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fiscalidad

Begoña García-Rozado (Iberdrola): "La electricidad paga ocho veces más impuestos que el gas; no es congruente"

“Una empresa bien gestionada genera riqueza y empleo, basta con que se nos deje trabajar”  “No se puede focalizar la tributación empresarial exclusivamente en el Impuesto sobre Sociedades, dejando de lado todas las demás figuras tributarias”  “No veo que se vaya a producir un éxodo de empresas en España”  Muchos de los aumentos de impuestos que hemos vivido en los últimos años, y los que vendrán en los próximos meses, están encaminados a elevar la tributación de las empresas. Sobre todo, de las más grandes. El argumento que sirve para justificar estos incrementos es que, en España, las compañías pagan pocos impuestos.  ¿Es esto cierto? Capital busca respuesta a esta y a otras preguntas con la leonesa Begoña García-Rozado, inspectora de Hacienda en Excedencia y actual directora global de Fiscalidad de Iberdrola. Nuestra protagonista ha sido designada como la mejor fiscalista del mundo en los prestigiosos galardones Global Counsel Awards.  La fiscalidad de las multinacionales es uno de los temas recurrentes y de mayor debate en el ámbito político y social. ¿Es cierto que en España las empresas pagan pocos impuestos?   La fiscalidad es, actualmente, un elemento esencial de debate en todos los ámbitos, no solo en el político, sino también en el ámbito social. Hay múltiples indicadores que contrarrestan la opinión de que las grandes empresas pagan pocos impuestos. Desde luego, esto no se produce en las multinacionales españolas, ni desde el punto de vista global, ni desde el punto de vista de la carga impositiva en España.   De acuerdo con los datos de Eurostat, que recoge el informe ‘Competitividad fiscal 2022’ del Instituto de Estudios Económicos (IEE), la contribución de las empresas a la recaudación total se sitúa en España en un 32,5%, frente a una media en la Unión Europea (UE) del 23,9%.  Si nos fijamos en…
“El Gobierno refuerza su modelo tributario extractivo y retoma la batalla contra los grandes capitales y las empresas, pero también contra las comunidades y los ayuntamientos”  Con la renovación de ministros y ministras del Gobierno, la legislatura comienza como terminó la anterior: con déficit récord, deuda disparada y en fase creciente, expectativas prácticamente nulas de ajuste de gasto público y nuevas subidas de impuestos. Al menos, 14 nuevos cambios tributarios al alza, que no serán los últimos.  Cualquier atisbo de políticas liberales quedará reducido a las decisiones de las comunidades autónomas y a las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales), con sus restricciones estatales y sus limitaciones por los pactos políticos. Por cierto, según los últimos datos disponibles, los ejecutivos regionales ya registran superávit presupuestario, a diferencia del Estado central.  En esencia, en los próximos cuatro años, y si nada lo cambia, viviremos una nueva versión de la batalla del Estado contra el sector privado, contra los llamados ‘ricos’ y contra las grandes empresas. Este ‘tira y afloja’ provocará, con total seguridad, nuevos movimientos de sedes fiscales de multinacionales y deslocalizaciones de empresas y grandes capitales hacia territorios más ‘benignos’ con la inversión y el dinero del contribuyente. Lo estamos viviendo todos los días mientras la Administración central rentabiliza, euro a euro, todas sus subidas tributarias.  De momento, entre enero y septiembre del presente ejercicio, el denominado como ‘impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas’ ha logrado recaudar 620 millones de euros, mientras que el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades aporta 578 millones ‘extra’. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria (AEAT), además, el ‘impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables’ ingresa otros 450 millones. Todos ellos se han aplicado en los últimos dos años.  El Ejecutivo ha prometido a Bruselas en su proyecto…
“Del mismo modo que la política monetaria se ha vuelto contractiva durante el último año, la política fiscal también debe hacerlo” La inflación es una consecuencia conjunta del abuso de la política fiscal y del abuso de la política monetaria. Cuando algunos economistas remarcan que se trata de “un fenómeno monetario”, se está dejando de lado la naturaleza igualmente fiscal de la misma.  Ambas, tanto la política monetaria como la fiscal, contribuyen a incrementar el gasto nominal agregado a costa del aumento del endeudamiento público y, por tanto, ambas contribuyen a depreciar el valor de los pasivos estatales (entre los que se halla la moneda fiat). Eso es la inflación: que la moneda emitida por el Estado, como pasivo del Estado, se deprecia y, por tanto, todos los precios expresados respecto a sí misma se encarecen.  En este sentido, la primera reacción (tardía) de las autoridades políticas ante el estallido de la inflación que arrancó en 2021 fue apelar a la política monetaria restrictiva: aun con retraso (las primeras subidas de tipos de interés no llegaron hasta marzo de 2022), se escogió enfriar el gasto encareciendo el crédito y recompensando la inmovilización del ahorro (subidas de tipos de interés). Sin embargo, una política monetaria restrictiva puede no ser suficiente para controlar la inflación si la política fiscal continúa adoptando un tono irresponsable.  De hecho, podría llegar a ocurrir que una política monetaria restrictiva en forma de altos tipos de interés terminase teniendo efectos inflacionistas si la política fiscal se comporta de manera irresponsable. A la postre, los altos tipos de interés encarecen el coste de la deuda pública, generando un doble efecto negativo sobre la inflación: por un lado, merman la solvencia del Estado, deteriorando aún más el valor de sus pasivos. Por otro, los mayores desembolsos en intereses incrementan…
Muchas empresas se están viendo obligadas a revisar sus procedimientos, invertir en nuevas tecnologías o buscar soluciones a un nuevo problema que, normalmente, genera tensión para los empresarios La digitalización ya forma parte de todos los aspectos de nuestras vidas y las empresas, conscientes de ello, avanzan en materia de digitalización en busca de optimizar todos sus procesos. Un ejemplo de ello es todo lo relacionado con la burocracia de estas y el ámbito fiscal. Por ello, Capital conversa con Isabel Nogales, responsable de Negocio de Fiskaly en España, una solución SaaS para la fiscalización y digitalización de recibos. ¿Cuáles son las ventajas de digitalizar el sistema fiscal de una empresa? Una de las principales preocupaciones para las empresas a nivel de gestión es cumplir con la normativa fiscal, sobre todo cuando se introducen nuevas legislaciones o se ajustan las existentes. Este aspecto se magnifica incluso para aquellas compañías internacionales que entran a un nuevo país, teniendo que ajustarse a un modelo fiscal nuevo y sobre el que, posiblemente, cuente con poco expertise. Para cualquier negocio, el no tener asegurado el cumplimiento fiscal les pone en riesgo de recibir una sanción, que en la mayoría de los casos supone una cantidad económica elevada, de hasta el 20 % de su facturación. Aquí es donde entra en juego la digitalización que, además de permitirles ahorrar tiempo y recursos, les aporta la tranquilidad, al saber que no están corriendo ningún riesgo en este sentido, al contar con una solución que cumple con la normativa vigente, y que se actualiza de forma automática conforme cambia la legislación. La creación de fiskaly surgió precisamente para cubrir las necesidades de las empresas en materia de fiscalización de forma sencilla, ágil y con todas las garantías de que su empresa está cumpliendo con las normativas aplicables.…
Propone un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas y limitar las empresas pantalla en la UE La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una directiva que asegure el tipo mínimo efectivo del 15% para grandes empresas, además de medidas para eliminar las empresas pantalla, en un paso que busca situar al bloque europeo a la cabeza en la reforma fiscal global. La iniciativa de Bruselas, recocogida por Europa Press, apunta al compromiso de la Unión Europea con la reforma pactada en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que incluye un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades a nivel global del 15%. El objetivo es tener un marco fiscal transparente, equitativo y estable. "No introducimos una armonización fiscal en la UE, sino que establecemos un suelo para que al menos haya un tipo efectivo mínimo. Las diferencias seguirán estando dentro de la UE, pero no podemos aceptar la idea de que la competencia empresarial sea una carrera a la baja", ha indicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. En este sentido, la propuesta de directiva afectará a grandes compañías, tanto nacionales como multinacionales, y del sector financiero, con ingresos de más de 750 millones y con una filial o empresa subsidiaria en algún Estado miembro de la UE. Sobre el funcionamiento concreto, se aplicará un complemento tributario en caso de que el tipo mínimo no sea aplicado por el Estado miembro en el que se establezca la empresa. Existen provisiones para garantizar que las autoridades nacionales aplican este "complemento" tributario. La norma busca que el pago de impuesto sea efectivo también en casos en los que las filiales de las compañías se encuentren en un paraíso fiscal fuera de la Unión, donde no se aplique reglas equivalentes. El plan de Bruselas, que…