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Economía

Reforma eléctrica: Del chispazo al apagón

Por Redacción Capital

al 100% de las partes en conflicto no les gusta la nueva norma. Nadie, ni las eléctricas tradicionales (Endesa, Iberdrola, etc.), ni las firmas de energías renovables, ni los consultores energéticos, ni mucho menos la oposición política parecen apoyar un texto que no sienta las bases de una política energética con un mínimo de sentido común, algo que España no ha tenido nunca. ¿Quiere decir esto que esta reforma no vale para nada y que era mejor no hacerla? Tampoco es eso. “Era absolutamente necesaria, sobre todo por el déficit, que perturba cualquier decisión que pueda tomar un inversor. Ahora bien, tanto en la forma como por los elementos que se introducen, la realidad es que no se solucionan los problemas que había”, explica Jordi Dolader, socio de la consultora AF Mercados. ¿Y cuáles son esos problemas del sector eléctrico? Pues la inexistencia de un mercado libre donde cada operador venda su producto al precio que dicte la demanda. Tampoco se define una política energética común para España. ¿Apostamos a renovables, a generación tradicional? ¿Somos nucleares? Ni una línea en todo el texto. La ley tampoco se pronuncia en temas importantes como el autoconsumo, las smartgrids y las smartcities. Tampoco se modifica el mercado mayorista (el famoso pool), donde unas tecnologías no compiten con otras en igualdad de condiciones. ¿Y qué ocurre con las insularidades? “La reforma está repleta de temas financieros. Nada de premiar a la energía productiva. Además, la ley liga las inversiones en renovables a bonos del Tesoro. ¿Qué tiene que ver una planta de generación con la especulación sobre el Reino de España? Todo está empapado de una visión muy financiera, muy del partido del Gobierno, muy del palco del Real Madrid, muy FAES. Pero nada que ver con la economía real”, añade Dolader. Los expertos tampoco se fían cuando se les pregunta si la reforma cumplirá su gran objetivo: eliminar el déficit, que ya supera los 26.000 millones de euros. Y eso que la norma recorta de todos los sitios (comercializadoras, distribuidoras, primas a renovables) y sube el precio al consumidor final, que paga la luz un 63% más cara que hace ocho años. A pesar de todo ello, el ministro Soria ha anunciado que espera un déficit de 4.500 millones en 2013. Pero que será el último. “Este déficit se genera a pesar de que en los dos últimos ejercicios las compañías han sufrido recortes con un impacto de más de 4.500 millones de euros en sus cuentas”, dicen desde Unesa, la patronal del sector. El motivo que explica que no se frene la diferencia entre lo que se paga y lo que cuesta generar las chispas (el déficit) está en la crisis, que provoca un consumo en caída libre, y en la eficiencia energética, que ya está empezando a dar resultados. Adiós a la competitividad. Así las cosas nos encontramos con una reforma que condena a las renovables, que lastra a las utilities, que hace que los españoles sean el tercer país de la UE con la energía más cara, cuando el coste de generación es un 10% menor que la media de Europa y que, por tanto, reduce la competitividad de nuestra menguante industria. Y qué decir de las pymes que sufren en sus carnes estos costes energéticos prohibitivos. Es decir, una norma que no pone coto a las decisiones políticas pasadas que generaron sobrecostes en el sistema eléctrico (fotovoltaicas, carbón nacional, amortización de nucleares e hidráulicas...), y que también provocaron que en la actualidad haya instalados 120.000 MW de potencia, de los que solo se utiliza un tercio. Esto condena a las centrales de ciclo combinado, que sobran, pero que son necesarias para asegurar el suministro (el viento y el sol no salen cuando uno quiere). Estamos por tanto ante un parche que necesita muchos otros más si de verdad se quiere evitar el cortocircuito energético. Ojalá la reforma del mercado del gas que Industria ha anunciado para 2014 no se quede a medio camino y solucione, de verdad, los problemas de los gasistas.]]>

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