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martes 2 agosto 2021
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Los agentes inmobiliarios de Madrid reclaman más seguridad jurídica para el sector

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La sostenibilidad es el gran reto para el sector inmobiliario y el objetivo es avanzar en la seguridad jurídica del mercado y de los consumidores y usuarios, porque la persona es uno de los ejes sobre el que tiene que pivotar el modelo de nuestras grandes ciudades”, ha declarado Jaime Cabrero García, presidente del Colegio Oficial y Asociación de Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) durante su intervención en la mesa redonda “El desarrollo sostenible en las ciudades”, que ha tenido lugar en el marco de la tercera edición del Día de las Profesiones, jornada organizada por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) y celebrada ayer en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

En el sector inmobiliario, ha destacado, existen dos aspectos esenciales en los que se debería avanzar para conseguir un futuro más sostenible y que permita crear entornos de igualdad para las personas: el gran déficit de seguridad jurídica que existe al no poder localizar e identificar, por causa de la liberalización de la profesión, a multitud de operadores sobre los que se desconoce si están formados o no para realizar la actividad de la intermediación inmobiliaria; y, por otra parte, el excesivo interés regulatorio de las Administraciones Públicas en determinadas esferas del ámbito económico, como los alquileres o la obra nueva.

Sobre este último aspecto, el presidente de COAPIMADRID-AIM ha señalado que “de la actitud abierta por parte de ayuntamientos y autonomías para encontrar soluciones prácticas dependerá la estabilidad y el futuro del mercado inmobiliario”.

Y en relación con la necesidad avanzar en dar más seguridad jurídica al mercado, Jaime Cabrero ha apuntado que “es necesario que se abran nuevas vías para reconocer dentro de la legislación la formación especializada que deben reunir los agentes o profesionales que realizan la actividad de intermediación inmobiliaria”. Ello permitirá introducir mayor seguridad jurídica para los consumidores y usuarios en el ámbito inmobiliario.

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