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Jubilación

Fedea propone una sola modalidad de jubilación "plenamente compatible" con un empleo

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto reformar la legislación para que exista una sola modalidad de jubilación desde la primera edad posible de jubilación anticipada (61 ó 63 años), en el que se permitiera hacer la pensión "plenamente compatible" con cualquier trabajo o renta con el objetivo de "no desaprovechar" el talento sénior. Con este fin, Fedea plantea crear un nuevo contrato laboral que permitiría que las personas que lo deseen puedan prolongar su actividad más allá de la edad legal de jubilación, trabajando a tiempo completo o parcial, en la misma o distinta empresa, por cuenta ajena o propia, sin topes máximos de retribución. Este contrato, ha explicado Fedea, al efectuarse a personas que ya tienen asegurada su pensión pública, "debería tener un régimen extintivo especial, sin costes indemnizatorios para la empresa contratante" o sólo con un coste de unos meses, pudiéndose establecer un periodo de tiempo mínimo de preaviso para romper libremente la relación contractual en caso de desistimiento de cualquiera de las partes. Para el director general de Fedea, Ángel de la Fuente, tiene sentido flexibilizar el ritmo al que se deja de trabajar y que se pueda compaginar trabajo y pensión "con las mínimas restricciones posibles". Para que a las empresas les sea "rentable" mantener a sus trabajadores más veteranos, De la Fuente ha subrayado que "habría que acabar con las cláusulas de indemnización por despido" en el marco del nuevo contrato laboral propuesto. "O sea que tú puedes seguir trabajando, pero luego no tienes derecho a que si te echan, pues te indemnicen por 40 años de trabajo, sino que en el momento en que se llega a la jubilación, hacemos borrón y cuenta nueva. Puedes seguir trabajando, pero si en algún momento, la empresa decide que ya no te necesita,…
“La Seguridad Social lleva meses pagando las pensiones con deuda pública y no hay un plan para garantizar la sostenibilidad del sistema" España ha destacado históricamente entre los países en los que mejor se vive del planeta, lo cual nos sitúa, teóricamente, como uno de los destinos favoritos para la jubilación. Este posicionamiento, que podríamos calificar como ciertamente objetivo, viene favorecido por factores como el clima, la cultura, la gastronomía o la elevada esperanza de vida. La fortaleza de estos elementos, a priori, parece indiscutible.  No obstante, la calidad de nuestra marca global se resiente después de muchos años de desequilibrios económicos. La clave no reside tanto en el entorno, en la biodiversidad de España o en la oferta de ocio y la superior calidad de vida, sino en la capacidad real del Estado y de la propia economía española de soportar, financiar y sostener en el tiempo el atractivo de ese ‘retiro dorado’ que buscan aquellos que cumplen su etapa laboral.  El deterioro de varias de nuestras variables macroeconómicas en los últimos años nos sitúa como el peor territorio europeo para disfrutar del merecido retiro tras una etapa laboral que cada vez será más larga. Según la última edición del estudio ‘Global Retirement Index’, elaborado por Natixis en 2023, España ocupa el puesto 37 de una lista de 44 países de todo el mundo en términos del atractivo para retirarse.  Nuestro país solo supera en esta clasificación a China, Rusia, México, Colombia, Turquía, Brasil e India, siete estados que arrojan algunas dudas, por decirlo suavemente, en cuanto a calidad democrática. España está por detrás de toda Europa, incluso de economías más endeudadas (como Italia) y con mayores desequilibrios en términos de déficit público (Francia). La razón fundamental de esta mala posición, que ensombrece todo lo que nuestro país puede…
La edad media de la población trabajadora en España ha aumentado en más de cuatro años desde 2000 La caída de la natalidad y el aumento de la longevidad han hecho que la edad media de la población trabajadora en España aumente en más de cuatro años desde el inicio del siglo, según la última publicación de 'Papeles de Economía Española' editada por Funcas. El estudio dedicado al cambio demográfico en España indica que estos factores están provocando una drástica recomposición por edades de la población, que tendrá efectos no solo en el tamaño de la fuerza laboral o la evolución de la productividad, sino también en la demanda de bienes y servicios o las prioridades en el gasto público de los gobiernos. En el monográfico, titulado 'La economía española frente al reto demográfico', se analiza el rápido envejecimiento de la población activa en España, el cual es especialmente intenso entre los trabajadores no asalariados, varones, asalariados del sector público, empleados de empresas pequeñas y comunidades autónomas del norte-occidental de la península. El análisis realizado por Brindusa Anghel, Juan Francisco Jimeno y Pau Jovell señala que, respecto a los perfiles de ingresos laborales por edad, se observa una desaceleración de los ingresos a partir de los 45 años y una caída acusada a partir de los 60 años, que sugiere una disminución de la productividad en esos grupos de edad. Si entre 2002 y 2022 la población ocupada aumentó en torno al 18%, la población ocupada de 50 años o más se multiplicó por más de dos, mientras que la población ocupada de 16 y 29 años se redujo a la mitad. Este fenómeno, que complica la situación generacional de trabajadores en todos los segmentos del mercado de trabajo, afecta al crecimiento agregado de la productividad, principal motor de crecimiento…
“El sistema público de reparto es irracional por desvincularse del aportante, por económicamente insostenible y porque su naturaleza pública impide al ciudadano diseñar su propia estrategia de previsión”  El sistema de jubilación hoy es un sistema público de reparto, por el que los trabajadores en activo cotizan al sistema público para sufragar las pensiones de los jubilados y no capitalizando sus aportaciones en garantía de su pensión. El sistema está en quiebra por nuestra tendencia demografía, por desempleo crónico y por desproporción entre salarios y pensiones que crecen mucho más, porque los jubilados son un objetivo electoral. Así, el sistema se financia, no sólo con cotizaciones (por encima de la media de la OCDE), sino con deuda pública contra nuestros nietos. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 2/2023 de reforma de las pensiones que agrava el problema, según el Banco de España, la AIReF, Fedea, BBVA y el sentido común. Establece un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que, esencialmente, consiste en el aumento de las cotizaciones de los empresarios (0,5% - 1%) y trabajadores (0,1% - 0,2%) para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social,que no será computable a efectos de prestaciones. Además, se incorpora una “cotización adicional de solidaridad” (¿solidaridad obligatoria?), del 5,5% al 7% sobre el exceso de la base máxima de cotización (54.000 €). Y si estos incrementos no cubrieran las pensiones (indexadas al IPC y computando a 25 años), que, según Fedea, en 2050 podrían llegar al 16% - 17,5% del PIB (13% sin reforma), se prevé un mecanismo gubernamental, ¡no parlamentario!, para cuadrar las cuentas ‘a martillazos’, incrementando cotizaciones o reduciendo pensiones. Siguiendo a Fedea, el 65% del peso lo soportarán los sueldos superiores a los 54.000 euros y el 35%, los inferiores, que son muchas más personas, en un escenario de alto…
Con la llegada del año que viene, la edad legal de jubilación sube a 66 años y cuatro meses en España Los españoles que quieran jubilarse a partir de este domingo, 1 de enero, con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y cuatro meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años, recoge Europa Press. Estos 66 años y cuatro meses será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 37 años y nueve meses de cotización (este año se exigen 66 años y dos meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 37 años y seis meses cotizados). Si se superan los 37 años y nueve meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse desde el 1 de enero de 2023 con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos. Lo que no cambió con la reforma de 2013 es el requisito de cotización mínima para poder acceder a la pensión contributiva de jubilación, que se mantuvo en al menos 15 años, dos de los cuales deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la jubilación. Jubilación parcial En el caso de que los trabajadores quieran acceder a la jubilación parcial sin que la empresa haga un contrato de relevo, la edad mínima de acceso será la edad ordinaria de jubilación que en cada caso resulte de aplicación. Si la empresa hace un contrato de relevo para cubrir el tiempo de trabajo que deja de trabajar la persona que se jubila parcialmente, la edad mínima de acceso para la jubilación parcial será desde el 1 de enero de 2023 de 62 años…
El Ministerio de Escrivá estima que el gasto en pensiones representa el 12% del PIB en el último año, menos que en 2020 pero más que en 2019. La Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 10.251,5 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 3,2% más que en el mismo mes de 2020, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha publicado Europa Press. El Departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se ha situado en el 12% del PIB en el último año, cifra inferior a la de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, pero superior a la de 2019 (10,9% del PIB). El gasto estimado por el Gobierno para 2021 supone un aumento del 3% respecto al ejercicio 2020, en línea con lo adelantado en los Presupuestos Generales del Estado. De los 10.251 millones de euros que se dedicaron en octubre al abono de las pensiones contributivas, más de dos tercios se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 7.389,9 millones de euros, casi un 3,8% más que en octubre del año pasado. A las pensiones de viudedad se destinaron 1.747,2 millones de euros, un 2,1% más que hace un año, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron casi 945 millones de euros (+1,2%). Por su parte, el pago de las prestaciones de orfandad conllevó un importe de 142,7 millones (+2,6%), y el de las prestaciones a favor de familiares totalizó 26,6 millones de euros (+4,7%). La pensión media de jubilación escala hasta los 1.193 euros al mes En octubre de este año se han abonado 9.881.206 pensiones contributivas, un…
La pensión media por jubilación en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos (RETA) apenas ha subido 170 euros, situándose, en este decenio en 793 euros, mientras que la del Régimen General de la Seguridad Social es de 543 euros más, concretamente de 1.336 euros. Así lo afirma un informe publicado este martes por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en base a los datos de la Seguridad Social que ha hecho que UPTA vea necesario abordar el cambio de modelo de cotización para las personas trabajadoras por cuenta propia, además de la resolución de uno de los principales "quebraderos de cabeza" del colectivo, que son las pensiones. "Este es sin duda uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. ¿Quién puede vivir con apenas 793 euros al mes? Tal y como están las cosas podemos asegurar que los jubilados autónomos están más cerca de una pensión no contributiva o de subsistencia que de una pensión contributiva, a pesar de llevar toda una vida cotizando", ha denunciado el presidente de UPTA, Eduardo Abad. Detrás de esta situación están, según la organización, las bajas cotizaciones que, en estos años de trayectoria del RETA, se han realizado por parte de la mayoría de las personas trabajadoras autónomas. Desde UPTA, han planteado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, varias propuestas con la finalidad de establecer incentivaciones voluntarias para aumentar las bases de cotización en el colectivo. Igualmente, propone la creación de un fondo de pensiones adicional al Sistema que funcione con características similares a los privados y con aportaciones que tuvieran ciertas ventajas fiscales, que se regularizarían en el momento de su percepción, tal cual están funcionando los seguros de pensiones privados. Estas aportaciones adicionales podrían acumularse a las bases…
Un estudio de Willis Towers Watson muestran que las mujeres y los autónomos serían de los más perjudicados Según el estudio realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con las universidades de Valencia y Extremadura, la ampliación a 35 años del cálculo de la base reguladora en el sistema de pensiones impactaría negativamente en la cuantía de la pensión media inicial de jubilación, que disminuiría alrededor de un 8,6%. Los expertos han investigado cómo esta medida afectaría en mayor o menor medida a determinados grupos de trabajadores según sus diferentes características. La variable más relevante es, según el análisis, la duración de la carrera laboral, ya que las personas con carreras cortas verían disminuir su pensión un 15% frente a aquellas con carreras largas (equivalente a más de 43 años y 8 meses cotizados), que sufrirían la mitad de reducción (7,5%). Asimismo, el estudio detecta un posible problema de "discriminación indirecta" por razón de género, ya que las mujeres presentan carreras laborales más cortas, con lo cual su pensión inicial se recortaría un 10,3%, frente a un 7,9% en el caso de los hombres. Esto supone una reducción superior al 30% para las mujeres respecto a los hombres. La edad de jubilación también tiene un efecto relevante. Según los cálculos del observatorio, el impacto sobre la pensión de aquellos trabajadores que decidieran demorar su jubilación sería mayor, con una reducción del 11,6%, frente al 8% de los que opten por anticipar su retiro. En definitiva, desde el punto de vista de los pensionistas, el aspecto negativo de esta reforma es el impacto que tendría sobre la suficiencia de las futuras pensiones. No obstante, tal y como se apunta desde el estudio, hay que tener en cuenta que los individuos podrían compensar, total o parcialmente, esta…
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este jueves la normativa española que exige un importe mínimo en la pensión para obtener una jubilación anticipada a pesar de que hacerlo perjudique más a las mujeres al ser mayoritarias en el sector de empleadas del hogar. El tribunal con sede en Luxemburgo responde así al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había planteado una cuestión prejudicial a la Justicia europea antes de pronunciarse sobre un caso que enfrenta a una trabajadora con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) Tras haber cotizado siempre en el antiguo Régimen Espacial del Servicio Doméstico, actual Sistema Especial para Empleados del Hogar, solicitó al INSS una pensión de jubilación anticipada voluntaria desde el momento en el que cumpliera 63 años. El INSS denegó su solicitud porque el importe de la pensión que percibiría es inferior a la pensión mínima que le correspondería al cumplir los 65 años. En un primer momento, el Juzgado número 10 de Barcelona dio la razón a la trabajadora porque entendió que el criterio que siguió el INSS constituye una discriminación directa hacia las mujeres, que ocupan la mayoría de los puestos de trabajo en el sector de empleados del hogar. El INSS interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En su sentencia de este jueves, el TUE ha dictaminado que la legislación europea "no se opone" a una normativa como la española supedita el derecho de un trabajador a una pensión de jubilación anticipada al requisito de que esa pensión sea "al menos, igual a la cuantía de la pensión" que le correspondería a la edad de 65 años y "aunque esta normativa perjudique en particular a las trabajadoras respecto a los trabajadores". En primer lugar, el tribunal de Luxemburgo argumenta…