Iglesia por el Trabajo Decente ha denunciado el impacto que la precariedad laboral tiene en la juventud, abocada a unas condiciones de "pobreza crónica"; en las familias, "que no pueden garantizar sus necesidades básicas", y en los mayores, que perciben "unas pensiones indignas".
Así lo indicaron, ante la celebración del 1º de Mayo, las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD): Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica (JEC) y Juventud Obrera Cristiana (JOC).
Estas organizaciones unen sus voces, por segundo año consecutivo, para "celebrar el sentido creador del trabajo" y reclamar la erradicación de "la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones labores y que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias".
Iglesia por el Trabajo Decente ha subrayado que más de 12,3 millones de personas, el 26,6% de la población española, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. El 14,1% de las personas ocupadas son personas trabajadoras pobres, según datos del ‘Informe Arope’ de 2018.
Más de 12,3 millones de personas, el 26,6% de la población española, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social
En el manifiesto "Priorizando a las personas, descartamos la indecente precariedad", elaborado con motivo de esta fiesta de los trabajadores y de San José Obrero, recuerdan que "el trabajo decente, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de toda la humanidad".
Estas entidades de la Iglesia denuncian los "graves efectos" que la precariedad laboral está teniendo en “la juventud, hundida en una pobreza crónica que le imposibilita un proyecto de vida”; en "las familias, cuyas necesidades básicas quedan sin asegurar o sin cubrir, como son el techo, luz, comida, ropa o medicamentos”, y en “las personas mayores, que sufren una vejez sin calidad a causa de unas pensiones indignas".
Además han recordado que "el trabajo es esencial para la vida de las personas porque ayuda a construir nuestra humanidad", estas organizaciones exigen "a políticos, gobernantes y poderes económicos unos derechos que son básicos para la construcción de una sociedad cuyo sentido y función sirvan al bien común".
