A fondo Portadas

España: una historia de éxito

A sus ochenta años, Paco es un testigo de excepción del espectacular desarrollo de España durante las últimas décadas. Cuando era pequeño, aterrizó con sus padres y sus dos hermanos en la Barcelona de la postguerra. Su situación era tan precaria que unos vecinos acudieron el primer día con una gran bandeja de huevos fritos para socorrer a los recién llegados.

La vida del pequeño Paco era muy distinta a la de un niño de hoy en día en nuestro país. Empleaba todos los días una hora andando para poder ir al colegio; empezó a trabajar a los 15 años ante la necesidad de llevar dinero a casa; jugaba al fútbol en las calles con pelotas de trapo porque no había nada mejor; escuchaba los partidos por la radio porque en la mayoría de las casas y de los bares no había televisores…

Con todos estos datos, no es de extrañar que se asombre ante la España que hoy contempla. Una España que vio despegar con fuerza en los años 60 cuando se desplazó de Barcelona a Málaga para trabajar mientras notaba cómo las oportunidades laborales y los sueldos se disparaban, y una España de la que hoy exulta porque, a pesar de los errores, ha visto crecer en sus infraestructuras, sus carreteras, su dinamismo y su modo de vivir de un modo sorprendente.

A veces parece que se nos olvida, pero la trayectoria de nuestro país ha sido estratosférica. No hay más que ver las cifras que recogía hace unos años la Fundación BBVA en su libro Estadísticas Históricas de España: entre los años 1850 y 2000, el PIB español se ha multiplicado por cuarenta (de 2 a 80 billones de pesetas); el consumo privado se multiplicó por cuatro entre 1954 y 2000; el porcentaje de renta recibido por el 10% de los hogares más ricos descendió del 40% al 28% entre 1970 y 1996.

El milagro económico español ha sido un fenómeno reconocido en todo el mundo. Entre 1959 y 1973, la economía española creció a una media del 7,73%, una cifra superior a la del aumento del PIB chino hoy. La apertura del régimen autárquico produjo un crecimiento desconocido hasta entonces, y que no volvió a vivirse hasta muchos años después. España ha rentabilizado muy bien los fondos europeos. Y la política económica que diseñó Rodrigo Rato propició que nuestra economía subiera a un ritmo medio anual del 3,5%, el periodo de crecimiento más alto desde 1975.

Esto no quiere decir, obviamente, que todo se haya hecho bien. El excesivo incremento del gasto público es uno de los lunares más significativos entre los emergidos en los últimos años. El peso del Estado sobre la renta nacional pasó del 10% en 1860 al 26% en el 2000, según el estudio de la Fundación BBVA. En este último periodo, la burbuja empezó a inflarse con el Gobierno de Aznar (1996-2004). Pero sus porcentajes de aumento (1,5-2%) fueron ridículos comparados con lo que vino después con el Gobierno de Zapatero. “El gasto público subió de alrededor de 120.000 millones de euros a 180.000 millones entre 2004 y 2011”, recuerda Pedro Fraile, catedrático de Economía. El ministro de Economía, Pedro Solbes, aumentaba cada año el presupuesto de esta partida en nada menos que entre 7.500 y 8.000 millones. “El ritmo de crecimiento del gasto público no tiene parangón en Europa”, admite el catedrático. Se ha convertido en una losa sobre la que no parece haber un interés decidido en reducirla.

La política monetaria expansiva de los bancos centrales, la facilidad para poner dinero en el mercado, ha facilitado que la deuda siga aumentando con el Gobierno de Mariano Rajoy. El porcentaje de deuda pública sobre PIB ha pasado del 35% a más del 100% en la última década por diversos motivos. La caída de la actividad económica trajo más paro, menos empresas, menos recaudación y más necesidad de dinero para las prestaciones por desempleo. El déficit del 9% que dejó Zapatero no se ha reducido lo suficiente, y sigue engordando la deuda. Esa deuda produce unos intereses que hay que ir pagando. Y ese coste se suma a los propios del Estado: sanidad, educación, etc. Además, hemos tenido que abonar la reforma financiera: aunque es un porcentaje mínimo de la deuda total (apenas un 4%), es un dinero que no volveremos a ver.

La necesidad de limpiar nuestro sistema está clara. Al catedrático Juan Velarde le asusta la carga que representan las autonomías. “Son un complemento tremendo al sector público. El porcentaje de las que cumplen y alivian el peso del Estado es reducidísimo”, señala el que fuera presidente del Tribunal de Cuentas. Según un informe de Convivencia Cívica Catalana basado en informes del propio Tribunal de Cuentas y de las comunidades autónomas, supusieron 336 millones de euros en 2016. El número de empresas públicas sigue siendo muy significativo, aunque se ha reducido. Además, las trabas regionales hacen disminuir la productividad del mercado español. Las leyes cambian de una comunidad a otra, en plena discordancia con lo que se suponía que iba a ser Europa: un área de libre circulación. Es algo que se refleja en informes como Doing Business, del Banco Mundial: su estudio no nos destaca como un país en el que sea fácil hacer negocios. Las trabas tienen que ver también a menudo con una de las lacras que tenemos que eliminar: la corrupción. Según Velarde, nuestra posición en el índice de percepción de corrupción ha empeorado desde que empezó a calcularse: hace unos años estábamos al nivel de Francia, en el puesto 22. Ellos siguen en ese lugar y nosotros ya superamos el número treinta.

Este tipo de trabas son también un obstáculo para la creación de empleo, una de las grandes asignaturas pendientes de la España democrática. El 17% de paro registrado en nuestro país sigue siendo muy elevado si lo comparamos con el de países como Estados Unidos (4,3%) o Reino Unido (4,3%), por poner dos ejemplos. Por desgracia, expertos como Pedro Fraile no creen que la situación vaya a mejorar de inmediato. “El descenso de la tasa de paro no va a ser rápido. Las siguientes generaciones van a heredar el alto desempleo junto con el déficit”, aventura el catedrático. Para evitarlo más adelante, habría que mejorar la cualificación, un problema que estima que no se resuelve en una legislatura: “El capital humano es nuestro talón de Aquiles. No podemos tener un alto nivel de formación cuando la tasa de abandono escolar es del 20%, del 30% en algunas ocasiones”.

La tarea es urgente. Más aún teniendo en cuenta que crece la demanda de empleo cualificado en España. Durante el periodo 2014-16 se han generado en nuestro país 1,2 millones de empleos. Según Funcas, la demanda ha crecido en todos los sectores, pero ha sido mayoritaria en los puestos que requieren de una mayor cualificación: 720.000 frente a 550.000.

La noticia es buena, aunque en España se traduce en un descenso del índice de productividad (los salarios de esos trabajos son más altos). Nuestra tasa de crecimiento en este terreno será nula en 2018. Entre 1997 y 2007 subió un 0,4% de media anual, según Funcas, y entre 2008 y 2013 se disparó al 2% de aumento anual debido a la crisis. Menos personas trabajando, y con peores salarios, producían más. La productividad es importante para medir la aportación de cada trabajador a la riqueza de su país. En 2016, según Eurostat, un empleado español aportó 62.000 euros de media. La cifra queda lejos de los 77.000 euros de media en el conjunto de la Eurozona, los 80.000 euros de Alemania, los 86.000 de Francia o los 100.000 de Suecia. En este terreno nos queda mucho por avanzar.

Crecer en este sentido ayudaría a intentar preservar el Estado del Bienestar. El gasto social ha batido récord en 2017 (308.000 millones de euros), pero su futuro es más que dudoso. No hay experto que niegue que las personas que hoy tienen entre 40 y 45 años no tendrán pensión si el sistema sigue funcionando con las cifras que mueve en la actualidad. El efecto demográfico hará que en las próximas décadas haya un trabajador por cada pensionista. Al haber menos cotizantes, es evidente que el Estado no puede destinar a pensiones el mismo dinero que dirigía cuando había dos trabajadores por pensionista. Fundamentalmente, porque no hay. Por eso el economista Juan Rallo, si siguiéramos esas matemáticas, no vería otra salida que reducir el gasto público en dos líneas. La primera serían las pensiones, sin que esto significara reducir las más bajas, que ya son muy bajas. La segunda se referiría a disminuir la diferencia entre los salarios de los empleados públicos y privados (un asalariado medio público cobra un 50% más que uno privado, según el INE) y a fijar su número en un ratio por español similar al del año 2000. De este modo, Rallo estima que ahorraríamos entre 20.000 y 25.000 millones que podrían destinarse a la protección social de todos los españoles.

La economía española, como se ve, tiene muchos retos importantes por delante, pero en estos años se han dado pasos clave. El desembarco de las empresas españolas en el exterior, que ha costado mucho esfuerzo, se ha desarrollado con decisión y ha obtenido unos resultados espectaculares. El aumento de 100.000 empresas exportadoras antes de la crisis a 150.000 una vez encarrilada habla bien del cambio de chip de nuestros mejores emprendedores. Una buena señal de que la historia de España puede seguir teniendo mucho éxito.