Opinion

El problema no es el euro, sino quienes lo manejan y utilizan

¡Qué habilidad tienen los políticos para meternos en problemas, cargarse las instituciones y, cuando todo se descabala, personarse como salvadores de nuestros apuros y solución de nuestras dificultades! En la UE no es distinto.

A duras penas ha salido vivo el euro de una doble sacudida: la recesión financiera y bancaria en toda Europa, con repercusión en las economías y que acompañó a la estadounidense, más la crisis de deuda pública o soberana, que fue propia y provocada por el incumplimiento de reglas, tanto las que exige internamente una moneda única y que eran de sobra conocidas, como las impuestas en la eurozona a los miembros del club euro, precisamente para evitar contratiempos o su colapso. Ahora, con el Brexit, nos vemos obligados a reestructurar de nuevo las instituciones pues, aunque Gran Bretaña no formaba parte del euro, sí quedaba afectada por compromisos fiscales (también deuda) y de fondos para ayuda y rescate, solución por la que se optó, para los miembros derrochadores, poco cumplidores y de gatillo gastador fácil.

Todo, absolutamente todo lo mencionado, tiene origen y son problemas creados por las autoridades, nacionales o desde Bruselas, BCE incluido.

Desde el principio se sabía que un funcionamiento adecuado y tranquilo del euro exigía no caer en políticas laxas de gasto público para obviar o paliar las diferencias de productividad o costes; obligaba a no incurrir en déficit fiscales enquistados o duraderos, ni en emisiones descomunales de deuda que eludiesen subidas fiscales poco atractivas electoralmente; y requería políticas de reformas permanentes para no desquiciar o dislocar productividad, costes, competitividad y vitalidad económica de cada país. Pero desde su inicio, precisamente con disputas entre Francia y Alemania, se intentó que el euro respondiese más a necesidades propias que del conjunto, intentando forzar la política del BCE: recuérdese, en 1998-1999, las tensiones entre los ministros de Finanzas alemán, Lafontaine, y francés, Strauss-Kahn, sobre Duisenberg, presidente del BCE, prolongadas y reiteradas en el mandato de Trichet, para que la política monetaria facilitase la política fiscal.

La crisis de 2001-2003, que afectó más a Francia y Alemania que a España, concilió intereses y promovió políticas de tipos a la baja (negativos en términos reales) que distorsionaron la información de los agentes respecto a sus decisiones de ahorro, consumo e inversión en los años siguientes. A lo que se añadió descubrir las vergüenzas de buena parte del sistema financiero europeo y los desmanes de gastos, déficit y deuda de varios países, algunos de ellos conocidos.

No se cumplieron las reglas internas que el euro exigía, ni las externas estipuladas en los requisitos del Tratado de la Unión Europea. Encima, cuando hubo que aplicar las reglas y sanciones correspondientes, no sólo se arrugó la mano de Bruselas o Frankfurt (posiblemente todos reconocían malas decisiones y prácticas), sino que se optó por la vía del reparto de costes y pérdidas; el auxilio financiero y la absorción de deudas por parte de la UE y el BCE; el aumento del peso político y de disposición de fondos desde instancias europeas (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y Mecanismo Financiero de Estabilidad Europea, hoy Mecanismo Europeo de Estabilidad)… En definitiva, más poder burocrático, fiscal, de manejo de fondos y finanzas para las instituciones y organismos de la UE, que cada vez son más. Incluso más y mayor intervención en caso de vuelta a las andadas, justificada porque es el conjunto quien rescata y pone el dinero: lo que fuerza o, al menos acredita, la creación de un Fondo Monetario Europeo; la unificación bancaria y hasta una homogeneización fiscal.

En esa enorme patada adelante, que no resolverá el verdadero problema de fortaleza y estabilidad del euro, estamos. ¿Qué pasará si se saltan, otra vez, las reglas de gasto o se incumplen las sanciones, máxime si se imponen objetivos “de largo plazo” que no suelen estar en la cabeza de los políticos?; ¿qué o quién asegura que nuevas instituciones en la UE, con más poder, acabarán con las componendas habituales?; ¿quién asegura que la reestructuración de la deuda no significa impago parcial o que los eurobonos no son la puerta para nuevos desmanes, desfalcos, incumplimientos y alegrías de esos adictos al dinero de los ciudadanos, que son los políticos?

Fernando Méndez Ibisate es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Columna publicada en el número de febrero de la Revista Capital. Para ver más contenidos de ese número o de otros, visite este enlace: http://bit.ly/2t5fhr5.