La economía española está inmersa en una dinámica de desaceleración. La única duda es su intensidad. Por el momento, el consenso de los analistas y las proyecciones de los principales organismos internacionales sitúan al crecimiento del PIB en 2019 por encima del 2 por 100. Sin embargo, el ajuste tiene serias probabilidades de ser mayor a la vista de la evolución de la economía internacional, en especial de la europea, y de la política económica dibujada por el Gobierno. La combinación de ambos factores sugiere una mayor caída de la actividad el año venidero que podría, ceteris paribus, desembocar en un escenario de estancamiento e incluso de recesión en 2020. Quizá esta afirmación parezca exagerada, pero no lo es.
De entrada, los elementos externos que contribuyeron a impulsar el ciclo expansivo a partir del tercer trimestre de 2013, un precio del petróleo bajo y unas condiciones monetarias laxas, han desaparecido o están en trance de desaparecer. El barril de crudo se ha colocado alrededor de los 80 dólares sin previsiones de descender y la política monetaria del BCE ha iniciado ya su normalización; el programa de compras de bonos soberanos termina a finales de diciembre. Esto significa que los tipos de interés a largo irán al alza y, tanto si el BCE los sube a corto como si no, ese movimiento será transmitido por el mercado al Euribor.
En paralelo, la incertidumbre sobre la política comercial norteamericana y el riesgo de una acentuación del proteccionismo a escala global afectará de manera negativa al comercio y al crecimiento globales. Asimismo, la mix de expansión fiscal y restricción monetaria se traduce en una apreciación del dólar y en una elevación de los tipos de interés en EE.UU. con un efecto desestabilizador sobre las economías emergentes -encarecimiento de su deuda en divisa americana y salidas de capitales a América- que ya se ha reflejado en las crisis financieras argentina y turca con serias opciones de llevar a la recesión a Brasil, Rusia, Sudáfrica.
En el caso europeo, la negativa de la tercera economía de la UE a asumir las reglas fiscal-presupuestarias de la Unión Monetaria se traducen en una amenaza para la estabilidad del euro con altas probabilidades de contagio a países con altos niveles de endeudamiento. A ello se añade la segura entrada de un potente bloque populista en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo que, a pesar de sus diferencias, comparte un punto en común: su hostilidad a la disciplina macroeconómica y a las reformas estructurales. Este conjunto de hechos plantea un escenario muy preocupante para la UE en los próximos meses.
Por lo que se refiere a España, el deterioro de la balanza comercial merma la aportación positiva del sector exterior al PIB a causa del repunte de los precios de la energía, de la debilidad del comercio mundial, del agotamiento del boom turístico producido por la recuperación de los competidores mediterráneos así como de la paulatina alza de los costes laborales unitarios y de la inflación, lo que tenderá a apreciar el tipo de cambio real con la consiguiente pérdida de competitividad. Ello se traducirá́ en un progresivo estrechamiento del superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente.
Por lo que respecta al desempleo, el menor crecimiento del PIB real anticipa el freno del proceso de creación de puestos de trabajo. Esta tesis se refuerza por el agotamiento relativo de los efectos de la reforma laboral, acentuados por la decisión de volver a un sistema de negociación colectiva sectorial y territorial monopolizada por los sindicatos en detrimento de los convenios de empresa, por la brutal subida del SMI y por la recuperación del subsidio de paro para los mayores de 52 años que desincentiva la búsqueda de trabajo para ese colectivo.
La inercia cíclica de la economía española, aún presente, permitirá que el déficit público baje del 3 por 100 del PIB, pero sin cumplir el objetivo remitido a la UE para este año y para el próximo. La “nueva senda” que plantea el Gobierno para este ejercicio y para el venidero ha sido rechazada por las autoridades europeas. Además, la insuficiente disminución del déficit prevista por el Gabinete para 2018 y 2019 no puede enmascarar el importante deterioro del balance presupuestario estructural, lo que pone en cuestión la disminución del déficit en el corto plazo y su sostenibilidad si el crecimiento del PIB es inferior al previsto.
En ese entorno de fragilidad interna y de amenazas externas, la ausencia de una política económica destinada a recortar de manera decidida el desequilibrio de las finanzas públicas; la parálisis de las reformas estructurales imprescindibles para dotar a la economía de flexibilidad y acomodarse a un escenario bajista sin excesivos costes; la supresión de parte de las reformas realizadas en la anterior legislatura, lo que se ha producido en el mercado laboral y en las pensiones; la debilidad parlamentaria del Gabinete, soportado por una coalición alérgica a la disciplina, configuran una escena preocupante. Esto basta para explicar una disminución del ritmo de crecimiento del PIB superior, sin duda, a la descontada en estos momentos por la mayoría de los analistas y por los mercados.
Las vulnerabilidades que tenía la economía española –exceso de endeudamiento público y privado y rigideces estructurales para adaptarse a un cambio de ciclo- cobran una especial relevancia ante la renuncia del Gobierno a rebajar el déficit a través de ajustes del gasto en vez de mediante subidas de impuestos en una coyuntura aún expansiva, por su voluntad de incrementar los desembolsos del sector público y por su decisión de no flexibilizar los mercados de bienes, de servicios y de factores. Esto empeora las expectativas de las familias, de las empresas y de los inversores y, por tanto, contribuye a agudizar y acelerar la trayectoria bajista del PIB.
La coyuntura económica española, junto a la estrategia para abordarla, inciden de manera directa en las expectativas de las familias y de las compañías. Las primeras toman sus decisiones en virtud de sus perspectivas sobre sus futuras rentas; las segundas, sobre la rentabilidad futura de sus inversiones. Ambos elementos tienen una previsión negativa en un espacio temporal inmediato sin visos de ser invertido. La política económica planteada no tiene credibilidad y, por tanto, no genera confianza. Es la peor posible en el momento menos oportuno.
Por tanto, la consecución de un crecimiento del PIB en los contornos del 2,5 por 100 en 2019 resulta inalcanzable, y existe un evidente peligro de que los factores interiores y exteriores señalados conduzcan a un incremento de aquel indicador más cercano al 1,5 por 100 que al 2 por 100 en el ejercicio próximo y, obviamente, a una aminoración de la dinámica de creación de empleo. La inercia de la recuperación ha terminado y la estrategia económica gubernamental conducirá de manera inexorable al término del ciclo expansivo inaugurado en el último trimestre de 2013. La experiencia demuestra que, cuando la economía española entra en una fase de desaceleración, la posibilidad de lograr un aterrizaje suave es una tarea muy difícil.
En las actuales circunstancias, España necesita una rápida disminución del binomio déficit-deuda, una profundización en la reforma del marco jurídico institucional para dotar de mayor eficiencia a la economía y la preservación de las reformas regulatorias realizadas en la legislatura 2012-2015; es decir, se precisa una orientación radicalmente distinta a la pactada por el Gabinete con Podemos.
Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket Corporative Intelligence.
Artículo publicado en el número de diciembre de 2018 de la revista Capital.
