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¿Por qué se llega al concurso de acreedores?

Ernesto Gracia era el consejero delegado de la constructora Urbinco. Fundada en 1995 en Pozuelo de Alarcón (Madrid), la empresa llegó a facturar una década después 40 millones de euros y a tener una plantilla de 86 trabajadores. Pero explotó la burbuja inmobiliaria. “Los primeros años, aguantamos más o menos bien reduciendo volumen y personal, pero hubo un momento en el que debíamos 3,3 millones de euros y las promotoras nos debían más o menos la misma cantidad. En mayo de 2010 tuvimos que entrar en concurso de acreedores”, cuenta Gracia. ¿El principal error? “No elegir bien a los clientes, porque no conocíamos su liquidez”, admite. Tras dos años y cuatro meses de lucha y negociación –una promotora estuvo a punto de salvarlos en el último momento–, Urbinco se vio obligada a cerrar.

Ibán Moreno era y es el gestor de Estanterías Simón, la empresa que fundó su suegro hace casi medio siglo. Era y es porque también estuvo en la cuerda floja, pero consiguió atravesarla manteniendo el equilibrio. La compañía vivió sus años dorados entre 2001 y 2008. Pasó de tener 16 trabajadores y fabricar 800 bandejas diarias –su producto estrella–, a contar con 72 empleados y fabricar 52.000 bandejas cada día. Fruto de este boom, en 2009, inauguraron en la localidad zaragozana de Alfamen una nueva fábrica en la que invirtieron 12 millones de euros, nueve de los cuales se los prestaron tres bancos. A partir de ahí, todo cambió. “Entramos en concurso por la actitud de la banca, porque primero nos dieron y, luego, nos retiraron el apoyo”, admite Moreno. Estanterías Simón se declaró en concurso en marzo de 2012, pero once meses después, con mucho esfuerzo, consiguió salir.

Desgraciadamente y aunque pocos se atrevan, como él, a contar su historia con nombre y apellidos, hay demasiados casos como el de Ernesto Gracia y apenas se encuentran un puñado de historias como la de Ibán Moreno. Las estadísticas hablan por sí solas: más del 90% de las compañías que se declaran en concurso de acreedores termina cerrando y apenas algo más de un 5% sobrevive. Es decir, el año pasado, poco más de 400 empresas se mantuvieron a flote de las 7.800 que recurrieron a esta nueva figura y que permite, a la compañía en situación de insolvencia, hacer frente -exclusivamente- a los nuevos compromisos económicos para continuar su actividad mientras negocia el pago a los acreedores (quita incluida).

Desde que la crisis pasó a mayores, los concursos no paran de crecer. En los nueve primeros meses de este 2013 ya son un total de 7.308 empresas las que se acogieron a este procedimiento, 1.150 más que en el mismo periodo del año pasado, según los últimos datos del servicio de estudios Leopoldo Pons. Sin embargo, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que, aun así, siguen siendo muy pocas las compañías que se acogen al considerado último recurso empresarial: menos de un 3% de las 300.000 que, directamente, optaron por echar el cierre el pasado ejercicio. La mayoría de las empresas que solicitan el concurso son pymes aunque en los medios sólo aparecen y se siguen los casos de las grandes. Fagor se suma a una lista que conforman Martinsa Fadesa, Reyal Urbis, Habitat, Nueva Rumasa, Nozar, Blanco, Pescanova…

Cifras y nombres aparte y sin olvidar que la recién aprobada Ley de Emprendedores contempla novedades en los procesos de refinanciación y permite los acuerdos extrajudiciales, entramos en el fondo después de ver las dos caras de una misma moneda. Parece evidente preguntarse qué no funciona, por qué un instrumento jurídico que, en su filosofía, nace como tabla de salvación de las empresas termina siendo un mecanismo de liquidación.

Los empresarios Moreno y Gracia, una vez asumido que podían haber hecho las cosas mejor, coinciden en señalar al sector financiero como detonante para haber entrado en concurso y para haber tenido que bajar la persiana. “Nuestro problema principal y único estuvo en los bancos. Teníamos que haber devuelto alguna letra para que nos tomaran en serio”, asegura Moreno. “Las pymes deberían tener acceso a créditos blandos y del ICO que les permitieran salir adelante”, insiste Gracia para cuestionar que la legislación también tiene su parte importante de responsabilidad en las estadísticas y que la anterior reforma laboral –de los ya extintos 40 días de indemnización por año trabajado– hizo mucho daño a sus cuentas en pleno proceso concursal.

Gráficofagor

Los expertos señalan otras causas. “También influyen las posibles deficiencias técnicas en la normativa aplicable, la tramitación lenta en los Juzgados y la falta aún de una adecuada profesionalización de la administración concursal”, apunta José María Dutilh, presidente de la Asociación Española de Letrados Administradores Concursales (Aelac). Los costes del proceso son igualmente criticados, aunque la Aelac los justifica a partir del activo y el pasivo de la empresa. “Muchas pymes cierran porque no pueden o no les compensa ir a concurso. Otros lo hacen para evitar la responsabilidad personal de los administradores (es decir, que el empresario tenga que responder con sus bienes)”, recuerda Josep Gajo, abogado de Gajo Fortuny y coautor del libro Soluciona los impagados (Lid).

Pero si hay un motivo al que apuntan todos los agentes implicados es el factor tiempo. El fracaso de la mayoría de los procesos concursales tiene que ver con el momento en el que se presentan. “Se recurre a este procedimiento muy tarde, cuando se ha terminado la liquidez y la credibilidad de la empresa. En la mayoría de los casos, la tesorería está agotada y los activos son inferiores a las deudas que mantiene la sociedad con sus acreedores”, advierte Dutilh. Para entender la figura que aglutinó la quiebra y suspensión de pagos es generalizado el símil de la salud. Si un enfermo acude pronto al médico, tiene muchas posibilidades de curarse. Si acude en una fase avanzada de su enfermedad únicamente podrá aspirar a un tratamiento compasivo y mitigador del dolor.

Desde el punto de vista legal, la normativa no obliga a solicitar el concurso, pero el deber sí entra en juego, tal y como recuerda Hugo Novales Bilbao, juez mercantil de Girona y miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV): “El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia”. Esto es, cuando no pueda pagar a los trabajadores, los pagos a la Seguridad Social, al banco o a los proveedores.

Sin embargo, los retrasos son una constante. ¿Por qué las empresas se agarran tarde al salvavidas? “Reconocer el problema es determinante”, asegura Jesús María Ruiz de Arriaga, director del despacho Arriaga Asociados. No es fácil aceptar la crisis de la empresa y desechar las esperanzas de que se va a salir adelante con medidas de reducción de costes. Cuando las cosas van aún peor, recuerda Dutilh, se llegan a cometer irregularidades tributarias y de Seguridad Social que, después, hacen aún más difícil tomar la decisión de solicitar el concurso. En este sentido, hay quien reclama incentivos legales para que se presenten concursos a la vez que insta a que se establezcan sanciones muy duras ante el retraso en su presentación. Ruiz de Arriaga hace al empresario un  planteamiento muy directo: “Si este mes no puede pagar, tiene que pensar si podrá hacerlo al siguiente”.

La falta de conocimiento y el temor al proceso también pesan, y el factor sociológico es determinante. “Yo no tengo ningún problema en reconocer que mi empresa entró en concurso y cerró. Es un punto y aparte en mi currículo. Me duele porque es muy desagradable desde el punto de vista personal con los trabajadores y los proveedores con los que llevaba casi 20 años trabajando pero soy joven, emprendedor y me quedan muchas fuerzas. Hay empresarios que pueden valorar lo positivo”, admite Ernesto Gracia que, hoy, ha montado una consultora, Arquitectura y Gestión Madrid, también vinculada al sector. Va más allá en su visión optimista sobre su experiencia: “Los empresarios que han vivido un concurso, saben lo que es trabajar bajo presión y ser eficientes”.

Ahora bien, para muchos es una mancha en su carrera profesional. “El procedimiento concursal conlleva una importante carga estigmatizadora o de cierto descrédito social, hablándose con frecuencia todavía de quiebra cuando en absoluto se trata de términos sinónimos”, recuerda el juez Novales Bilbao. “Hay que quitarse los prejuicios y anticiparse”, recomienda Ruiz de Arriaga. La imagen corporativa, según Gajo, también retrasa la asunción del problema.
Desde la experiencia de haber protagonizado el mayor concurso de acreedores de la historia en España, el director general de Martinsa Fadesa, Antonio Gil, confirma la importancia de medir los tiempos: “El concurso no es una opción, es la opción. Cuando legalmente estás inmerso en las causas tasadas por ley, debes ordenarlo desde el buen gobierno. El quid de la cuestión es saber determinar a tiempo cuándo ha llegado ese momento. Nosotros creemos que elegimos el correcto y supimos preservar el patrimonio de la compañía, en vez de estar durante años echando madera a la caldera para no llegar a ninguna parte. Fuimos a concurso en mayo de 2008 y salimos en mayo  de 2011 y ya se ha cumplido con dos pagos del convenio”.

Fagor2¿Cuál es la fórmula del éxito para dejar atrás el abismo empresarial? Moreno nos da sus claves en primera persona: “Hemos salido gracias a presentar un plan de viabilidad a la vez que solicitamos el concurso y, después, no dejando de servir ni una línea de pedido, innovando en productos, abriéndonos a nuevos clientes e internacionalizándonos. La transparencia en la comunicación con los empleados también fue fundamental”.

Los agentes implicados, además de instar a los empresarios a tener en cuenta todas y cada una de las recomendaciones ya analizadas, también tienen sus recetas para las instituciones públicas y financieras de cara a favorecer la continuidad de las empresas. El presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Leopoldo Pons, avisa de que “en España, la banca y las Administraciones Públicas que negocian con los deudores tienen garantías de cobro” y eso tendría que cambiar. José Félix  Alonso, socio director del Departamento procesal-civil y arbitraje de Crowe Horwath en España, insta a los bancos a dar financiación a los empresarios, aboga por reducir los créditos privilegiados de Hacienda y la Seguridad Social y ve fundamental “avanzar en la preinsolvencia” para salvar el tejido empresarial. De hecho, Alonso apunta a la Ley de Salvación de Empresas francesa como ejemplo de poner la venda antes que la herida.

No es el único en mirar más allá de nuestras fronteras a la hora de analizar qué se puede mejorar con la experiencia de otros, aunque es unánime el sentimiento de que no hay un patrón concursal idílico, de que cada Estado tiene sus circunstancias y de que la crisis ha pegado con fuerza en los países jurídicamente más avanzados. Alonso realiza una clara diferenciación entre dos modelos, el continental y el anglosajón. El primero protege al acreedor, mientras que el segundo prima la salvación de la empresa.

En líneas generales hay unanimidad en que el porcentaje de concursos que terminan en liquidación y no en convenio es muy alto también en otros países. Sin embargo, Pons llama la atención sobre el hecho de que Estados como Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda e incluso Italia sí lo hacen mejor: las empresas presentan muchos más concursos que en España y consiguen resolver más de un 20%.

¿Algunos detonantes? “En Francia, por ejemplo, está más penalizado que una compañía se acoja tarde al concurso”, señala Pons. Gajo refleja que nuestro vecino del norte, sin olvidar a los nórdicos, es un país más serio y cumplidor. “Cuanto más al Sur, más ignoramos que el concurso es una herramienta de gestión maravillosa para intentar salvar una empresa porque permite empezar de cero con liquidez y el negocio montado y cobrar de los clientes”, recuerda Ruiz de Arriaga situando a Reino Unido y los nórdicos en el paquete de los que hacen mejor las cosas.

Con todo, el modelo al que se mira con más envidia sana es EEUU. ¿El motivo? Desde un punto de vista sociológico, está un paso por delante del Viejo Continente. El concepto de segunda oportunidad, esa capacidad de levantarse y volver a empezar después de haber fracasado, está interiorizada e incluso bien vista en la primera potencia del mundo. “El presidente de General Motors –empresa que declaró la mayor quiebra del país– es un ídolo porque fue capaz de sacar a la compañía adelante”, recuerda Ruiz de Arriaga. “Allí el empresario que quiebra no es un delincuente siempre y cuando haya hecho bien su trabajo, es normal fracasar”, recuerda Alonso.

Levantarse también es la lección aprendida por Gracia y Moreno. Cada uno, con sus circunstancias, ya lo ha hecho.