Después de tantos escándalos de corrupción a izquierda y derecha del espectro político español, pocos podían imaginarse que el debate de las últimas fechas pudiera versar sobre la solidez del currículum universitario de los candidatos a la presidencia del gobierno. Las tesis con plagios y los másteres a más de dos manos han copado la agenda mediática reciente.
Sin embargo, se ha dedicado algo menos de espacio a reflexionar sobre uno de los principales caldos de cultivo para esta polémica: una Universidad española anquilosada, en la que la masificación de los títulos ha provocado una espiral inflacionaria de licenciados y graduados que, como ocurre frecuentemente en la economía, conduce a un desempleo preocupante. Cabe plantearse, en este sentido, si la Universidad Rey Juan Carlos ha sido el ‘Lehman Brothers’ de nuestras mayores instituciones del conocimiento y si este mal se extiende a todo el sistema de enseñanza superior. Tanto profesores de distinto rango como numerosos expertos abogan, con matices diversos, por ponerse manos a la obra cuanto antes.
Muchos tienen la oportunidad, o la mala suerte, de analizar la crisis universitaria desde fuera de las fronteras nacionales, dentro de un proceso de emigración, o de fuga de talento, que ha hecho de las universidades europeas su principal destino, no siempre temporal.
Desde la facultad de Science-Po de Toulouse, donde imparte docencia y analiza en el marco de un proyecto la dinámica de las redes sociales de innovación científica en Europa, el ex investigador del CSIC Delio Lucena lamenta que la Universidad española carezca de una función social bien definida: “La ausencia de una misión facilitó que la expansión de los años setenta y ochenta se viera muy influida por un criterio político: los gobernantes autonómicos perseguían con la creación de nuevas facultades prestigio y muestras de desarrollo para su región. Uno de los resultados ha sido la multiplicación de las titulaciones, con licenciados y graduados que no son necesarios para el mercado laboral”.
Toda una ‘burbuja’ universitaria, perteneciente a una familia de enfermedades económicas nacionales que caracterizan inequívocamente nuestros ciclos expansivos y recesivos. Las nuevas facultades, creadas y desarrolladas en etapas de optimismo económico y facilidades financieras, han servido además como bastiones políticos desde los que ejercer influencia al margen de las instituciones bajo control electoral. De nuevo aparece la vilipendiada Universidad Rey Juan Carlos, nacida mediados los noventa como contrapeso liberal conservador a la Carlos III, tradicionalmente identificada con el Partido Socialista.
La política, para muchos, también se encuentra en el origen del proceso de masificación de los alumnos que, impulsado por la Ley de Reforma Universitaria del año 1983, llenaría las aulas de estudiantes, favoreciendo la igualdad de oportunidades con el acceso a los centros universitarios pero dificultando, al mismo tiempo, la salida hacia puestos de trabajo de calidad.
Lucena alerta de la tentación de achacar a estos cambios legislativos toda la responsabilidad en este conflicto: “Deberíamos preguntarnos por el modelo económico español: ¿qué podemos ofrecer a los titulados aparte de sol, playa, turismo y construcción? Tenemos uno de los ratios más elevados de universitarios y no hemos creado salidas para ellos. El problema no es la masificación, sino el sistema económico y educativo en general, con una Formación Profesional marginada, sin términos formativos medios, y con una Universidad que tampoco prepara adecuadamente para un puesto de trabajo”.
Pero, para construir un edificio, procede comenzar por sus cimientos. Difícil será que la Universidad tenga una vocación de formar a profesionales cuando en España no queda claro aún el papel de los propios docentes e investigadores que, dispersos entre infinitas categorías y contratos, sufren condiciones de precariedad e incertidumbre bastante diferentes a la idea que de ellos tiene la mayoría de los ciudadanos. “No queda claro si al profesor se le remunera por dar clases o por una serie de tareas de investigación que no parecen estar bien integradas. Se produce una situación un tanto disonante y paradójica porque, por una parte, las publicaciones en revistas académicas son necesarias para obtener las acreditaciones y avanzar en la carrera pero, por otra, no parece que estas se valoren como debieran. En otros lugares como en Francia, sí hay una distinción explícita para el personal docente, que dedica el 50% de su tiempo a impartir clases y el otro 50% a la investigación asociada a un laboratorio”, concluye Lucena, que considera que, además, en España no existe una trayectoria definida: “Como acabes la tesis y no encuentres una beca postdoctoral, al no existir transiciones como en otros países, estás perdido”.
Pese a la carencia de etapas intermedias, ha habido muchos espartanos que han conseguido llegar a una situación digna. En una etapa de transición entre el cumplimiento exitoso de un doctorado cum laude y la plaza de profesora indefinida se encuentra Rocío García, profesora ayudante doctora de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga. Tras cinco años ocupando puestos de sustituta interina con una retribución entre los 300 y los 600 euros por impartir docencia de inglés y alemán, la flexibilización de la tasa de reposición del personal universitario –en un principio, una nueva plaza por cada diez jubilaciones–, le ha permitido ocupar un puesto a tiempo completo, lo que no ha eliminado la incertidumbre, ni mucho menos el estrés de las múltiples publicaciones, las clases, los proyectos de investigación y, sobre todo, la frustrante burocracia.
“Es una lástima que lo que es primordial, la investigación, porque es lo que más pesa en las acreditaciones, acabe pasando a un segundo plano en el día a día. Es paradójico que nos conminen a investigar pero que el tiempo para ello lo tengas que sacar del ocio, porque nos aplasta el papeleo y la multitarea. Acabamos de pedir un proyecto de I+D al Ministerio de Educación, para lo que hemos dedicado un mes entero dándonos de alta en la plataforma digital, solicitando documentación a los miembros del grupo de investigación en el formato requerido, estudiándonos las normas, elaborando la memoria, el presupuesto… Los requisitos y los plazos acaban con el tiempo libre y, por supuesto, con los sábados y los domingos”.
Se trata de un sistema meritocrático de continuos exámenes que intenta distanciarse a toda costa del marco evaluativo anterior, en el que la endogamia era la nota predominante: “Antes había mucho enchufe, la gente entraba a dedo, haciéndole la corte al catedrático de turno, en un sistema de influencias de carácter casi feudal. Frente a este sistema del pasado, en el que no existía control alguno, nos encontramos hoy con un exceso de control. Ahora, al menos, aunque tardes más en obtener la plaza, puedes ir avanzando solo, paso a paso; la evaluación constante tiene muchos aspectos positivos, no es todo malo ni mucho menos, pero sí hay excesos que conviene volver a plantear”.
Xavier Coller, catedrático de Sociología en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, considera que el sistema español adolece de una falta de dinamismo interno que limita sus posibilidades: “El problema es que en España no hay un mercado de competencia para conseguir recursos, estudiantes o profesores. Hay una excesiva preocupación por la docencia y una escasa por la investigación”. “Faltan criterios meritocráticos para contratar a los profesores; se siguen criterios muy localistas, de modo que ganan el concurso profesores de un nivel medio claramente inferior al de otros candidatos que, como son del centro, se quedan con la plaza. Al final es utilizar el dinero de todos para favorecer a algunas personas o grupos. La endogamia no es un vestigio del pasado, es el presente aún”. “La situación española es muy complicada; la mejor opción sería aumentar la dotación de becas y fomentar la movilidad de los alumnos donde se les garanticen mejores condiciones, otorgar financiación en función de los logros de los centros, impulsar la internacionalización, una política de movilidad, un mercado de profesores y alumnos, una norma que impida que se contrate a profesores en los centros en los que se hayan doctorado...”.
¿Cuáles son las reformas estructurales necesarias para revertir la situación aquí descrita? Antonio Abril Abadín es el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales (CCS), el organismo que coordina la presencia de la sociedad en la Universidad española. Abril Abadín considera prioritario “sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia de la educación, como así han hecho países que han sido capaces de llevar a cabo auténticas revoluciones educativas”.
Dicha sensibilización pasa necesariamente por afrontar el déficit de financiación de la Universidad, una decisión y, al mismo tiempo, una inversión imprescindibles: “El gasto total en educación superior por estudiante era en 2017 un 23% inferior al de la media de los países de la OCDE y, además, ha disminuido en un 14% entre 2014 y 2017, frente a otras naciones que han aprovechado la recesión para incrementar el presupuesto educativo. Empleando un símil futbolístico, en educación jugamos fuera de casa”.
Otra prioridad es la de modificar la forma de autogobierno universitario: “El modelo actual viene de la ley de 1983, inadecuada para la sociedad de hoy día. Es precisa una reforma en los sistemas de gobernanza que permita la participación de más personas externas a la Universidad, lo que mejorará la gestión, la rendición de cuentas, la competitividad e incrementará notablemente la responsabilidad de la sociedad”. La profesionalización de la gestión y la progresiva sustitución de personal funcionarial por contratados de carácter indefinido figuran como factores añadidos para aprovechar el talento existente.
Otro punto fundamental es, como también afirmaba el profesor Coller, la vinculación de una parte de la financiación a los resultados obtenidos: “Lo más importante es mejorar la transferencia de resultados. En España hay muy buena investigación; si, además de publicarse, se transformara en valor económico, en puestos de trabajo, en desarrollo y en bienestar social, sería muchísimo mejor”. Una creación de valor económico que, combinada con otras fórmulas financieras como el mecenazgo y una creciente colaboración entre Universidad y empresa, permitirían a esta institución pública un auténtico salto cualitativo.
Un probable escollo será siempre la política, no obstante necesaria: “No se puede hacer política con la educación, ni a su costa. Esta tiene que estar al servicio de la educación y de la excelencia universitaria. Recientemente, la Conferencia de Consejos Sociales, en compañía de la Conferencia de Rectores (CRUE), de la CEOE, de los sindicatos, de la Cámara de Comercio de España y de otras organizaciones representativas, cumplimos un hito histórico al presentar en el Congreso de los Diputados un comunicado conjunto que pedía una nueva Ley Orgánica de Universidades. La situación no da más de sí: necesitamos un pacto de Estado y un marco jurídico estable para que las universidades españolas puedan tener capacidad de gestión, rendición de cuentas y la posibilidad de desarrollar el talento existente”. Un acuerdo necesario que requiere de madurez política y de una visión a largo plazo que deberíamos exigir a nuestros candidatos presidenciales, más allá de los títulos que, con mejor o peor fe, exhiban en su currículum.
Reportaje publicado en el número de noviembre de 2018 de la Revista Capital.
