España lucía en 1975 una increíble tasa de paro del 3,7%. Lo más sorprendente era que en aquel año se veía con una gran preocupación que el número de parados ascendiera a 600.000. Es para echarse a llorar, teniendo en cuenta los más de tres millones que tenemos en la actualidad, o la vigente tasa del 14%. ¿Qué ha pasado?
La incorporación de la mujer al mercado de trabajo es, sin duda, una gran diferencia entre una época y otra. Entonces trabajaban muy pocas fuera de casa; ahora lo hacen muchas más. Tanto, que la llegada de la mujer al mundo laboral se ha producido en España por encima de la media europea. Así lo afirma Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas y consejero especial del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para políticas de empleo.
En opinión de este experto, el paro en España era muy bajo en los 70 porque la economía estaba muy poco expuesta a los mercados internacionales. La posterior apertura de los años 80 y la vulnerabilidad al precio del petróleo fueron, en su opinión, minando el terreno y exponiéndolo a la temporalidad, clave de las dificultades actuales del mercado de trabajo en España.
A ello hay que unir que nuestro país venía de una etapa de crecimiento espectacular. El llamado milagro económico español, orquestado por Alberto Ullastres, Mariano Navarro Rubio y Laureano López Rodó, había llevado a nuestra economía a una liberalización y una apertura que le llevó a crecer a una media del 7,7% entre los años 1960 y 1973 (por encima del actual 6,6% de China, por ejemplo), situar a nuestro país como la octava potencia industrial del mundo y crear una elevada cantidad de puestos de trabajo. Acabado este periodo, la llegada de la democracia fue, sin duda, el gran cambio posterior al régimen de Franco. La aparición de los diferentes partidos y gobiernos fue compaginándose con un crecimiento progresivo del paro, con subidas y bajadas; con hitos como el 8% de desempleo en plena burbuja inmobiliaria, en 2007, y el 26% en el peor periodo de la reciente crisis económica.
La temporalidad se traduce en que creamos mucho empleo en época de crecimiento y destruimos también una cantidad elevada en periodos de crisis. El problema es que, “cuando se ha destruido mucho, recuperarlo es más difícil”, señala Torres. La reforma laboral de 2012 ha mejorado algo el panorama en este sentido. Se empezó a crear empleo con un crecimiento del PIB inferior al 2%, algo impensable antes de este cambio legislativo.
Torres se sitúa a medio camino entre los que han visto un avance en la reforma laboral y los que consideran que ha favorecido la precariedad. Por un lado, piensa que “cambió las expectativas; favoreció la confianza y animó la inversión”, y propulsó “una mayor negociación colectiva en la empresa”. Afirma que “aceleró el subidón, pero no ha suprimido la temporalidad”.
Frente a los que apostarían por un ajuste más profundo de la reforma laboral, Torres muestra su desacuerdo si se entiende como una mayor cercanía al modelo americano, algo que “no es aplicable ni deseable”. El experto de Funcas piensa que hay otros modelos más viables; por ejemplo, los de Holanda y Austria: “Tienen una temporalidad más reducida y un paro bajo, del 4-5%. Mejoraron la previsibilidad de las indemnizaciones y las regulaciones del empleo, que eran muy complejas. Sin reducir el coste del despido, dieron más seguridad, que es algo importante para que las pymes puedan contratar de un modo más estable”.
En el panorama español, los jóvenes han sido los más perjudicados por la destrucción de empleo. Torres ve un problema estructural en su transición hacia el mercado laboral: “No hay incentivos en los centros de formación. Las universidades no tienen alicientes financieros para colocar a los jóvenes y seguirlos. A veces vas a la universidad a preguntar por sus titulados y no saben qué pasa”.
Donde hay poco paro juvenil, existen acuerdos con los centros educativos. “Trabajé un tiempo en Suiza, y allí era difícil encontrar profesionales que no tuvieran a algún joven aprendiendo con ellos”, señala Torres. La asociación con centros educativos se traduce en la inclusión de muchos jóvenes en prácticas, que luego se quedan en sus puestos si causan buena impresión.
Torres comparte la dudosa eficacia del SEPE (antiguo INEM) y de las agencias de colocación: “Es una carencia arrastrada desde hace mucho tiempo”. En su opinión, el gran lastre reside en que las comunidades autónomas gestionan las políticas activas de empleo y el SEPE las prestaciones: “Es un fallo sistémico que no se ha conseguido arreglar”.
Torres resalta que en Alemania se ha logrado hacer un buen sistema de casamiento de oferta y demanda. Para obtenerlo en España, piensa que las oficinas de empleo deben fortalecerse con orientadores, pero no con unos orientadores pasivos: “Han de buscar empresas, no quedarse en la oficina. Tienen que hallar vacantes”.
Torres se desespera con esta actitud. Ve que los mensajes habituales son no moverse cuando la economía va bien, porque ya se crea empleo, y quejarse de la falta de recursos cuando llegan las crisis.
Los planes organizados, como la Garantía Juvenil, no han funcionado. “En Finlandia sí porque el sistema ya se hallaba estructurado para recibir las subvenciones. Aquí no, porque no lo estaba”.
Agencias de colocación como Asempleo reconocen que aún queda por hacer en el terreno de casar oferta y demanda de empleo. En un informe presentado a final de marzo en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (AFI), constataban que España ha conseguido recuperar los niveles precrisis en el número de vacantes de empleo por desempleado, pero admiten dificultades para emparejar a los trabajadores con los puestos de trabajo disponibles. El elevado número de vacantes y las reducidas tasas de desempleo llevaron a que en 2006 hubiera más de seis vacantes por cada 100 desempleados. En 2012, con la crisis, la proporción se redujo a 0,7 vacantes por cada 100 desempleados. Las cifras se sitúan ahora en tres vacantes por cada 100 parados, un nivel similar al de 2008.
Por sectores, la mejor proporción está en Información y Comunicaciones (24 vacantes por cada 100 desempleados) y en la Administración Pública (20 vacantes por cada 100 desempleados). En el primer caso, la causa parece estar en la ausencia de perfiles especializados: en el segundo, en la convocatoria de plazas que no se han cubierto en los últimos años o en las puestos de trabajadores interinos o sin plaza fija que quedan libres por la alta rotación. Hostelería y transporte son los sectores que menos vacantes presentan por cada cien parados.
En cuanto a las empresas, Torres les anima a participar proactivamente en las cámaras de comercio, como ocurre en Austria, donde lo hacen todas: “Adaptar los currículos formativos, acoger jóvenes, parados…”.
En su opinión, los impuestos elevados no están entre los principales problemas para crear puestos de trabajo: “Se les bajan las cotizaciones a la Seguridad Social cuando contratan determinados tipos de empleo. Se benefician, pero hubieran contratado igual, y tenemos el problema de las pensiones. Otra cosa es que se simplifiquen las cotizaciones sociales”.
Economistas como Daniel Lacalle o Juan Ramón Rallo discrepan de estos planteamientos. Ambos coinciden en que la primera medida debería ser profundizar en la reforma laboral, que ha tenido un efecto muy positivo en la creación de empleo. La nueva vuelta de tuerca debería basarse en facilitar la contratación, que “es el gran escollo en España”, y reducir los impuestos al trabajo, que son los que están impidiendo contratar a pymes y autónomos, estima Daniel Lacalle.
Lacalle vería “devastadora” una subida de impuestos, porque “va al corazón de los creadores de empleo más frágiles: las pymes y los autónomos”. En su opinión, habría que actuar al revés: “Vamos en contra de lo que están haciendo los países líderes. China, Estados Unidos o Francia están bajando impuestos, adoptando políticas de crecimiento en lugar de poner escollos”.
El “destope” de las cotizaciones sociales del que ha hablado Sánchez (eliminar el tope de 3.803,70 euros mensuales a partir del cual no sube la cotización) se traduciría “en mucho menor salario efectivo para el empleo cualificado y en un mayor coste empresarial para las compañías que ofrecen este tipo de puestos. Haría rehuir a la inversión extranjera que busca crear este empleo”, estima Rallo.
Hablando de los salarios, Torres observa que en estos años de crisis se ha producido “una moderación de salarios importante que ha coincidido con un aumento de la productividad débil. La reducción del paro estructural se alcanzará con una actuación adecuada de la intermediación de la oferta y la demanda y con una formación adecuada”.
Si se cumplen estas premisas, Torres cree que podríamos llegar al 11-12% de paro sin presiones inflacionistas muy importantes. “Para bajar de ahí habría que reformar el sistema de colocación, las políticas de empleo, mejorar la previsibilidad y simplificar los contratos”.
El paisaje laboral poco atractivo ha hecho que muchos hayan tenido que emigrar, pero Torres piensa que la situación cambiará debido a nuestros problemas demográficos: “Dentro de pocos años habrá escasez de mano de obra por este motivo. De los profesionales españoles que he visto fuera del país, no conozco ninguno que no quiera volver. Tendrán que mejorar las condiciones salariales, hay que tener contacto con ellos, facilitar su retorno…”. Este experto afirma que ya hay escasez de mano de obra en algunas ciudades, como por ejemplo Soria, Teruel o Lugo, donde hay muy poco paro. Lo mismo ocurre en Navarra, Baleares y parte de Madrid. Al final la escasez de gente se va a traducir en escasez de paro, pero alguien tendrá que hacer crecer la economía. Si no son los españoles, necesitaremos que vengan de fuera.
Publicado en Capital en su número de abril de 2019.
