Economía General

¿Quién manda en España? (II)

Concluíamos el anterior artículo destacando que las alianzas más sólidas del sector político son con el sector eléctrico, banca y construcción. Amores que, en ocasiones, se convierten en desamores. Eso es lo que ha ocurrido recientemente entre el Ejecutivo y las eléctricas a cuenta de la enésima reforma del sector y de la factura de la luz (a partir de abril entrará en vigor, impulsado por el Ministerio de Industria, el nuevo sistema para fijar los precios que pondrá fin al anterior de subastas). Una auténtica subida de tensión, nunca mejor dicho, no sólo entre ambas partes, sino también entre las propias empresas (tradicionales, eólicas, termosolares…). Y todo a causa del llamado déficit de tarifa: 26.000 millones de euros. “Tengo la impresión de que algunas asociaciones energéticas venían funcionando con esquemas anteriores y que su capacidad de influencia estaba basada en relaciones de compadreo más que en una legitimidad profesional de sus propios intereses”, proclama David Córdova, director del Programa Superior de Lobby y Advocacy de IE Business School.

Un panorama, el eléctrico, que ha cambiado desde la anterior legislatura socialista a la actual popular. “Zapatero era más permeable a los lobbies”, señala un lobista. Según relata Juan Francés en su libro ¡Qué vienen los lobbies!, “Acciona, Abengoa y ACS [cuenta con un lobista que intervino en la pelea] eran los dueños del Ministerio de Industria en la anterior legislatura a causa de la apuesta irrenunciable del presidente del Gobierno por las renovables. Fue el propio Zapatero el que les dijo a estas compañías ‘sois mis hombres para crear esta infraestructura en España’, y contra eso era muy difícil competir”.

El panorama ha variado como de la noche al día con el nuevo Ejecutivo. Su cambio regulatorio con las renovables y la reforma energética se ha traducido en una pérdida de beneficios para firmas como Endesa, Iberdrola o E.ON. Y que otras, como Abengoa, se encuentren en situación de quiebra técnica, según algunos analistas. Aún así, el lobby energético sigue siendo poderoso. “Puede cargarse a un ministro”, dice un político. “Pero Rajoy lleva a gala no dejarse influir por nadie. Por ejemplo, no ha recibido ni a Pedro J. Ramírez ni a Rouco Varela”, añade.

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Pero el lobby energético no es el único que parece estar desinflándose. Otro que también pierde consistencia es el farmacéutico. Este segmento ha logrado grandes hitos, como una enmienda de CiU en 2010, que dejó los recortes en la mitad de lo previsto. Pero la historia en estos momentos es totalmente distinta. “Ha sido un sector muy opaco, que ha ganado mucho dinero, y ahora se le está apretando un poco”, señala un político. Y afirma que de nada les está sirviendo a las empresas del ramo hablar de que son las únicas que invierten en I+D, o los problemas que pueden llegar relacionados con el empleo. Instituciones como Farmaindustria o Idis (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad) tienen fuerza, pero menos que antes.

Sin embargo, esa pérdida de influencia de algunos lobbies no significa la ausencia de victorias puntuales. Hay más ejemplos de sectores que saben moverse, como pez en el agua, acudiendo a las personas adecuadas. “Anfac (patronal de los fabricantes de coches) tuvo un problema en la anterior legislatura. Se introdujo una disposición por la cual los vehículos que no se hubieran vendido en un periodo de entre 60 y 90 días se devolvían a los fabricantes”, explica Juan Francés. Y añade: “Fue una victoria de Faconauto (principal patronal de concesionarios), que tuvo acceso a determinados senadores del PP. Les convenció de la bondad de la medida, por los miles de puestos de trabajo que salvaría y la mala situación de los concesionarios”. Pero hubo mucho más. “Descontar los coches que no vendían les facilitaba la vida. Pero era una ruina para los fabricantes, que tenían que cerrar las factorías. Movieron una nueva disposición para anular la iniciativa, y así se hizo”, apunta Francés. Poco después, Anfac contrató a Mario Armero, ex presidente de General Electric y bien conectado, como responsable de Relaciones Institucionales, para que la tormenta no volviera a desatarse. También los lobbies relacionados con el vino y la cerveza dejaron a estos segmentos fuera de la subida de impuestos de las bebidas espirituosas.

Con todos estos antecedentes, surge la pregunta: ¿Están muchos mercados en la economía española excesivamente monopolizados? Aunque en muchos casos es difícil mencionar un nombre propio, un apellido, o una marca corporativa que domine con rotundidad esos mercados, lo cierto es que muchos son oligopolísticos. Es decir, que están dominados por los intereses de muy pocos agentes, de muy pocas firmas. “Si un número limitado de empresas tiene una posición dominante, es porque alguien se lo ha permitido. Lo que verdaderamente corrompe el bienestar, el interés común, es la negligencia o la impericia de los reguladores”, resalta José Antonio Herce, socio de AFI (Analistas Financieros Internacionales). Dicho de otra manera: malos reguladores o reguladores inadecuados.

Entonces, ¿qué papel juegan los políticos? Está claro que todos quieren mandar: el Gobierno en el país, los barones territoriales en su demarcación… “Están enfrascados en un juego político territorial doctrinario, más que ideológico, y ejercen un pretendido poder que no redunda en beneficio para los administrados”, concreta José Antonio Herce. ¿De qué manera? Impulsando medidas y reformas con un calendario de aplicación lento, incluso torpe, que rinde malos resultados y que, en muchas ocasiones, acaba siendo dañino para los administrados. Tarifas y precios más elevados, calidades de los bienes y servicios mucho más reducidas… o, por ejemplo, movilizando a toda una profesión con unas decisiones pésimamente instrumentadas. Ese ha sido el caso de la sanidad madrileña. Y no por el hecho de que al ciudadano le han intentado escamotear un servicio público para darle otro privado. Tan bueno puede ser uno como otro. Sino porque ha obligado al sistema a incurrir en unos costes adicionales que van en detrimento de la calidad. ¿Cómo el Gobierno autonómico va a resarcir a unas compañías, a las que ha puesto en danza, después de un proceso plagado de intervenciones judiciales costosísimas? “Ahí están perdiendo todos por ese pésimo ejercicio del poder y de los contrapoderes”, detalla el socio de AFI.

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Cierto que el Gobierno tiene capacidad para legislar a traves de reales decretos, o decretos ley, gracias a que cuenta con mayoría absoluta. También tiene poder en cuanto que maneja los presupuestos, se encarga de negociar con la troika y con los acreedores, así como el márgen de déficit con Bruselas. Asimismo, tiene mando en plaza a la hora de convencer a los otros poderes políticos europeos. Hacerles saber que un cambio político económico en España sería bueno para nosotros, y para ellos, está en su mano. Pero la debilidad de los poderes públicos se deja sentir en temas como las sicav. Mediante este instrumento, la gente más rica del país no llega a pagar el 1% en impuestos. Y, si se les sube, amenazan con marcharse. “No son capaces de doblegar este tipo de actuaciones discutibles de las multinacionales, sobre todo en temas de fiscalidad”, manifiesta Agustín Ulied, profesor de Esade.

Además, otro hecho que conviene no olvidar es que España tiene una gran dependencia directa de la Unión Europea (UE), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central Europeo (BCE). “Nos marcan el camino a seguir”, precisa Ulied. La subida del IVA, o la reforma laboral y de las pensiones, son exigencias que vienen de fuera. “El Gobierno es quien puede realizarlas, pero sólo lleva a cabo la labor instrumental”, añade el profesor de Esade. “Si no es por las visitas de la troika, por las llamadas de Bruselas, que no han cesado, ni deben cesar, nuestros políticos no encontrarían la inspiración necesaria para actuar”, defiende José Antonio Herce. De hecho, tres cuartas partes de la legislación española procede de Bruselas.

Por eso no es de extrañar que empresas como Telefónica, Repsol o Iberdrola cuenten allí con potentes equipos para hacer lobby. Esta forma de ejercer una legítima presión sobre los gobernantes es mucho más transparente en la Unión Europea. Allí cada lobista ha de estar registrado, contar con un carné, y ha de quedar constancia de con qué político se reúne y para qué. “En España nadie sabe cuántos lobbies hay. No sabemos quién hace lobby, para quién y con qué remuneración”, dice Juan Francés. Según declaró Mariano Rajoy en el debate del estado de la nación, esta oscuridad debería desaparecer con la nueva Ley de Transparencia. “Las agencias que llevamos actividad de lobby queremos ser transparentes y nuestros contactos deben ser mediante un cauce oficial. Una cosa es gestionar la influencia de los intereses de tus clientes y otra traficar con esa influencia”, diferencia Alberto Lahoz, Public Affairs Specialist de Weber Shandwick.

Resumiendo: hemos pasado del caciquismo a otro poder más difuso, provocado por la entrada del capital internacional y en instituciones como la UE. “Un juego de poder bastante ineficiente que al final deja hueco para que aparezca, digamos entre comillas, el monopolista de turno”, afirma José Antonio Herce. Y no necesariamente se trata de un ser con nombre y apellidos: empresas, entes políticos, territorios… “Agentes secundarios que se benefician desproporcionadamente”, añade el socio de AFI. Por eso, y más que quién manda, vistos los antecedentes, cabría decir mejor ¿quiénes mandan en España?