Emilio Ontiveros: "Cataluña crecerá más dentro de España"

¿Sería mejor para Cataluña quedarse dentro de España?
Tiene una entidad suficiente para vivir fuera y ser viable. Hay países independientes con un producto interior bruto (PIB) inferior al suyo. La cuestión es si sus habitantes vivirían mejor. Su PIB per cápita sería mayor dentro de España. La salida de Europa sería inmediata. Los costes de transición de la independencia serían muy elevados. Caerían el empleo, el PIB y la renta per cápita. Me preocupan los empresarios; sobre todo, los medianos y pequeños, los que no se mueven de allí. Pueden estar frenando inversiones por la incertidumbre. Lo que yo llamo costes de distracción (retrasos en la toma de decisiones por parte de Gobierno y empresarios por esperar a ver qué pasa), van a pasar factura. Por otro lado, España puede empezar a proyectar una imagen de que los problemas gordos los resolvemos de una manera lenta y torpona. Eso genera incomodidad. Ya me preocupaba desde el penúltimo referéndum.
¿Le parece España un proyecto atractivo?
La tensión reformista no se ha mantenido, pero la recuperación ha sido bastante aceptable. Me llama favorablemente la atención la continuidad en el dinamismo exportador. Después de tres años de recuperación, las empresas no han vuelto a replegarse sobre España. Era lo que sucedía antes. Cuando la demanda nacional se recuperaba, regresaban. Ahora no. La exportación se ha incorporado como un activo de las empresas; sobre todo, de las medianas. Han diversificado lo que venden, y sus destinos. Cuando uno va fuera, ve que la calidad media del empresariado español está mejorando. Tenemos más de 3,1 millones de empresas. Los empresarios se están rejuveneciendo y su gestión está cada vez más profesionalizada.
¿Cómo ve la economía española?
Estamos creciendo de un modo equilibrado. Se ha conseguido a pesar de estar un año con un gobierno interino y de diversos problemas geopolíticos. Hemos acabado el año creciendo algo por encima del 3%, con superávit exterior y reduciendo algo el déficit y la deuda pública. En el plano contrario, el desempleo aún es elevado. Además, la baja calidad del empleo no favorece una mayor confianza de las familias. Los salarios han bajado, y el endeudamiento de las familias todavía es relativamente elevado. Tenemos unos sueldos medios inferiores a los del comienzo de la crisis.
¿Es algo que pueda solucionar el Gobierno, o han de ser las empresas?
El Gobierno puede hacer poco, más allá de dotar al mercado de más flexibilidad, que es lo que hizo con la reforma laboral, o de subir el salario mínimo. Son los empresarios. Es significativo que ellos mismos hayan propuesto una revisión salarial cuando han aumentado la productividad y los beneficios. Es básico para que las familias puedan tomar decisiones de consumo duradero a un ritmo aceptable. Un país con falta de confianza de las familias verá resentido su crecimiento a medio y largo plazo. En los países nórdicos hay más seguridad. También es verdad que pagan más impuestos.
¿Debería facilitarse más la vida a las empresas?
Presto mucha atención al indicador Doing Business, que realiza el Banco Mundial. Revisa las cargas que impiden un desarrollo empresarial normal. Refleja que somos la décima economía mundial, pero la treinta y algo en facilidad para hacer negocios. Por ejemplo, tenemos más trámites y tardamos más días que en Dinamarca en poder crear una empresa, cuando aquel es un país más pequeño. ¿Por qué? Hay una parte de esa política de oferta, que también afecta a las empresas extranjeras, que podría haberse hecho mejor.
Hay quien habla de la necesidad de profundizar en la reforma laboral. ¿Qué opina al respecto?
La reforma laboral presumía que iba a facilitar la creación de empleo por dar mayor flexibilidad al empresario. También pretendía reducir la temporalidad con cuestiones como el contrato único, pero esto no se ha conseguido. No hay una mayor estabilidad en los contratos. Una parte de nuestra estructura productiva ofrece trabajos de escaso valor añadido, temporales. Veremos un indicador de normalidad cuando los salarios suban y los contratos tengan una duración más dilatada. Si no, la gente vive en vilo.
¿Qué cuestiones cree que deberían abordarse en 2018 de un modo prioritario?
La inercia que llevamos está bien. Todo el mundo está revisando a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía española. Yo firmaría crecer a un 2,5% de media durante los próximos veinte años. Los condicionantes para el crecimiento en 2018 van a ser más intensos de los que hemos tenido hasta ahora. La política de tipos bajos y compra de deuda del BCE nos ha favorecido enormemente, porque tenemos una de las deudas públicas más elevadas de Europa y porque para las familias era una bendición ver el Euribor en negativo durante tantos meses. Parece que el BCE va a seguir su política parcialmente en 2018, pero si la inflación sube al 2%... Si sube los tipos, sufriremos más que Francia o Alemania. Por otro lado, estamos empezando a notar el encarecimiento de las importaciones de materias primas. Somos muy dependientes de los hidrocarburos. Va a ser difícil que volvamos a ver el precio del petróleo por debajo de los 50 dólares. Estas circunstancias ayudan a explicar la revisión a la baja que hemos hecho.
¿Qué otros aspectos pueden afectarnos de la situación internacional?
Temo por la continuidad del libre comercio. Sigo viendo el Brexit como una potencial amenaza. Somos una de las economías europeas con mayor vinculación con el Reino Unido; de las pocas que tienen superávit comercial con ellos. Suponen el 22% de nuestros ingresos por turismo; son nuestros principales compradores de viviendas por detrás de los españoles. También tenemos allí un stock de inversión importante. Si mañana se establece un arancel con ellos, tenemos un problema. Por otro lado, me preocupan los condicionantes que Donald Trump pone a organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), la guerra comercial, las restricciones a países como México, donde las empresas españolas tienen intereses importantes…
Volviendo a España, hay quien ve indicios de una nueva burbuja inmobiliaria. ¿Usted qué opina?
No estamos en una situación similar a la de las burbujas de 1992 o de 2007. La financiación que se da a las empresas inmobiliarias está siendo mucho más cuidadosa. Se ve que hay más rigor. No digo que el origen de la crisis inmobiliaria fuera una financiación bancaria alegre, pero contribuyó mucho. Se ha aprendido la lección. No estamos viendo transacciones como las de antaño. Por otro lado, ha habido una cierta desbancarización. Creo que es algo positivo. Han entrado más los fondos extranjeros.
¿Cómo ve a los bancos?
Después de la recapitalización y la solución de los problemas, la solvencia media de nuestro sistema bancario es algo mayor que la de sus rivales europeos. Ha habido un ajuste muy grande en oficinas y en empleo. La banca que actúa en España no va a ver subir espectacularmente sus beneficios. La regulación ha aumentado mucho. Por otro lado, la morosidad ha descendido. Los grandes grupos se han diversificado mucho internacionalmente. Como contrapartida, se ha reducido el número de bancos. Paradójicamente, esto ha traído algo que no veíamos desde hace cuatro años: están dando tipos de interés más competitivos a empresas y familias. Por otra parte, la reducción del número de oficinas puede afectar a los clientes que no están familiarizadas con los nuevos servicios financieros.
¿Será este el año de la reforma de las pensiones?
Cada vez hay más viejos que jóvenes. La inmigración podría ser una solución. A veces olvidamos que hemos sido el país que más emigrantes ha recibido en Europa. Llegaron cinco millones entre los años 2000 y 2007. Hemos de tener una actitud receptiva. Es bueno rejuvenecer la población. Por otro lado, hay que tener claro que hay voluntad política de mantener las pensiones. Es un compromiso. No hay que tener temores infundados. Si la población no crece o se desploma el crecimiento, habría que revisar las condiciones. No creo que sea malo retrasar la edad de jubilación. La salud media está mejorando. Habría que buscar otros esquemas. Soy partidario de tener una tensión reformista permanente. Buscar un consenso, como se hizo con el Pacto de Toledo, es objetivamente bueno. Sería una irresponsabilidad quedarnos de brazos cruzados. Tampoco es buena una incertidumbre de si se va a cobrar la pensión o no. Si se revisaran, habría que tocar las de arriba, y favorecer esquemas de ahorro.
Hay quien habla de la necesidad de una renta básica. ¿La comparte?
No de un modo universal y generalizado; pero, si hay desigualdad en el acceso al mercado de trabajo y rentas muy bajas, hay que buscar mecanismos de compensación de la pobreza. No solo es mala para la actividad económica. Que el 20-25% de la población viva en riesgo de pobreza, complica las cosas social y políticamente. Si el sistema tributario no es suficientemente redistributivo; si hay un 25% de la población viviendo con 400 euros y gente con impuestos tan bajos como en Mónaco, toca tratar de ser como Dinamarca o Suecia, que viven bien y pagan más impuestos, o buscar medidas temporales que amortigüen el impacto. No solo es incómodo ver a parte de tus compatriotas en riesgo de pobreza; no es conveniente para la estabilidad del crecimiento. El Estado moderno está obligado a minimizar el riesgo de pobreza. Si la actividad económica normal no lo logra, el Estado tiene que compensar.
También sería bueno mejorar el sistema de colocación de empleo.
Sin duda. Hay que lograr casar mejor la formación de los empleados con las necesidades del mercado laboral. Las empresas de colocación privada han mejorado bastante la situación.
¿Será 2018 el año de la reforma de las autonomías?
España es un país descentralizado. Revertir la descentralización es, políticamente, muy difícil. No tengo claro que no sea conveniente descentralizar mucho más. Sí lo es que haya una mayor corresponsabilidad fiscal. El Estado recauda y las autonomías gastan. Eso es una anomalía. El Estado ha de tener un control estricto. Se ha avanzado. Las autonomías han mejorado desde un punto de vista financiero y los ayuntamientos están mucho más saneados. Habrá que ver cómo sigue. La cuestión catalana ha introducido una sensación de transición, de interinidad, en una cuestión tan importante como la financiación autonómica.
La industria y la inversión en I+D son dos cuestiones pendientes de la economía española.
Nuestra estructura productiva sigue avanzando hacia el sector servicios, como ocurre en todas las economías avanzadas. Tenemos sectores industriales que cuentan con unas ventajas competitivas claras, como es el caso de la automoción (bienes y componentes). También bienes de equipo y maquinaria herramienta en lugares como el País Vasco. Hay una pérdida gradual, incluso desaparición, de empresas cuyas ventajas competitivas y valor añadido no aguantan la competencia internacional. Las ventajas competitivas de las economías emergentes están ahí. Por ejemplo, al ver el mapa de las cadenas de valor en el sector de la automoción, se comprueba que ya no solo están ahí Alemania, Japón o Estados Unidos. La presión competitiva por salarios e intangibles de las economías emergentes es grande. La industria en España siempre se ha visto huérfana de una dotación en I+D al ritmo de la registrada en otros países. Siempre hemos tenido más inversión en I+D en el sector público que en el privado. Durante la crisis se ha reducido, y eso es algo inexplicable. Las empresas medianas tampoco la han favorecido. Un factor importante es que en España seguimos teniendo empresas de un tamaño muy reducido. El 96% cuenta con menos de nueve empleados. Es muy difícil que empresas de ese tamaño se planteen decisiones de este tipo, tampoco aplicadas a procesos o digitalización. Cuando bajas de las grandes, la utilización digital de las empresas aún es baja, en pleno 2018. Es peligroso: las economías emergentes no solo pueden tener ventajas de sueldos bajos, sino también de conocimiento.
Entrevista publicada en el número de enero de la Revista Capital. Para ver más contenidos de esa edición o de otras, visite este enlace: http://bit.ly/2D5jfop.]]>