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¡Un billón de euros de fraude!

El tamaño de la economía sumergida en los países de la Unión Europea (UE) es, ni más ni menos, que un billón de euros, el equivalente a todo el PIB español. Así lo denuncian los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que ponen en primera línea de parrilla de salida a España: el montante de su economía sumergida equivale al 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de euros. ¿Por qué? el desempleo y la corrupción son las dos principales causas que han convertido a España en uno de los “líderes” del fraude.

Según los técnicos, el mayor repunte de dinero negro se produjo precisamente durante la crisis iniciada en 2008, con un aumento de 50.000 millones de euros en los últimos cuatro años. La escasez de medios con los que cuenta la Agencia Tributaria (AEAT) para investigar y perseguir el fraude en grandes empresas y fortunas, que concentran el 72% de toda la evasión, es una de las principales razones de tan particular fenómeno.

De hecho, España es el país de la UE con menos recursos para luchar contra el fraude fiscal, ya que dispone de un trabajador de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Francia, 740 de Alemania y los 574 de Luxemburgo. Dicho de otra manera, la Agencia Tributaria española cuenta con la mitad de la plantilla media ponderada de la UE cuando arrastra el doble de economía sumergida (ver cuadro).

Plantilla media de las Administraciones Tributarias por nº de ciudadanos

  Plantilla de Administraciones tributarias (funciones tributarias y generales), a tiempo completo Número de ciudadanos por cada empleado de Administraciones tributarias (funciones tributarias y generales), a tiempo completo Número de ciudadanos activos por cada empleado de Administraciones tributarias (funciones tributarias y generales), a tiempo completo
Malta 770 532 221
Luxemburgo 891 574 432
Hungría 16.976 589 251
Holanda 23.014 722 381
Alemania 110.515 740 381
Irlanda 5.962 752 355
Rep. Checa 13.944 753 376
Letonia 2.860 766 409
Polonia 48.305 791 370
Dinamarca 6.871 810 413
Eslovenia 2.417 847 387
Rumanía 24.009 909 385
Bulgaria 7.703 914 320
Reino Unido 66.466 929 474
Francia 69.650 942 409
Chipre 878 957 490
Lituania 3.516 1.003 462
Finlandia 5.229 1.030 511
Bélgica 10.472 1.040 464
Portugal 10.073 1.048 547
Eslovaquia 5.173 1.050 526
Austria 7.690 1.095 561
Suecia 8.205 1.152 612
Grecia 9.300 1.216 534
Estonia 783 1.711 889
Italia 32.619 1.849 767
España 23.556 1.958 976
Media ponderada UE 28 48.799 970 460

No hay datos de Croacia

Fuente: Gestha a partir de informes de OCDE 2013

Precisamente, en alusión a estos datos, el presidente de los Sindicatos de Administraciones Tributarias y Financieras de la Unión Europea (UFE), Serge Colin, considera que una mayor eficacia en la lucha contra el fraude debe ir necesariamente unida a una profunda reorganización de su estructura y su política de recursos humanos. “En Europa nadie comprende que la Agencia Tributaria española autolimite sus resultados de gestión tributaria mediante una política que no otorga competencia ni responsabilidad a una gran parte de sus efectivos cualificados para hacerlo”, explica.

Sumado a esto, el aumento de la economía sumergida contrasta con los incentivos que la plantilla de la Agencia Tributaria española percibe por productividad y gratificaciones, que en 2012 aumentaron desde los 79 millones presupuestados hasta los 124 millones pagados finalmente, destacando la bufanda de 50.000 euros de productividad que cobraron de media los siete directores de la Agencia Tributaria.

El hecho de que Hacienda sólo cobre uno de cada seis euros descubiertos en la economía sumergida, es uno de los muchos indicadores que revelan el “agotamiento” del modelo vigente de Agencia Tributaria. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “es necesario un cambio de rumbo en la lucha contra el fraude, lo cual pasa inevitablemente por una reorganización del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria que otorgue más competencias a los técnicos para así poder ingresar la mayor parte la deuda tributaria pendiente de cobro que asciende actualmente a más de 50.000 millones de euros”.