Economía General

¡Montoro! ¡No nos ‘crujas’!

¿Cuál es el plan de España para salir de la crisis? Para José Barea, catedrático emérito de Hacienda Pública y ex director de la Oficina Económica de Moncloa con José María Aznar, esa es la pregunta clave antes de abordar la reforma fiscal. “Cuando el Gobierno lo diga, podrán pensarse las medidas, incluidas si hay que subir impuestos o no”, dice.

Como tantos españoles, este experto conocedor de las finanzas públicas desconoce los planes de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro. Pero eso no es óbice para que saque algunas conclusiones procedentes de su dilatada experiencia. La primera es que el gasto público es muy elevado. Cuando trabajó con Aznar, descendió por debajo del 40% del PIB. Hoy está en el 42,3% (en 2012 llegó al 47,8%). “El 40% ya es demasiado para España. Ha habido mucho despilfarro. Y el de las comunidades autónomas se ha disparado. Hay muchos servicios duplicados. Habría que hacer una gran limpia: ver en qué se invierte y con qué eficiencia”.

La segunda es que sanidad, educación y empleo son intocables, pero las demás partidas presupuestarias requieren una revisión exhaustiva para ver cómo pueden reducirse. Aún así, no es suficiente, como comprobó cuando se le encomendó introducir a España en la Unión Monetaria: “Solo con reducción de costes era imposible bajar por debajo del 3% que nos pedía Bruselas. Tuvimos que incrementar el IRPF en los tramos altos y algunos impuestos indirectos. Los que gravan a los consumos más bajos no se aumentaron, pero los de consumo que no son de renta baja sí se tocaron”, recuerda Barea.

La tercera es que hay que combatir el fraude. “Hay un colchón de cinco o seis puntos a por el que hay que ir. Subir impuestos no es lógico ni equitativo. Que cada uno pague en función de su renta”.
Como colofón y preámbulo al debate sobre los impuestos, valga esta frase: “En una época en la que la renta y la actividad de las familias cae, y el paro aumenta hasta los seis millones, es difícil pensar en aumentar la carga fiscal. Reduzca usted lo que no sea necesario y destine esos réditos a incentivar el crecimiento de la economía”.

El Gobierno, desde luego, tiene mucha tarea por hacer. A la labor de dibujar la hoja de ruta del despegue de la economía, se ha sumado la necesidad de desenmarañar una red de impuestos que se vuelve más compleja a medida que pasa el tiempo. “En los últimos años se han contado más de 400 medidas fiscales. No es fácil aclararse”, señala Emilio Albi, catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, y autor del libro Reforma Fiscal.

Desde luego, no parece el escenario ideal para que la vida de empresas y familias se desarrolle con tranquilidad y contribuya a la prosperidad del país. Por eso el Ejecutivo está trabajando en una reforma que, no nos engañemos, tiene como propósito recaudar más: “Cada vez se grava con tipos más altos sobre bases imponibles más estrechas. Conclusión: la presión fiscal -recaudación de impuestos y cotizaciones sociales dividido entre PIB- bajó del 40% al 31% en 2011 -último año controlado-. No se recauda”, añade Albi.

El problema que este dato representa para las cuentas del país puede que inquiete en Moncloa. Pero más allá de solucionarlo con más parches, los expertos consultados creen que es el momento de hacer una gran reforma fiscal que ayude al crecimiento y a la creación de empleo.

El IRPF es el impuesto con el que más se recauda. “España se sitúa en el margen más elevado de la UE, junto con Suecia. Aunque luego varía según las comunidades autónomas. Dentro de esta perspectiva, parecería razonable una reducción de los tipos”, señala José María Durán-Cabré, profesor de la Universidad de Barcelona e investigador del Instituo de Economía de la misma localidad. Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla La Mancha, no solo está de acuerdo con esta idea, sino que piensa que se debería haber llevado a cabo antes. “El IRPF y el impuesto de sociedades se tendrían que haber bajado hace un año, y subir el IVA. Se habría obtenido más alegría económica y más crecimiento”, afirma.

Sobre el IVA y Sociedades hablaremos algo más adelante, porque primero hay que aclarar algunos aspectos del IRPF. Como saben, el impuesto sobre la renta en España es progresivo. Pagan más los que más tienen, en principio. “A los que poseen más, puedes ponerles impuestos más altos. Pero, si les das vías de escape -deducciones, beneficios fiscales…-, las cogen. Lo haríamos tú y yo”, dice Emilio Albi. Por eso, este catedrático es partidario de no tener un tipo máximo tan alto, y que así los más adinerados puedan tener más oportunidades de ahorrar e invertir para crear empleo. “Si das muchas salidas, no se produce ni más recaudación ni la progresión que te interesa”, añade Albi.

Apretar a los más pudientes puede valer de cara a la galería, pero tiene pocos efectos prácticos: “¿Quién acaba soportando los tipos más elevados? Casos muy esporádicos”, señala José María Durán. Ante la divergencia de gravámenes, los contribuyentes se escabullen, como ha ocurrido en Francia: “¿Voy a conseguir que los ricos tributen más si les subo el tipo al 70%? Seguramente no. Reaccionarán dentro de la legalidad. Es perfectamente legal crear una sociedad  y que, lo que antes tributaban como persona física, ahora lo hagan dentro de esa entidad”, añade este experto.

Si se bajan los tipos en el IRPF, una forma de mantener recaudación es acabar con las deducciones. Ya se ha eliminado la más importante: la relacionada con la vivienda. Desde final de 2012, se acabó la posibilidad de ir deduciéndose un porcentaje conforme se iba pagando la hipoteca. Otra de las cuestiones que los expertos plantean con este impuesto es estudiar si se puede favorecer a algunos colectivos. Por ejemplo, a las mujeres con hijos pequeños: “Son reacias a entrar en el mundo laboral, porque el sueldo se les va en gastos como el de la asistenta. Yo les daría un mínimo familiar más alto por cada hijo menor de cinco años. Sería interesante de cara a que cada vez haya más trabajo femenino, que es algo que necesitamos”, señala Emilio Albi. Este especialista también piensa que se podrían dar ventajas fiscales a los mayores de 68 años que quieran seguir trabajando.

El IVA es el segundo impuesto español en términos de recaudación. Y eso que estamos a la cola de la UE. “Somos uno de los últimos en ingresos relacionados con el PIB”, afirma Emilio Albi. Como saben, en la actualidad se aplican tres tipos de IVA: superreducido –4%–, reducido –10%– y general –21%–. El debate es cómo incrementar el dinero generado en este capítulo. El Gobierno ya ha dicho que apuesta más por aumentar la base imponible que los tipos. Entre los expertos, hay quien reclama mirar al milímetro las posibles modificaciones: “Hay una serie de productos gravados al 10% que tienen que ver con nuestra industria más importante: el turismo. Son los bares, restaurantes, transportes, bebidas… Esos son intocables. Desde Bruselas nos están apretando, porque son socios y competidores. Pero si yo fuera el ministro de Hacienda, me defendería con uñas y dientes”, señala Emilio Albi.

Frente a su opinión, José María Durán-Cabré sería más partidario de ir a un tipo único, que podría ser el 21%, incluyendo hoteles, restaurantes y alimentación: “Funcionaría mejor. Sería más simple. Sin exenciones, sin tipos reducidos, daría una recaudación que permitiría tomar las medidas compensatorias oportunas por el lado del gasto público”. Según este experto, ese aumento en los ingresos podría destinarse a los que más sufrieran la subida del impuesto, o a primar determinados sectores. Por supuesto, el incremento no cabría hacerlo de un año para otro. Pero Durán sí lo ve oportuno, entre otras cosas porque considera que el IVA no es un buen medio para hacer política social. “Se aplica siempre: no diferencia si el comprador es rico o pobre. Por tanto, su objetivo debería ser recaudar el máximo y, a través de otros instrumentos, como el gasto público, intentar compensar a los que salieran más perjudicados”, dice. Según sus datos, los que más se benefician de los tipos superreducidos en los alimentos son los más pudientes, porque consumen más. “En términos relativos -proporción del gasto sobre el nivel de renta- sí salen ganando los más pobres. Pero hay estudios que reflejan que, en términos absolutos, los ricos ahorran entre tres y cuatro veces más que los pobres”, añade Durán. Como es lógico, este profesor piensa que esta medida podría acarrear protestas, más aún si hay crisis. “Pero al final los precios se ajustan. Es lo que ha ocurrido en teatros, cines, peluquerías… Una parte de la subida repercutiría en los consumidores y otra la asumirían los productores”, afirma.

Recaudar más es el objetivo.  Y ahí también juega el impuesto sobre sociedades, el tercero en el ranking de ingresos de las arcas del Estado. Casi todos los expertos están de acuerdo en rebajarlo. “Está un poco más alto que en los países de nuestro entorno. Yo lo tocaría”, señala José Antonio Martínez, director general del Instituto de Estudios Fiscales. Emilio Albi apostaría por eliminar beneficios y regímenes especiales, analizando bien el que se refiere a las pymes, y dejar un campo de juego análogo para todo tipo de empresas, sean grandes o pequeñas. “Un 25% para todos -ahora está en el 30%- sería mucho mejor. Generaría más recaudación, aunque Sociedades no debe tener ni ha tenido este objetivo”, dice Albi.

Este catedrático cree clave hacer el gravamen más transparente, y aquí entra en juego la necesidad de restar deducciones, un aspecto en el que también coinciden los especialistas en la materia. “Yo eliminaría todas, excepto las relacionadas con I+D, formación profesional y reinversión de beneficios”, señala Juan José Rubio. Incluso con la primera le quedan dudas: “Los que sacan partido de la deducción de I+D son los grandes grupos, como Telefónica o Repsol. Van a invertir en este terreno haya o no deducción”, añade Rubio. En este caso, Durán estima que “es mejor que no la haya. El coste que tiene para la Hacienda Pública no recibir ese dinero puede cambiarse por una bajada de tipo impositivo. Es más razonable”. Este profesor de la Universidad de Barcelona cree que es “muy cuestionable” que las deducciones estén cumpliendo el objetivo para el que se instituyeron. En esta línea, cree que deberían estudiarse todas. “Pero es algo que en España no se hace. Se introduce una y se mantiene. Es difícil eliminar un caramelo una vez que se ha ofrecido, porque el implicado protesta. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero insinuó que iba a estudiar la eliminación de la deducción por I+D, pero luego, nunca más se supo”.

Otro punto en el que aparece haber acuerdo entre los expertos es en la necesidad de eliminar el régimen de módulos bajo el que tributan autónomos y pequeños empresarios. “En teoría sirve para facilitarles el cumplimiento con Hacienda. En la práctica, la normativa es muy casuística, muy compleja. Se sabe que hay abusos y que fomenta el fraude”, dice Durán-Cabré. El profesor lo explica con un ejemplo: si un empresario trabaja con módulos, dice, hasta cierto punto le es indiferente emitir una factura para un hermano que tiene una empresa que tributa por estimación directa -cálculo de sus ingresos y gastos-. Para él, añade, esta factura no le va a resultar un ingreso más, y al hermano puede servirle como gasto deducible en el IRPF, e incluso como un IVA a recuperar. “Da lugar a prácticas de fraude. Es injusto, porque acabas tributando por un rendimiento que no es el tuyo verdadero. Puede estar muy alejado. Se están haciendo módulos generales para toda España, pero no se diferencia por tipo de barrio, si es pueblo o ciudad… Es prácticamente imposible que refleje la realidad”.

Emilio Albi cree que la solución es que el pequeño empresario tribute por estimación directa. “¿Por qué no hacerlo con el fontanero, al que no le puedes controlar? Al taxista sí, según el cuentakilómetros. Pero el fontanero que va a tu casa, siempre te pregunta: ¿con IVA o sin IVA?”, dice. La situación podría cambiar con la estimación directa: “Tiene que poner unos ingresos, y preguntarse si los que declara le parecerán razonables a la administración. Seguro que paga más de lo que hace ahora”, añade.

El fraude es, claramente, uno de los temas que más preocupa. “Pensar que el único modo de aumentar la recaudación es incrementar los tipos cuando tenemos un fraude tan elevado… Hay que conseguir que el que tiene más, pague más. Y eso se consigue con una inspección buena”, señala José Barea.

Según Emilio Albi, la economía sumergida en España está en el 24,6% del PIB, solo por detrás de Italia, Portugal  y Grecia. Pero no hay que engañarse: hay en todas partes. “Suecia tiene alrededor del 18%, por la reacción de las personas a tipos impositivos altos. En Finlandia también es elevada”, afirma. Frente a ello, este catedrático estima que “hay que mantener el pie en el acelerador para eliminar la economía sumergida en lo que podamos”. En cualquier caso, fraude siempre va a haber. “El objetivo es que haya el mínimo posible. A veces se dice que lo que no está en el ordenador no se controla. Quizá se puede plantear si hay que salir más a pie de calle para detectar las actividades no declaradas”, señala Durán-Cabré.

El IRPF, el IVA y Sociedades son los que más recaudan y, por eso es sobre los que más se habla. Pero la antesala de una gran reforma como la que se está planteando, también da pie a los expertos para hablar de otros impuestos. Por ejemplo, del de patrimonio. “Es un mal impuesto”, señala Emilio Albi. “Es un sobrecargo de la tributación sobre la renta del capital o de las sociedades. Es un sobreimpuesto. Además, hay que ver las razones de equidad: el patrimonio grava lo que está a tu nombre –lo que has heredado, lo que has ahorrado-. Pero si creas una holding -sociedad tenedora de acciones- con un millón de euros, y con él formas dos empresas que cuelguen de ella con un capital de medio millón cada una, el impuesto gravará un millón, aunque el valor de la holding sea de 1.000 millones”, añade.

Hidrocarburos es otro de los que los expertos piensan que hay que revisar. “El nuestro es de los más bajos de Europa. Tras Luxemburgo, que está en el mínimo, nosotros somos el siguiente”, señala Durán-Cabré. En su opinión hay que subirlo, aunque, obviamente, no un 20% de año a año, sino de forma gradual. “El problema es que no se actualiza cada año de acuerdo con el IPC. Así, el tipo impositivo va bajando. Habría que subirlo por encima del IPC para aumentar su peso recaudatorio. Económicamente, tiene todo el sentido”, dice.

Como se ve, el Gobierno tiene mucho que hacer. Y debe tener cuidado, porque con el diseño del nuevo sistema fiscal no solo se juega conseguir el crecimiento económico: también sus posibilidades de seguir adelante. Si no, recuerden lo que pasó con Margaret Thatcher. Como cuenta Daniel Lacalle en su libro Viaje a la libertad económica, la Dama de hierro bajó impuestos en un periodo en el que se enfrentó a dos recesiones, una guerra y un desempleo del 11%, muy alto para el Reino Unido. Sus medidas sirvieron para aumentar la renta per cápita real en un 34%; la de las clases más desfavorecidas creció entre un 35% y un 40%. La primera ministra bajó el tipo marginal superior del 83% al 40%, pero mantuvo los ingresos fiscales en el 40% del PIB. Redujo el gasto público del 44% al 39% del PIB y envió un mensaje a la población de esfuerzo, libertad individual y emprendimiento. Pero más tarde se equivocó. “Se obcecó con el IBI”, señala Emilio Albi. Introdujo la poll tax -algo así como impuesto por cabeza-, que consideraba que debía cobrarse más a una familia con cinco hijos, porque usaba más los servicios públicos, que a una persona sola, que podía ser una viuda, con una casa más grande y más recursos económicos, pero que usaba menos los servicios públicos. La decisión le costó el cargo a Thatcher. Y esto es lo que pasa cuando se trata de cuadrar las cuentas. Como en cualquier familia, en nuestro caso, la necesidad de mantener los gastos -del Estado del Bienestar, sin ir más lejos- acarreará ajustar los costes del Estado y buscar ingresos. El conjunto de medidas que se tome tendrá un efecto decisivo en el crecimiento de la economía. Si se acierta, el Gobierno sumará puntos. Y si no, como Thatcher, acumulará un argumento más para irse a su casa.