Economía General

La protección del inversor (Elvira Rodríguez, CNMV)

La protección del inversor se ha convertido en un asunto clave sobre el que pilota gran parte de la abundante normativa del mercado de valores que ha ido surgiendo en la última década.

La experiencia nos han ido mostrando a supervisores y reguladores la necesidad de garantizar la defensa del inversor minorista que, por sus características, requiere un tratamiento especial por parte de la regulación más allá de lo que conocíamos hasta hace unos años.
A día de hoy esta necesidad es algo que no tiene discusión en el mundo financiero ya que la protección del pequeño inversor no sólo repercute en su propio beneficio, sino que contribuye a la estabilidad de los mercados y, por ende, de todo el sistema.

El punto de inflexión de este nuevo impulso podemos datarlo, a nivel europeo, en la entrada en vigor de la Directiva europea de Mercados e Instrumentos Financieros (Mifid I) a finales de 2007. Esta normativa, en su momento, supuso un salto cualitativo para la protección del inversor ya que introdujo conceptos como “test de idoneidad o conveniencia”, “producto complejo y simple”… que, si bien hoy nos son familiares, significaron todo un cambio en la relación de las entidades con sus clientes. También reguló la diferencia entre el asesoramiento y la comercialización de productos de manera que dejó claras las obligaciones de las entidades respecto a los inversores a la hora de venderles valores financieros.

En España, además, se han introducido variantes novedosas como la Circular de la CNMV sobre información a clientes de 2013 que obliga a las entidades a explicar claramente al inversor si la oferta de adquisición de un producto es o no una recomendación y si realmente se adapta a sus necesidades. En el caso de que no sea así, el cliente deberá escribir de su puño y letra que es consciente de que el producto “no es conveniente” para él antes de su compra, con el fin de que tome conciencia de los riesgos que asume.

En cualquier caso, la crisis que han atravesado los mercados ha aconsejado una actualización de la Mifid y después de años de trabajos y debates, el pasado 13 de mayo se aprobó la que se conoce ya como Mifid II que profundiza en determinados aspectos de la defensa del inversor.

La nueva Mifid considera a los depósitos estructurados como producto de inversión, aun cuando tengan garantía de capital al vencimiento, y extiende la aplicación de la normativa sobre conveniencia e idoneidad a los instrumentos del mercado de valores que se contraten conjuntamente con un producto bancario. Asimismo, prevé que determinados fondos de inversión entren en la categoría de productos complejos, lo que hace obligatoria la realización del test conveniencia. Hasta la fecha los fondos tenían la consideración de productos no complejos con independencia de la sofisticación de sus estructuras y la dificultad de su comprensión por parte de los inversores.

Además, incorpora mayor transparencia en la prestación del servicio de asesoramiento ya que se deberá informar de si éste es o no independiente, es decir, si se asesora sobre una base diversificada de productos de diferentes proveedores o si se trata de una venta asesorada. Tanto cuando el asesoramiento sea calificado como independiente como cuando se esté prestando un servicio de gestión de carteras, el proveedor no podrá retener incentivos, lo que impedirá llevar a cabo la hoy práctica habitual de percibir una parte significativa de los ingresos vía retrocesión de comisiones.

Como Presidenta de la CNMV no puedo dejar de mencionar, por su enorme trascendencia, la capacidad que la Mifid II nos otorga a los supervisores nacionales de prohibir o restringir temporalmente la comercialización de productos cuando pongan en riesgo la protección del inversor, la integridad de los mercados o la estabilidad financiera. Este es un cambio muy sustancial respecto a la situación actual en la que los supervisores sólo podemos exigir la inclusión de la información que consideramos relevante para la comercialización de un producto, pero no prohibir su venta minoristas con carácter general.

Pero la defensa del inversor hay que lograrla abordando el asunto desde todos los flancos, también desde la supervisión que llevamos a cabo en la CNMV. Desde el pasado año he puesto en marcha lo que hemos denominado “supervisión preventiva”, con la que pretendemos enfocar nuestro trabajo de revisión de las prácticas de comercialización en la anticipación, con el objetivo de detectar posibles problemas y atajarlos en una fase muy temprana.

En definitiva, vamos a seguir trabajando en herramientas y mejoras que redunden en la anticipación a los problemas. De esta forma, evitaremos futuros conflictos para los inversores antes de que se generalicen.