Economía General

El caos eléctrico

La reforma eléctrica, como tantas veces hemos escuchado, no ha satisfecho a nadie. A las empresas, en concreto, no les ha beneficiado en nada una reforma que lastra su competitividad con nuevos e importantes ajustes e impuestos.

El sector eléctrico, a pesar de todo, asumía que estos desequilibrados sacrificios que ahora se le exigían servían para dar cumplimiento a un objetivo de gran calado: el de poner fin a un problema que se arrastra desde hace años y que ha ido cobrando cada vez mayor envergadura: el del déficit de tarifa.

De ahí la sorpresa y el malestar cuando, hace apenas unos días, se conoció que en el año 2013 no va a ser cero, según lo comprometido, sino que va a superar los 3.500 millones de euros. Más aún cuando se supo que ello era debido a un nuevo incumplimiento: el del Gobierno al decidir no aportar, vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), la cantidad que le correspondía para solucionar el problema.

De este modo, la solución a tres bandas tantas veces escuchada (Administración, sector y consumidores) quedaba drásticamente reducida a dos, una de las cuales, la del sector, carga con el mayor peso.

No debemos olvidar que las eléctricas, desde hace más de una década, han estado obligadas por Ley a financiar este déficit que a lo largo de los años ha acumulado 27.000 millones de euros –más de 30.000 millones, a tenor de la nueva realidad–. Una deuda que han tenido que soportar en sus balances las empresas asociadas en Unesa, con las consiguientes consecuencias bursátiles.

En realidad, el problema se convirtió en una auténtica carga para estas compañías a partir de mediados de la pasada década, a medida que se fue primando cada vez más a ciertas tecnologías en un estado de maduración incipiente, como las solares. Esta carga también recae, a la postre, en los consumidores, que tendrán que devolver esta deuda a través de su recibo eléctrico.

Llegado este punto, nos encontramos con que el principal problema al que se enfrenta el sector eléctrico desde el punto de vista regulatorio no se ha resuelto con la nueva reforma: el hecho de que la tarifa que pagamos los consumidores siga incluyendo partidas que la encarecen sobremanera y que, en verdad, no están directamente vinculadas al suministro de energía. Se trata de decisiones de política energética y medioambiental aprobadas por los diferentes gobiernos, y son las que convierten al recibo español en uno de los más elevados de Europa –ya que el precio de la energía está por debajo de la media, al compararlo con otros países comunitarios–.

En definitiva, y en relación a la reciente enmienda introducida en el texto de la reforma a su paso por el Senado (la eliminación de la aportación del Estado), desde Unesa consideramos que no tiene sentido alguno obligar a cinco compañías y a sus accionistas a cargar sobre sus hombros la responsabilidad del mantenimiento del déficit público.

Muy al contrario, es necesario llegar a una solución de consenso, como esperamos que suceda en la línea de negociación iniciada con la Administración.

El sector eléctrico quiere contribuir a la recuperación económica de España; pero no sería justo que el déficit de tarifa recayera de nuevo en los balances de estas compañías.