Economía General

Control, transparencia y recuperación por Marta Fernández Currás

Como todo el mundo sabe, la crisis económica de alcance mundial que hemos padecido ha tenido un impacto especialmente negativo en España; el motivo por el que nuestro país se vio más afectado que otros fue porque se hallaba en una posición mucho más vulnerable. No vamos a negar que, durante años, la economía española había acumulado graves desequilibrios en múltiples sectores: en el bancario, en el mercado laboral, en el sector servicios, en el sector exterior, en el energético….pero, sin duda, uno de los desequilibrios más profundos era el que se registraba en nuestras cuentas públicas.

En aquel año 2011, cuando este Gobierno tomó posesión, el déficit público se encontraba en el 9% del PIB frente al objetivo comprometido del 6%, lo que suponía un incumplimiento del 50% con nuestros socios comunitarios, en una situación con fuertes tensiones en los mercados financieros.

Estábamos, por tanto, ante unos niveles insostenibles de déficit público que perjudicaban la credibilidad de nuestra economía, poniendo en riesgo nuestro acceso al crédito. Ante esta situación -dramática me atrevo a calificar- era urgente actuar con una decidida estrategia de consolidación fiscal que aportara credibilidad a nuestras cuentas públicas.

Así fue como desde el principio de la legislatura, se adoptó un amplio catálogo de medidas de consolidación fiscal, combinando medidas de ingresos con medidas de gasto, para poder frenar la dinámica creciente que tenía el déficit público y volver a poner a las cuentas públicas en una senda de sostenibilidad.

Sin embargo, adoptar medidas de consolidación fiscal no era suficiente. Tuvimos que dar un paso más y, por ello, el Gobierno decidió reforzar el marco legal para fomentar la disciplina y el control presupuestario en todas las Administraciones Públicas. Entre esas reformas, destaca de una manera muy especial la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una Ley que, no me cabe ninguna duda, ha marcado ya un “antes” y un “después”.

Con esta norma, se establecen objetivos de déficit y de deuda pública para todos los niveles de la Administración que deben respetar los gestores públicos cuando diseñan sus políticas públicas. Precisamente, el férreo control de estos objetivos es lo que ha permitido (y está permitiendo) una significativa reducción del déficit público. Y lo que nos está llevando a la recuperación económica.

Hemos establecido, además, limitaciones al crecimiento del gasto de las AAPP. Esta regla de gasto evita, especialmente, que en las épocas de bonanza el gasto público se dispare; o dicho de otra manera, la regla de gasto favorece que en las “épocas buenas” de crecimiento económico se creen colchones fiscales que puedan ser utilizados en las épocas de recesión.

Para el Gobierno al cual pertenezco, ha sido una prioridad erradicar la práctica de las “facturas en los cajones”, y se han establecido para ello mecanismos de control para evitar que se volviese a producir esa situación. En paralelo, se ha hecho frente al stock de deuda comercial aprobando unas medidas sin precedente en España.

El Plan de Pago a Proveedores -con el que se ha hecho frente a más de ocho millones de facturas que estaban pendientes de pago- y el Fondo de Liquidez Autonómica, mediante el que se ha suministrado liquidez a las CCAA son dos buenos ejemplos.
Pero somos conscientes de que la recuperación de la confianza en nuestra economía, en España como país creíble y solvente, pasa también necesariamente por el fortalecimiento de nuestras instituciones. Y ésta es la razón de haber hecho bandera del fomento de la transparencia de la gestión pública, como también del acceso a la información.

Es necesario reconocer que en el uso de los recursos públicos una gestión transparente es una exigencia, que se intensifica en tiempos de crisis, más incluso cuando se ha pedido a los ciudadanos un esfuerzo adicional. En esta coyuntura económica adversa, desde los poderes públicos debemos redoblar los esfuerzos explicando a qué se destinan estos recursos y garantizar la legalidad, eficacia y la eficiencia en la gestión de los mismos.

Han pasado casi ya tres años desde que empezamos esta andadura. No ha sido fácil: ni para los ciudadanos ni para el Gobierno, obligado a tomar medidas y a realizar ajustes duros y sacrificados. Pero siempre se tuvo en mente el objetivo, que no era otro que buscar el camino de la recuperación económica y con ello, la creación de empleo, la prioridad absoluta. Estamos convencidos que el próximo año 2015 será diferente a lo que hemos vivido en el pasado y que será un nuevo tiempo que nos dará esperanzas claras en el futuro. Hemos hecho los deberes, llevamos un crecimiento progresivo y vamos a seguir trabajando para seguir la misma tónica.

España ha cumplido de una forma extraordinaria y lo ha hecho en las peores circunstancias. Debemos congratularnos todos de que la situación económica actual sea radicalmente distinta. Es el resultado de una política económica muy meditada -impopular también- pero cuya aplicación y mantenimiento acabará trayendo futuro para el país. Y eso es lo importante.