Mientras los políticos deciden si se ponen o no de acuerdo, la economía española aguarda que se resuelvan desafíos importantes. Para el economista Daniel Lacalle, los retos más urgentes para el nuevo Gobierno son tres; en primer lugar, el presupuestario: “Ya hemos visto la carta de Bruselas en la que se nos recuerda que el gasto público no puede crecer más del 0,9%. La estimación más suave de las previsiones que ha presentado el PSOE es de un aumento del 4%. Ya no solo es hablar de déficit, sino de limitar el aumento del gasto”. En segundo lugar, recuperar la fortaleza del empleo: “No puede ser que el Gobierno siga mirando los datos como si fueran una fatalidad ante la que no se puede hacer nada”. En tercer lugar, prepararse para afrontar la desaceleración y el riesgo de una recesión.
La mejora en la creación de empleo llegará si se profundiza en la reforma laboral: “Hay que facilitar la contratación, que es el gran factor adicional; más aún en un entorno de un crecimiento económico que está siendo más lento. No solo es una cuestión fiscal, aunque también. Ha habido un incremento de impuestos al trabajo escondidos detrás la subida del salario mínimo interprofesional. Han aumentado los trámites burocráticos y los procesos administrativos para contratar. Todo eso hay que revisarlo para facilitar la contratación”.
El economista Juan Rallo coincide plenamente con este diagnóstico: “Si queremos capear la crisis que viene, lo más urgente es reformar el mercado laboral: flexibilizarlo, de modo que la caída de la demanda que ya se está produciendo en las exportaciones y la inversión no se traduzca en grandes aumentos del desempleo. Nuestro mercado laboral magnifica la destrucción de empleo cuando llega una crisis. Hay que tratar de reducir el impacto al mínimo posible. Aunque se ha conseguido algo con la reforma laboral de 2012, queda mucho margen de mejora”. ¿Cómo se haría? “Flexibilizando los salarios: que la caída de ventas de la empresa no se traduzca en un despido; que se pueda salvar el puesto de trabajo bajando el sueldo durante un tiempo. También se podrían flexibilizar los cambios en las condiciones contractuales: que si caen las ventas, se pueda reducir el número de horas que trabaja un empleado; que no haya que despedir al trabajador entero”.
Si las empresas, que son las que crean empleo, sufren, Rallo cree que también habría que facilitarles que tuvieran mejores expectativas y ganas de invertir: “Para ello, habría que bajar impuestos sobre el ahorro y la inversión, terrenos que más se van a ver afectados si viene una recesión intensa. Aquí entraría el impuesto de sociedades. También el de rentas sobre el capital, que tiene un impacto presupuestario moderado; no es una gran rebaja de impuestos, pero está enfocada en la estructura productiva que peor lo va a pasar”.
Junto a la rebaja de impuestos, debería llegar por fuerza una reducción del gasto público. Es algo que no se está haciendo y que no tienen previsto realizar algunos partidos: “Si se bajan impuestos, es muy probable que descienda la recaudación. Debemos bajar el gasto público para que no se produzca un descrédito de la credibilidad de nuestra deuda por nuestro elevado déficit y deuda pública. Pero insisto en habría que bajar los impuestos para favorecer la actividad empresarial en un contexto no favorable”.
Lacalle recuerda que hay algo evidente: no hay ningún país de la Eurozona que haya conseguido fortalecer su crecimiento y sus objetivos de consolidación fiscal aumentando impuestos y gastos: “Hay que orientar la fiscalidad al crecimiento. Tener claro qué se quiere hacer para tener más empleo, inversión y atraer más capital”.
Este economista incide en que la inversión no va a venir “si no hay una fiscalidad competitiva. La nuestra no lo es. Lo han reflejado los estudios de entidades como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) o la Tax Foundation. Nuestra fiscalidad es mucho más agresiva y negativa en términos normativos que la media de la Unión Europea y la OCDE, y los inversores extranjeros se quejan de eso. Es uno de los escollos principales para atraer inversión”.
Lacalle recuerda que el PSOE ha gobernado en España durante veintidós años: “Su efecto en la economía ha sido menos dañino de lo que hubiera sido si se cumpliera lo que decían en campaña, pero la situación ahora es distinta: por primera vez en la historia, el equipo actual no busca fortalecer la inversión, sino aumentar el control del Estado en la economía sea como sea. Ahí está el problema. Lo evidencia también la historia de la ministra de Hacienda en la Junta de Andalucía”.
Lacalle afirma que en muchas ocasiones da la sensación de que la economía ha sido pilotada por el Ministerio de Hacienda, desde la órbita más ideológica del PSOE, y que la ministra de Economía, Nadia Calviño, “ha quedado relegada prácticamente a un papel más bien de responsable de comunicación”. Resalta que el Gobierno en el que participa toma decisiones que ella criticó desde la Comisión Europea cuando España las acometía, como el aumento excesivo del gasto o la falta de reformas: “Se ve forzada a justificar decisiones en las que ella probablemente no cree”.
Diez días antes de las elecciones se presentaron los resultados de la economía española en los nueve primeros meses de 2019. Para algunos analistas fueron buenos. Para Lacalle, no: “No hay que romperse mucho la cabeza para afirmar que los datos del PIB del tercer trimestre han sido malos: por su pobre crecimiento y por la mala calidad de ese crecimiento. El mayor aumento del consumo ha venido por el incremento del gasto de la Administración Pública. La inversión ha crecido un tercio menos que en el mismo trimestre del año pasado (un 2% frente a un 6%). La exportación ha mejorado un poco, pero la demanda externa se está desplomando de manera relevante. El crecimiento en creación de empleo es el menor desde 2013, y sigue aumentando el gasto público y la deuda, que es lo que apuntala este dato de aumento del PIB: nada más”.
Para Lacalle, lo peor es lo que nunca dice nadie: “Que si la recesión viene y se destruye empleo, los estabilizadores automáticos se disparan. El gasto en prestaciones de desempleo, que ya es muy alto en periodo de crecimiento, sube de manera importante, que es lo que ocurrió en la crisis anterior”.
Respecto a Cataluña como preocupación, destaca que en el pasado no ha afectado al conjunto de la economía española: “No lo ha hecho porque el crecimiento del resto de la economía era muy superior. Por eso no hay que ser catastrofista, pero sí se ha producido una pérdida de crecimiento potencial. Deberíamos haber crecido mucho más. Cataluña ha pasado de ser un motor de la economía española a crecer en línea con el resto. Ese es el problema que ha creado el independentismo”.
En opinión de Lacalle, el crecimiento se puede inflar de manera sencilla, pero lo más preocupante es que el empleo, la inversión o la contabilidad nacional ya recogen indicadores que reflejan un claro estancamiento.
Respecto a cuestiones como la planteada subida del salario mínimo interprofesional, Juan Rallo cree que es una propuesta osada, imprudente e irresponsable: “Todavía no hemos podido evaluar el impacto de la subida anterior. Sí hay algunos datos empíricos, y la teoría económica no aporta conclusiones halagüeñas”. En cuanto a los datos empíricos, Rallo destaca que los sectores y los grupos de población que más sufren la caída del empleo están relacionados directamente con el salario mínimo interprofesional, aunque reconoce que hace falta un análisis desagregado de los datos; razón de más para que se espere a tener datos más concluyentes. Rallo no ve sentido a que se plantee una subida del SMI a 1.200 euros cuando aún se están digeriendo los datos de la subida anterior: “Es un coste desproporcionado. Si llega una recesión, serán sueldos elevados que no podrán rebajarse y, como consecuencia, los que los tengan, se irán al paro”.
En el contexto actual de desaceleración, si las empresas no crecen, no contratan. Antes de despedir, que es más caro, no renuevan a los empleados temporales o no sustituyen a los que se jubilan. Por eso, frente a la posibilidad de que un salario mínimo elevado haga más rígido el mercado laboral y favorezca los despidos, parece mejor promover una flexibilidad laboral que haga más factible la contratación.
Frente a otros temas de calado pero más de largo plazo, como son las pensiones, Juan Rallo reconoce que es bastante pesimista: “Los políticos solo miran el corto plazo. No tienen incentivos para hacer cosas. No oigo ninguna propuesta demasiado clara ni rigurosa que tenga sentido en relación con la sostenibilidad del sistema”. La consecuencia es que los recursos irán agotándose. Llegará un momento en el que no habrá más remedio que reformar el sistema: “El problema será que entonces será necesario un ajuste más duro que pagarán las próximas generaciones. No sería tan duro si ya hubiéramos empezado. Hemos perdido el tiempo”.
Junto a estos problemas internos, la economía española se enfrenta a otros grandes desafíos ante los que tiene una capacidad de maniobra limitada. El más destacado es el de la guerra comercial. Ahí es la Comisión Europea quien debe asumir el liderazgo, pero Rallo cree que el próximo Gobierno puede hacer presionar para que, donde se cierran unos acuerdos comerciales, se abran otros. Sería una buena muestra de que realmente quieren el bien de España, y no solo sus votos.
