General Opinion

Consecuencias económicas del Estado Autonómico

Los antecedentes del Estado Autonómico son muy amplios. Desde el alzamiento de los comuneros en Castilla contra las medidas radicalmente unificadoras con amplitud incluso hacia Europa, de Carlos V, a la solidaridad catalana con el pretendiente austriaco frente al centralismo borbónico, o el mensaje carlista –a veces recordando la orientación lograda por la Confederación Helvética frente a la unificación liberal-. Del carlismo y de las consecuencias de su derrota surge la realidad fiscal diferente de las provincias vascas y de Navarra. Las raíces católicas del carlismo, mezcladas por la búsqueda del proteccionismo textil y mensajes derivados del romanticismo, se pasan a encontrar en la Lliga primero regionalista, luego nacionalistas de Cambó, que tuvo derivaciones más radicales en todos los sentidos, hasta el punto de que, a partir del Pacto de San Sebastián, se encontró en las raíces de la II República, que, por otro lado, con sus admiraciones hacia la I República, no podía dejar a un lado al cantonalismo que acompañó a la Revolución Gloriosa de 1868, que creó la base del régimen republicano de 1873. Además, antes de 1898, había existido la concesión de autonomía a Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
De ahí procedió la concesión de la autonomía de Cataluña, y el inicio –a veces polémico, como sucedió con las provincias vascas y Navarra- de concesiones para otras autonomías, de Galicia a Andalucía, sin olvidar a Asturias con un proyecto de Álvarez-Gendín. La conmoción de 1934 provocó un intento de secesión, más allá de la autonomía, en Cataluña, que incluso exigió una intervención militar, y en más de un sentido se ligó a movimientos obreristas, socialistas y anarquistas.

En la Guerra Civil, en el bando republicano, se acentuaron estas tendencias, que se reprimieron radicalmente por la victoria del bando nacional. Quedó solo la situación foral de Navarra, con un aspecto fiscal que, por ejemplo, pasó a ser muy criticada por el profesor César Albiñana
Los partidos políticos nacidos –o renacidos en la Transición-, aceptaron la realidad autonómica como uno de los puntos clave de reforma. Hubo mil recuerdos a situaciones anteriores, como la unión del andalucismo con el henrygeorgismo. Y al final –recordemos el regreso de Tarradellas y el mantenimiento de un catalanismo en círculos católicos tolerados, como se comprueba con leer la colección de la revista Serra d’Or- la Constitución de 1978 aceptó la aparición de autonomías en toda España, incluidas las ciudades proclamadas autonómicas, de Ceuta y Melilla.
Naturalmente todo esto tuvo consecuencias. En primer lugar se alteró el panorama fiscal en un doble sentido. Al sistema tributario general se le sumó el autonómico, distinto, por cierto, en las diversas regiones. Por supuesto se acentuó la realidad dispar impositiva de las provincias vascas. Al mismo tiempo, como por causas políticas, debido al papel que tienen los partidos regionalistas en el Congreso de los Diputados, no existe lo que se puede calificar como un control férreo de estos déficit. El endeudamiento económico español –uno de los motivos mayores de preocupación de nuestros ministros de Hacienda- tiene ahí un factor muy importante.

Pero existe otro problema. Cada autonomía ha pasado a tener una gran capacidad para establecer normas administrativas sobre el mundo de los negocios. Como era de esperar, los resultados han sido muy diferentes entre ellas. Ofrecemos algunos datos procedentes del Doing Business en España 2015. El orden de menor a mayor intervencionismo administrativo en el conjunto de “apertura de una empresa”, “obtención de permiso de construcción”, “obtención de electricidad” y “registro de propiedad” es éste:
1 La Rioja
2 Madrid
3 Navarra
4 Comunidad Valenciana
5 Extremadura
6 Cataluña
7 Asturias
8 País Vasco
9 Castilla-La Mancha
10 Cantabria
11 Castilla y León
12 Canarias
13 Melilla
14 Andalucía
15 Islas Baleares
16 Murcia
17 Ceuta
18 Aragón
19 Galicia

De ese cuadro se deduce algo muy importante, que en esa publicación del Banco Mundial se amplía en alto grado: el mercado interior de España se ha roto de un modo notable. Desde Adam Smith a Allyn Young, los economistas que se han ocupado de esto, han señalado que el progreso económico depende, en alto grado, de la amplitud de la homogeneidad del mercado. Y esta es otra consecuencia económica del planteamiento autonómico.

Y al tener transferidas las responsabilidades políticas de sectores aparentemente ajenos a la economía, como por ejemplo, la enseñanza, vuelve a complicarse la cuestión, porque, por ejemplo, desde la niñez se reciben mensajes en los centros educativos que dificultan la homogeneidad. En primer lugar se encuentra el mensaje de “España nos roba”, derivado de un planteamiento equivocado de los saldos fiscales y del comercio interior, que, por ejemplo, tuvo una importancia grande en Cataluña. Si de estos mensajes surgiese la base de una ruptura ya radical, independentista, como se intenta en Cataluña y en el País Vasco con bastante difusión, se derivarían dos cosas: la primera, un derrumbamiento colosal de la economía de esas regiones. Da la impresión que los nacionalistas vascos lo han entendido, pero los catalanes, no. La salida de la Unión Europea y de la Eurozona generarían la catástrofe. Pero también el resto de España, al tener un mercado habitual más pequeño se resentiría en grado sumo. Y esa sería una consecuencia económica de la cesión de la enseñanza a las autonomías.

Como se habla de reforma constitucional, se han de glosar estas cuestiones. En Estados Unidos, primero, y en Alemania más recientemente, se dictaron normas de equiparación económica en todos estos aspectos. ¿Por qué no se ponen en marcha en España?

Juan Velarde Fuertes, Catedrático Emérito de Estructura Económica de la Universidad Complutense de Madrid

Artículo publicado en el número de octubre 2017 de la revista capital, que puede adquirir en el quiosco o en este enlace: https://bit.ly/2LbBHf2