Economía General

Los ciudadanos ante el “derecho al olvido” (Efrén Díaz)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que existe el “derecho al olvido” en Internet. Y lo ha hecho a través de una histórica sentencia en la que los buscadores tienen que asumir que procesan datos personales y, por tanto, deben considerarse los responsables últimos del tratamiento de la información personal. ¿Y eso qué supone? Básicamente el que un motor de búsqueda está obligado a ocuparse de eliminar los resultados que aparezcan en su índice, siempre y cuando estén vinculados a una persona que solicite su retirada.

A juicio del TJUE esto es relevante, puesto que la información contenida en esos resultados puede afectar a la vida privada de los afectados, en especial cuando se remonta al pasado y actualmente los datos puedan resultar obsoletos o inexactos.

La decisión afectará directamente a más de 220 procedimientos iniciados por Google en contra de resoluciones dictadas por la AEPD, pendientes en la actualidad de sentencia ante la Audiencia Nacional. A pesar de las conclusiones del Abogado General, el TJUE ha interpretado el derecho europeo aplicable a favor del “derecho al olvido digital” en Internet y de forma muy contundente ha clarificado las responsabilidades de los buscadores en Internet en relación con la protección de datos personales de los ciudadanos.

Ahora bien, esa retirada no se podrá hacer de cualquier manera. Antes de acudir al buscador, aquel ciudadano que vea lesionado su derecho a la privacidad tendrá que ejercer primero su derecho a la cancelación de datos frente al sitio web de origen o a la red social o hemeroteca que corresponda. Según nuestra experiencia, más pronto que tarde, los portales de búsqueda tendrán que eliminar la información personal, incluso aunque los sitios web de origen denieguen los derechos de cancelación y oposición al amparo de derechos como la libertad de expresión, o no contesten o lo hagan fuera del plazo legal.

La práctica profesional nos confirma el interés que para muchos ciudadanos encierra el reconocimiento de este “nuevo derecho”, en especial cuando el olvido se quiere de datos especialmente protegidos, aquellos sólo pueden ser procesados mediante un consentimiento expreso y por escrito, tales como datos de salud o ideología.

Es más frecuente de lo que parece que muchas personas se vean castigadas por la difusión de hechos falsos, inexactos y obsoletos, cuando no injuriosos o calumniosos, de su vida personal, familiar, social o profesional. Ciertamente, el que con el derecho al olvido digital se puedan paliar esas críticas situaciones personales será de enorme ayuda, y compartimos el sentir del TJUE cuando considera oportuna una ponderación de las circunstancias concretas caso a caso, también para valorar el interés del usuario del buscador, del afectado y del gestor del motor de búsqueda.

Hasta el momento solo hemos visto el primer capítulo. Ahora tendremos que comprobar si la doctrina fijada por el TJUE se aplica en el resto de procesos similares que hay en la justicia española. Será entonces cuando podamos confirmar si los ciudadanos resultan protegidos en la práctica frente a tratamientos ilícitos de datos personales por el buscador, agravados por la visibilidad o difusión universal de la información, que de otro modo podría no encontrarse.