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La presión fiscal de los españoles sube un 12% en 2022

La subida del salario mínimo y los nuevos tipos y tramos de impuestos disminuyen la riqueza en un 8% Durante años en España el ciudadano de a pie ha tenido la sensación de vivir en un país con una alta presión fiscal. Para poder responder a esta pregunta hay que fijarse en varios indicadores fiscales, y es que uno de ellos por sí solo puede que no sea necesario. Fijarse tan solo en los impuestos sería una actividad de poca utilidad, ya que la relación de los ciudadanos con hacienda es aún mayor. Para ello hay que hablar de tributos, que son los distintos pagos que realizamos al final de cada año a hacienda y que no todos son impuestos. Es por ello por lo que se utiliza el indicador de la presión fiscal, que consiste en la cantidad de dinero en tributos que los ciudadanos pagan al Estado en comparación con el PIB. Es entonces lógico pensar que a cuanta más riqueza, mayor PIB y por ende más recaudación. Sin embargo, el modelo económico y de recaudación español no funciona así. Y es que los ingresos fiscales y las cotizaciones de la seguridad social tan solo suponen entorno al 60% del PIB español. Factores como las exenciones o medidas similares provocan que no toda la riqueza del país sean rentas gravadas. A pesar de ello, el indicador de la presión fiscal es un buen número para saber cuanto pagamos los españoles en impuesto. Según el estudio Día de la Liberación Fiscal de la Fundación Civismo desde 2018 la presión fiscal de las familias españolas ha aumentado, siendo 2022 el año en el que esta subida ha sido más pronunciada todavía. El día de liberación fiscal consiste en ese momento en el que el trabajador español deja de destinar sus…
Además, más de un 90% considera que hay mucho fraude fiscal y un 80% que no pagan quienes más tienen El 41% de los españoles considera que en España se paga mucho en impuestos, frente a un 46,5% que considera que regular y un 9,6% que poco, al tiempo que casi un 80% no cree que los impuestos se paguen con justicia y más de un 90% piensa que hay bastante o mucho fraude fiscal, según el estudio 'Opinión pública y política fiscal (XXXIX)' realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El estudio, publicado este viernes y recogido por Europa Press, se ha realizado sobre la base de 2.543 entrevistas entre los días 21 y 30 de julio a personas mayores de 18 años de 900 municipios y 50 provincias, y muestra que un 34,3% de los españoles opina que en España se pagan más en comparación con otros países más avanzados de Europa, frente a un 16,7% que cree que se paga igual y un 35,9% que dice que hay menor carga fiscal En sus respuestas, un 79,9% de los encuestados señaló que los impuestos no se cobran con justicia y que no pagan quienes más tienen, frente a un 17,4% que afirma que sí hay justicia en el pago de tributos. Además, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, un 55,7% sostiene que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se paga en impuestos y cotizaciones. Impuestos poco efectivos Es más, un 62% asegura que recibe menos de la Administración de lo que paga en cotizaciones, un 28,7% destaca que recibe más o menos lo que paga, y solamente un 6,6% cree que recibe más de la Administración de lo que paga.
Según estimaciones de Credit Suisse, Santander, BBVA y CaixaBank tendrían una carga fiscal agregada de hasta 930 millones al año El impacto del nuevo impuesto temporal a la banca anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez podría suponer una carga fiscal agregada de hasta 930 millones de euros al año para los tres principales bancos nacionales: Santander, BBVA y CaixaBank, según ha indicado Credit Suisse en un informe que ha elaborado sobre la medida y recogido Europa Press. Esta cifra supondría que la carga fiscal se elevaría hasta los 1.860 millones de euros para los dos años en los que está previsto que el impuesto esté en vigor, 2023 y 2024, según lo anunciado por Sánchez el pasado martes en el Debate sobre el estado de la Nación. La firma ha elaborado dos escenarios, dependiendo de lo que fiscalice el impuesto. En el primer escenario, la carga fiscal sería proporcional a las cuotas de mercado en España de los bancos. Bajo este escenario, calcula que las potenciales cargas anuales serían de 400 millones de euros para CaixaBank (con un impacto de 6 céntimos en el precio de sus acciones); de 300 millones de euros para Santander (con un impacto de 2 céntimos en el valor de sus títulos); y de 230 millones de euros para BBVA, (con un impacto de 4 céntimos). En el segundo escenario, Credit Suisse contempla que el tipo impositivo es del 10% del beneficio en el mercado doméstico antes de impuestos. Con este enfoque, las cargas anuales serían de 300 millones de euros para CaixaBank, de forma que el impacto en sus acciones sería de 4 céntimos; de 200 millones para Santander (con un impacto de 1 céntimo); y de 200 millones para BBVA (con un impacto de 4 céntimos). La firma señala que el mercado…
Anuncia dos tributos con vigencia en 2023 y 2024 y las entidades financieras llegan a descender más del 10% El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en el Pleno del Congreso durante el debate del estado de la nación la próxima aprobación de dos nuevos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años. Unas nuevas medidas que pronto se han trasladado a las bolsas, con el Ibex 35 cayendo cerca del 2% tras el anuncio y situándose a la cola de Europa con un retroceso al cierre de la sesión del 0,62%. Nuevos impuestos a los beneficios En primer lugar, durante su intervención en el Debate sobre el estado de la nación, Sánchez ha informado de que el impuesto a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. Asimismo, ha anunciado un nuevo impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés". Este impuesto, ha explicado, tendrá una duración de dos años -sobre los ejercicios 2022 y 2023- y buscará recaudar 1.500 millones cada año. El anunció de los nuevos impuestos lastró al Ibex 35, sobre todo, a la banca, que en algunos casos llegaba a perder más de un 10%: Sabadell se dejaba un 12,5%, Bankinter, un 10,45%, y CaixaBank, un 10,11%. Por detrás, se han situado BBVA, que caía un 6,43%, y Banco Santander, que perdía un 6,09% en Bolsa. En el mercado continuo, Unicaja Banco también perdía un 6,89%. También caían, aunque en menor medida, las grandes…
Este es el 'top ten' por orden con más carga impositiva: Dinamarca, Alemania, Portugal, España, Polonia, Austria, Eslovaquia, Italia, Chipre y Bélgica España es el cuarto país de la Unión Europea con más impuestos en la factura eléctrica a los hogares, según datos de Eurostat que ha recogido Europa Press y correspondientes a la primera mitad de 2021 en relación a un año antes. Encabezan el podio de países con mayores impuestos en el recibo de la luz a los consumidores domésticos Dinamarca, Alemania y Portugal. Tras España, completan el 'top ten' de países con más carga impositiva Polonia, Austria, Eslovaquia, Italia, Chipre y Bélgica, por este orden. Así, al impuesto de producción eléctrica, que es el que está cedido a las comunidades autónomas, hay que sumarle los peajes y el IVA. En la actualidad, este último está reducido temporalmente al 10% desde el 21% habitual. Para hacer frente a la actual tensión de precios, el Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 30 de junio las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad, los descuentos adicionales del bono social y las ayudas para los consumidores industriales. Por otro lado, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, en noviembre de 2021 se recaudaron 955 millones de euros a través del impuesto especial a los hidrocarburos. En ese mes, el 69,5% fue recaudado por las comunidades autónomas y corporaciones locales, y un 30,5% por el Estado. A esos impuestos hay que sumar los peajes, lo que se cobra para financiar la construcción de las infraestructuras, y el IVA. España, entre los primeros países en número de PPAs Cabe destacar que España ocupa además los primeros puestos en Europa por el número de contratos a largo plazo -PPAs- en electricidad de Europa. Un PPA (Power Purchase Agreement por sus siglas en inglés)…
Capital habla con Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas y Ransés Pérez Boga, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado, sobre la situación del fraude fiscal en España La realidad sobre las cuestiones que engloban a la Hacienda Pública va más allá. “No existe una Hacienda Pública, sino tres niveles de Administraciones Tributarias: central, autonómica y local”. Así lo explica Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Las cuestiones a las que se enfrentan estas entidades derivan en retos como, por ejemplo, mover sus maquinarias administrativas para adaptarse a un mundo más global y digitalizado. “La Agencia Tributaria es puntera en este aspecto”, comenta. Ransés Pérez Boga, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado. Del mismo modo, Ransés Pérez Boga, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado, expone que los problemas a los que hacen frente son los siguientes: el gran fraude fiscal, la baja conciencia fiscal, la existencia de paraísos fiscales, la reforma institucional de la AEAT para adaptarla al siglo XXI y las dificultades de controlar al comercio internacional y electrónico. También, el auge y opacidad de las operaciones con criptomonedas, las cuales, aclara, son “difícil de controlar por Hacienda”. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Desde el punto de vista de Luis del Amo, la finalidad y transformación de las administraciones debe traducirse en una renovación de las plantillas en las que la media de edad sea elevada. Hecho que Pérez Boga confirma: “En los próximos cinco años se jubilará el 25% de la plantilla, por lo que se corre el riesgo de una reducción drástica del personal y, el mejor de los pasos es un rejuvenecimiento de plantilla,…
Los Presupuestos Generales del Estado aplican las primeras subidas fiscales mientras los 17 expertos para la reforma tributaria ultiman sus conclusiones Sólo faltan horas para que Hacienda aplique la primera parte de su "hachazo" fiscal. La fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, la congelación del sistema de módulos por el que tributan gran parte de pymes y autónomos y la reducción de las aportaciones individuales a planes de pensiones con derecho a deducción son algunas de las medidas tributarias que entrarán en vigor el 1 de enero con la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, según informa Europa Press. De cara a 2022 también hay que tener en cuenta en materia fiscal que la declaración anual de IRPF de 2021 que se presentará hasta el próximo mes de junio incorporará los efectos de la subida de los tramos más elevados de las rentas del trabajo y del capital que se incluyeron en los PGE de 2021. Pese a los "ajustes" fiscales plasmados en los PGE de 2022, lo cierto es que el Gobierno está a la espera de que los 17 integrantes del grupo de expertos que abordan actualmente la reforma fiscal presenten sus conclusiones antes del 28 de febrero de 2022. El objetivo del Gobierno es analizar esas conclusiones a partir de febrero de 2022 para su entrada en vigor, como muy tarde en 2023. Y todo ello, siguiendo una senda de consolidación fiscal que apuntale a su vez el crecimiento económico. En el foco del grupo de expertos para la reforma fiscal se encuentra el rendimiento de algunos impuestos, como es el caso del Impuesto sobre Sociedades, además de aquellas figuras tributarias vinculadas a la riqueza, como son Sucesiones, Patrimonio y Donaciones. Entretanto, las nuevas cuentas públicas incluyen como medida…
Los impuestos recaudan hasta octubre 149.142 millones de euros, un 20,9% más, y las regiones logran un superávit de 9.238 millones El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluida la ayuda financiera, se situó en 51.147 millones de euros hasta septiembre, lo que supone restar 26.508 millones a la cifra registrada un año antes, un 34,1% menos, por lo que desciende al 4,23% del PIB, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda publicados por Europa Press. En lo que respecta al déficit del Estado hasta el mes de octubre, el dato se sitúa en el 4,48% del PIB, y desciende un 7,3% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 54.191 millones de euros. Este resultado se debe a un significativo incremento de los ingresos no financieros del 19%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un menor ritmo, con un alza del 11,6%. "La evolución hasta octubre muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada a partir del mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia de la reactivación económica por el avance del proceso de vacunación", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero. En cuanto al déficit público hasta septiembre, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte, con 53.332 millones, el 4,41% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se redujo a la cifra de 53.350 millones, lo que equivale también al 4,41% en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran hasta septiembre de 2021 un superávit de 18 millones. De su lado, la Administración Regional registró un superávit hasta septiembre de 9.238 millones, disparándose un 474,5% respecto al año pasado, lo que equivale al 0,76% del PIB. Este resultado obedece a…
Los aranceles que Estados Unidos aplica desde 2018 a las importaciones de aceitunas negras de mesa procedentes de España, impuestos bajo la administración de Donald Trump, incumplen las normas de la institución multilateral. Así lo ratificaba este viernes la Organización Mundial de Comercio (OMC), subrayando que Estados Unidos "no determinó correctamente si las subvenciones iban dirigidas a los productores de aceitunas" y consideró "incorrecto" al cálculo de la tasa de subvención para una de la empresas españolas afectadas. Washington impuso desde agosto de 2018 unos aranceles a la entrada de aceitunas de mesa españolas que oscilan entre el 30% y el 44% en virtud de sus dos investigaciones 'antidumping' y 'antisubvenciones'. Bruselas, con competencias en materia de comercio en la UE, recurrió esta decisión ante el organismo con sede en Ginebra. En concreto, Bruselas alegó en nombre de toda la UE que estos aranceles son contrarios a determinadas disposiciones del GATT de 1994, del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo Antidumping. El Ejecutivo comunitario defendía que las ayudas a los productores españoles de aceituna negra de mesa se enmarcan dentro de las ayudas desacopladas de la Política Agrícola Común (PAC), que están permitidas por la OMC por no depender de la producción. Bruselas, por tanto, además de defender a los productores españoles, acudió a la institución internacional para reivindicar indirectamente la legalidad del sistema de ayudas agrícolas de la UE. La UE y España urgen a que se acate la decisión Tras conocerse la decisión, tanto la UE como el Gobierno español han instado a Estados Unidos a adoptar las medidas necesarias para "ponerse en conformidad con las recomendaciones" adoptadas este viernes por el grupo especial de la OMC. "Esperamos que Estados Unidos adopte las medidas adecuadas para aplicar el dictamen de la OMC, de modo que…
La delegada de Hacienda y Personal del consistorio madrileño denuncia que "los ayuntamientos hemos sido los grandes olvidados de las políticas del Gobierno" La “batalla” fiscal que se vive en España responde a un sistema descentralizado de competencias que permite que haya zonas del país en las que un ciudadano pague menos impuestos que en otras. En este contexto, los ayuntamientos y demás corporaciones locales también pueden elegir si deciden subir los tipos de sus tributos propios o bajarlos. El objetivo no siempre responde al aumento de la recaudación, aunque, a veces, se consigue de forma indirecta.  Las distintas interpretaciones de los modelos fiscales dan lugar a vertientes más centradas en la socialdemocracia o a otras que podríamos catalogar como liberales. Al menos, en esencia. En esta segunda "rama" se enmarca el Ayuntamiento de Madrid, según podemos inferir de medidas como la última rebaja del IBI, y la estrategia la explica en conversación con Capital la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo. El Gobierno prepara una serie de subidas de impuestos con el objetivo de cuadrar el déficit público por la vía de los ingresos. A nivel de la corporación local, ¿han recibido alguna petición o “sugerencia” en materia tributaria desde la Administración Central?  Nuestra interlocución con el Gobierno central es a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En estos dos años de Gobierno de coalición del PSOE con Podemos, los ayuntamientos hemos sido los grandes olvidados de sus políticas.   Durante una de las peores crisis económicas y sanitarias derivadas de la pandemia de la Covid-19, la aportación del Gobierno al Ayuntamiento de Madrid se ha limitado a concedernos 43 millones de euros para compensar las pérdidas por el transporte, la mitad de lo que recibió Barcelona, teniendo mucha menos población que nuestra capital.  Para el próximo año, hasta ahora todo lo que conocemos es a través de los medios de comunicación.…