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La lucha contra el fraude fiscal en el ámbito local 

Escribe sobre fraude fiscal Arturo José Delgado Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) La inspección de los tributos locales resulta un motor fundamental para la recaudación fiscal de España, de la que depende la estabilidad presupuestaria de nuestro país y la capacidad para contener el ahora desbocado déficit público. No solo por la recaudación directa que conllevan sus actuaciones sino también, incluso en mayor medida, por las consecuencias indirectas sobre el comportamiento ciudadano y empresarial en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Porque lo que no son cuentas, son cuentos, la inspección tributaria local constituye una labor necesaria que redunda en los ingresos fiscales y, por ende, en nuestra salud financiera como país.  Entre otros factores, el aumento del gasto para mitigar los efectos de la pandemia en familias y empresas debería espolear una de las grandes reformas pendientes en nuestro país: la fiscal, que, sin duda, ha de tener en cuenta a las haciendas locales, paradójicamente olvidadas y discriminadas cada vez que se plantea una reforma de este calibre.  Por desgracia, continuamos con esquemas tributarios de mediados del siglo XIX y, en tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), sometidos a una “tutela” estatal que condiciona la adecuada gestión e inspección de los mismos.   Los impuestos locales no están configurados técnicamente como tributos de carácter personal. Son tributos reales, ajenos a la dura situación que, de modo coyuntural, pueda vivir el contribuyente, lo que provoca ante la ciudadanía un deterioro de la imagen de las entidades locales. Mientras el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades se adaptan a la realidad financiera personal y empresarial, el IBI y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de…
Según el estudio anual 'Opinión pública y política fiscal' realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más del 90% de los ciudadanos cree que en España existe mucho o bastante fraude fiscal y un 61% considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para evitarlo El estudio se ha realizado sobre la base de 2.849 entrevistas realizadas entre el 21 y el 29 de julio de 2021 a personas mayores de 18 años de 1.007 municipios y 50 provincias. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica asistida por ordenador. En sus respuestas, un 81,4 % de los encuestados señaló que los impuestos no se cobran con justicia y que no pagan quienes más tienen, un 46,2 % considera que los españoles pagan mucho en impuestos, y un 58,6 % sostiene que, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se paga en impuestos y cotizaciones. Es más, un 60,6 % cree que recibe menos de la Administración de lo que paga en impuestos y cotizaciones, un 30,2 % cree que recibe más o menos lo que paga, y solamente un 5,5 % cree que recibe más de la Administración de lo que paga. Además, un 84,1% contestó que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para explicar el destino de los impuestos, frente a un 11,1% que respaldó el trabajo realizado por los poderes públicos al respecto. Por otro lado, casi la mitad de los encuestados cree que paga muchos impuestos en España, mientras que un 40,2% ve regular lo que paga de impuestos y casi un 10% piensa que es poco. DESAPROBACIÓN DEL FRAUDE FISCAL Pese a una percepción generalizada del fraude, los encuestados creen que la gran parte de personas que…
La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una gran operación a escala nacional contra el fraude fiscal en el sector de la fabricación y comercialización del mueble. La operación, denominada ‘Iroko’, supone el inicio de actuaciones inspectoras sobre un total de 119 sociedades y 38 personas físicas socios y administradores de las empresas investigadas, a partir de la entrada y registro en 112 locales situados en las quince Comunidades Autónomas de territorio común. El dispositivo desplegado por la Agencia afecta a locales tanto de fabricantes de muebles, como de comerciantes mayoristas y minoristas del sector situados en: Andalucía (34), Aragón (6), Asturias (3), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (5), Cataluña (20), Extremadura (2), Galicia (5), La Rioja (1), Madrid (6), Murcia (5) y Comunidad Valenciana (16). Las actuaciones se han iniciado a la hora de apertura de los locales por personación de la Inspección Tributaria y sus Unidades de Auditoría Informática (UAI) en los locales de las sociedades investigadas, con el fin de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información. La experiencia de operaciones realizadas con anterioridad pone de manifiesto que la personación de la Administración en los locales o domicilios donde se realiza la actividad económica y donde se lleva a cabo la gestión del negocio permite una lucha más efectiva contra la economía sumergida. Al tratarse de una actuación de carácter administrativo, las actuaciones de entrada y registro no implican detenciones. Investigación previa El sector del mueble mantiene desde el año 2013 cinco años de crecimiento consecutivo ligado al alza del mercado inmobiliario. En 2017, el sector generó un volumen de negocio superior a los 4.300 millones de euros y todos los subsectores de fabricación incrementaron su facturación.…