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La digitalización del sector público, un impulso transformador de la sociedad

La digitalización del sector público no solo conlleva mejoras operativas, sino que también genera un impacto económico significativo. Estas iniciativas han contribuido a la creación de empleo en el ámbito tecnológico y a la mejora de la eficiencia de los servicios gubernamentales. Desde Stratesys, multinacional tecnológica, se observa un impacto positivo en la sociedad, ya que la accesibilidad y personalización de los servicios benefician directamente a los ciudadanos, promoviendo una mayor inclusión y participación en los asuntos públicos. Esta transformación no solo busca modernizar la administración, sino también generar un cambio positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. La seguridad y privacidad de los datos son prioridades fundamentales en el proceso de digitalización. Las estrategias implementadas incluyen medidas avanzadas de ciberseguridad, encriptación de datos y protocolos de protección rigurosos. Estas prácticas buscan garantizar la integridad y confidencialidad de la información del ciudadano, construyendo así la confianza necesaria en el entorno digital. En este contexto, los expertos de la compañía tecnológica consideran crucial destacar que estas medidas no solo protegen los datos, sino que también respaldan la confianza de los ciudadanos en la administración digital. Colaboración interinstitucional para una transformación integral La colaboración entre diversas instituciones gubernamentales es esencial para una implementación efectiva de la digitalización. Compartir recursos, conocimientos y experiencias puede acelerar la adopción de tecnologías innovadoras y garantizar una oferta de servicios coherente y eficiente para todos los ciudadanos. Esta colaboración demuestra un compromiso conjunto en la modernización del sector público, promoviendo la cohesión y la eficacia en la entrega de servicios digitales. Ejemplos concretos respaldan la efectividad de las iniciativas de digitalización. Se han observado mejoras significativas en los tiempos de respuesta a consultas ciudadanas, la eficiencia operativa en la gestión de trámites, y un aumento en la satisfacción del ciudadano. Estos resultados cuantificables demuestran el…
“El trabajo y los ingresos de los empleados públicos están garantizados al margen de los resultados que obtengan” Desde hace varios años, en España se está produciendo un aumento significativo del número de empleados públicos en comparación con la evolución de la población activa del país. Y aunque muchas personas podrían pensar que esta tendencia representa un fenómeno positivo para el país, en realidad constituye un movimiento preocupante hacia una economía más estatalizada y, por tanto, hacia una sociedad menos productiva y menos libre.  Más en particular: durante la última década, el número de empleados públicos en España ha crecido a un ritmo mucho mayor que el de la población activa. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 había en España un total de 3,5 millones de empleados públicos, lo que representa alrededor del 15% de la población activa. Si comparamos estos datos con los de hace una década, podemos ver que este guarismo ha crecido en unas 500.000 personas, mientras que la población activa apenas lo ha hecho en 120.000: es decir, que hace diez años los empleados públicos representaban apenas el 13% de la población activa.  Este fuerte crecimiento del número de empleados públicos no se ha producido por casualidad, sino que responde a una política de creciente intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Durante los últimos años, las administraciones públicas españolas han venido apostando por una economía cada vez más estatalizada, en la que el sector público juega un papel expansivamente relevante y se erige como el principal empleador de la sociedad, absorbiendo así competencias y actividades que antes eran realizadas total o parcialmente por el sector privado. Semejante proceso de estatalización de la economía y de la sociedad tiene graves consecuencias sobre nuestra prosperidad y nuestra libertad.   En…
"La reversión del incremento de gasto para funcionarios y pensionistas es una tarea políticamente 'suicida', la Administración está condenada a mantenerlos El gasto de las distintas Administraciones Públicas españolas superará este año los 640.000 millones de euros, según se desprende de las estimaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esto supone un incremento del 35% frente a los 473.000 millones registrados hace 10 años, en 2013, cuando la economía española se recuperaba de la crisis de deuda hipotecaria gracias al rescate bancario.  En este mismo periodo, el PIB de España habrá pasado de los 1,02 a los 1,28 billones de euros, según la media de las últimas previsiones (menos de un 5% en 2022 –aunque el INE calcula que fue del 5,5%- y un 1,3% en 2023). Es decir, que, en la última década, la capacidad de creación de riqueza de la economía española habrá avanzado un 25%, un 30% menos que lo que aumenta el gasto público. Dicho de otra forma, de media, en los últimos 10 años, por cada euro que ha avanzado el PIB, la Administración se ha gastado 1,4 euros más.  Cuestionado por este asunto, un ex diputado del Congreso con dilatada experiencia en materia presupuestaria fue bastante claro al respecto. “A pesar de las cifras, el margen para reducir el gasto público en España es mínimo. Más de 3,3 millones de funcionarios son muchos votos y, por cada capítulo de gasto que se incrementa, casi siempre hay un lobby -grupo de presión- detrás, cuyos miembros se benefician. Y hacen mucho ruido…”.  En síntesis, y según se desprende de las palabras de este ex diputado conservador, los aumentos de gasto público prácticamente se blindan en cuanto son aprobados en los PGE, en las cuentas públicas autonómicas o en las locales. La reversión de los incrementos…
El Tesoro Público anunciará mañana una reducción de la emisión de deuda prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 gracias a que las previsiones de ingresos fiscales de 2020 "se han visto superadas" por la recaudación, según ha avanzado este jueves la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño. "Mañana mismo el Tesoro Público va a hacer el anuncio y la previsión de emisión de deuda para este año y va a dar esa buena noticia, la de que vamos a reducir la emisión de deuda con respecto a lo previsto cuando se presentó el proyecto de Presupuestos", ha subrayado Calviño en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press. Conforme a las proyecciones de la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021, la emisión bruta por parte del Tesoro Público registrará este año una cifra récord de 299.138 millones de euros, un 6% más que el ejercicio anterior, mientras que el endeudamiento neto previsto para 2021 asciende aproximadamente a 110.000 millones de euros. Precisamente, el Tesoro celebra este jueves su primera subasta de 2021, en la que espera captar entre 5.250 y 6.750 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado. Por otro lado, Calviño ha destacado que la economía española mantuvo en el cuarto trimestre de 2020 el "dinamismo positivo" mostrado en el tercer trimestre a pesar de la segunda ola. "Nuestra previsión es que el dinamismo y el rebote del tercer trimestre se mantuvo en el cuarto y seguirá acelerándose en 2021", ha señalado. Calviño ha indicado que todavía quedan por delante "semanas y meses" complicados, aunque en la segunda parte del año se observará un mayor crecimiento económico, a medida que avance la vacunación frente al Covid entre la población. Preguntada por…
Tubos Reunidos ha formalizado la presentación de una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas afectadas por la pandemia por importe de 115 millones de euros. Dicho importe se desglosa en un préstamo participativo por importe aproximadamente de 100 millones de euros y un préstamo ordinario convertible en participativo en 2021 por importe de 15 millones de euros, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Esta solicitud de apoyo público temporal se enmarca dentro de la situación actual del mercado y de actividad de la compañía, causada por el profundo impacto y persistencia de la pandemia causada por el covid-19", ha resaltado la compañía. A ello se suma, según ha explicado, la perspectiva para los próximos meses, con un "alto grado de incertidumbre" en el sector, donde se han paralizado más del 50% de los proyectos de inversión en los que participaba la compañía, "circunstancias que provocan la necesidad de obtener financiación adicional con el fin de que Tubos Reunidos pueda llevar a cabo las acciones contempladas en el Plan Estratégico 2021-2024".
La caída de los ingresos y el aumento del gasto derivados de la crisis del coronavirus ha elevado el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales, a 78.952 millones de euros hasta octubre, lo que equivale al 7,14% del PIB, frente al 1,35% de hace un año, por lo que se quintuplica respecto al año pasado. Mientras, el déficit del Estado se ha situado en el 6,54% hasta noviembre, frente al 0,88% del PIB de hace un año, con 72.322 millones de euros, casi siete veces mayor. Al igual que en los meses previos, todos los datos están afectados por la declaración del estado de alarma y la batería de medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia con el objetivo de paliar los efectos sociales, económicos y laborales de esta emergencia. De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, si se descuenta el gasto en intereses (déficit primario), la cifra del déficit del Estado desciende hasta el 4,7% del PIB. Esta evolución obedece, por un lado, al descenso del 12,8% de los ingresos, hasta los 162.312 millones, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, y a un aumento de los gastos del 19,1%, hasta los 234.634 millones, correspondiendo casi el 90% del incremento a gastos relacionados con la pandemia, como el aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas. Por su parte, las comunidades autónomas han registrado hasta octubre un superávit de 1.084 millones, lo que supone el 0,10% del PIB, frente al déficit del 0,36% del PIB registrado hace un año. Esta evolución positiva, explica Hacienda, se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades…
El secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro, ha afirmado en declaraciones a la Agencia EFE, que espera que "haya un impulso en política pública" a la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en España y antes que por la vía legislativa. “Esto tiene que ir por la vía de la política pública antes que por legislación”, ha señalado Alfaro durante la presentación hoy en el IE Business School de la sexta edición del Estudio Multisectorial sobre el Estado de la Responsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en España. Alfaro se ha mostrado partidario de que sean las propias empresa las que se autorregulen en materia de sostenibilidad. Ha destacado que el 24 % de los consejeros de las grandes empresas en España son mujeres y ha señalado que se puede esperar que en el año 2030 se pueda cumplir el objetivo de alcanzar el 30 % “sin tener que legislar como en el Reino Unido”. Alfaro ha lamentado que el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (Cerse), órgano adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social lleve sin reunirse desde marzo del año 2016. Asimismo, ha señalado “lo poco efectivo” que ha sido hasta el momento, lo cual se debe, ha dicho, al tamaño de su composición y a los intereses cruzados de sus integrantes. Respecto al estudio, para su elaboración se ha encuestado a 112 grandes empresas que facturan más de 300 millones de euros, de las cuales 24 forman parte al Ibex 35, y que han sido agrupadas en diez sectores de actividad basados en el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones. El mánager de Sostenibilidad y Calidad de Vodafone España y director de esta publicación, José Manuel Sedes, ha explicado que los objetivos de este documento son conocer en…
La fábrica de contenidos (series, informativos y entretenimiento en distintos formatos) y el fútbol. Cada una factura un tercio de los ingresos totales. “Con La Sexta empezamos a empatar –equilibrar las cuentas- en el segundo trimestre en términos económicos. Ahora la publicidad se debilita un poco, pero no hay problemas. Hemos lanzado La Sexta 2 y vamos a lanzar La Sexta 3”, señala Jaume Roures. En cuanto a La fábrica de contenidos, factura más, pero con márgenes más estrechos por la crisis y la caída de la publicidad. Y por lo que se refiere al fútbol, “el problema es que hemos impulsado un modelo nuevo que tiene que madurar, en el que se paga 1 euro por los partidos y no 12. Pero hemos demostrado que teníamos razón: que se puede ver fútbol en todos los formatos y en todos los sitios. También tenemos ese problema de la sentencia que nos ha llevado al concurso de acreedores…”, dice Roures. "Si no tuviéramos dinero, como Cebrián, ya habríamos vendido La Sexta" Jaume Roures no parece tener prisa en fusionar La Sexta con Antena 3: “Es un proceso que tiene que madurar tranquilamente. Si no tuviéramos dinero, como Cebrián, habríamos vendido y ya está. Pero la queremos fusionar. Y eso requiere un tiempo. Ten en cuenta que La Sexta tiene 150 personas y, Antena 3, 1.500”, indica. Si se concreta la fusión con Antena 3, Imagina daría un buen paso adelante. La fusión sumaría ocho canales y dos más en Internet. La suma de las audiencias de los canales de televisión (Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Nitro y La Sexta 2) hoy en día sería de más de un 20% de share, una cifra que daría mucho poder para captar el interés de la publicidad: “Está claro. Por eso negociamos con ellos”,…