Mario Armero es vicepresidente ejecutivo de ANFAC.
A lo largo de su vida útil un coche en España soporta 10 impuestos diferentes. En la compra, cuando reposta, cuando circula, cuando cambia de propietario, cuando se achatarra… Diez tributos distintos que aportan a las arcas públicas españolas más de 28.000 millones de euros al año. Abonados, por cierto, por los ciudadanos, porque no contamos en esta suma la tributación que aplica a las empresas del sector de la automoción, esas que constituyen el 10% del PIB y emplean a alrededor del 9% de la población activa del país.
Sin que haya nada claro todavía, en el entorno político actual se están poniendo sobre la mesa una pluralidad de impuestos que podrían tener un impacto negativo en la fiscalidad de la automoción. La equiparación de tributación del diésel y la gasolina en el Impuesto de Hidrocarburos, la subida de la prima de los seguros de coche, el impuesto por emisiones de CO2 que prepara Cataluña son escenarios que estamos valorando para determinar hasta qué punto pueden afectar a nuestro mercado. ¿Es posible que incrementen sustancialmente la tributación de los vehículos? Porque una excesiva presión fiscal desincentiva la demanda y debilita el mercado. Y al final, impacta sobre las fábricas españolas de vehículos, que ven peligrar su competitividad por las distorsiones en las ventas que provocan estas subidas de impuestos.
No es lógico penalizar, por ejemplo, el consumo de diésel a través del impuesto de Hidrocarburos bajo la justificación medioambiental. Esta carga extra implica que el legislador no está queriendo ver las mejoras que la tecnología y la innovación ha traído a estos motores en los últimos años. Los vehículos diésel nuevos han reducido sus emisiones contaminantes en un 84% y en más de un 90% sus emisiones de partículas respecto de sus iguales de hace 10 años. Además, emiten un 15% menos de CO2 y consumen un 25% menos de combustible, lo que les hace mucho más eficientes.
Si lo que se quiere es reducir la contaminación asociada al tráfico, lo mejor es sustituir vehículos antiguos de las carreteras españolas, que son responsables del 80% de las emisiones contaminantes. Solo con sustituir 400.000 vehículos diésel de más de 10 años por otros nuevos, estaríamos eliminando tanta contaminación como si retiráramos 2,6 millones de vehículos de la circulación.
Y este objetivo también se logra a través de los tributos. La fiscalidad se puede configurar como un elemento incentivador de la renovación del parque y de la entrada masiva en el mercado de las tecnologías de propulsión más eficientes y sostenibles, permitiendo así favorecer la circulación de vehículos con características medioambientales más exigentes que cumplen con todos los requisitos que impone la normativa europea. Así, cuando la Unión Europea está pidiendo que se incrementen los impuestos verdes, lo más acertado a mi juicio es introducir criterios medioambientales en un solo tributo que grave el uso y no la adquisición. De este modo, se estará penalizando el uso de automóviles viejos por las calles y no la compra de vehículos más eficientes y menos contaminantes. En Madrid, ciudad que lucha cada día con la boina de contaminación, sólo el 20% del parque es bajas emisiones. Subir este porcentaje a través de esta renovación del parque ayudaría de manera radical a mejorar la calidad del aire de la ciudad, además de incrementar la seguridad vial.
La fiscalidad puede ser así, además, el apoyo firme de la Administración a la industria para continuar en la transición hacia una movilidad cero y bajas emisiones, una senda ya iniciada por el sector. Favorecer, en la reforma del IVA en Europa, un tipo reducido para los vehículos alternativos es un espaldarazo para estos modelos, que verán sensiblemente rebajado su precio final e incrementarán su atractivo frente a los ciudadanos. Esta medida supondrá eliminar otra barrera para que estas tecnologías más limpias y aún más costosas que las convencionales lleguen de manera masiva al mercado y a todos los ciudadanos.
El sector de la automoción necesita de una nueva fiscalidad, sin duda, pero en mi opinión, hay que abordar este cambio de una manera integral y con una visión estratégica y de futuro. Con un enfoque global, entendiendo la fiscalidad como una herramienta para alcanzar determinados fines. Fines como promover una movilidad cero y bajas emisiones que acelere la reducción del impacto del transporte en la calidad del aire de las ciudades, impulsar la renovación del parque automovilístico español, potenciar la introducción masiva de los vehículos alternativos en las calles. Para dar respuesta, en suma, a los retos futuros de la automoción a través, también, de los tributos que pagamos.
Columna publicada en el número de noviembre de 2018 de la Revista Capital.
