de Madrid está trabajando en mejorar el sistema que está siendo utilizado actualmente por el resto de regiones, con el fin de poder atender aun mayor número de solicitudes que el que permite el actual”, dicen desde el gabinete de Comunicación (no se me ha ofrecido hablar con ningún responsable). Para ello, añaden, entre los puntos en los que se está trabajando destaca la creación de una “convocatoria que permanezca abierta en el tiempo”, facilitando así los trámites para todas las personas que estén interesadas en cualquier momento. “Esperamos que pueda estar en marcha en los próximos meses”, dicen.

Ojalá sea así, porque estas certificaciones son una incuestionable ventana de oportunidad, pero no deja de ser sospechoso y preocupante el tiempo que Madrid ha dejado pasar sin, que se sepa, hacer nada. ¿Será que quería ahorrarse el millón de euros que cuesta cada convocatoria?