El final de la larga travesía del Brexit parece que ya se divisa. La mayoría absoluta lograda en las pasadas elecciones en Reino Unido por Boris Johnson y el Partido Conservador, que sorprendió incluso hasta los más optimistas de la formación, permitirá, de una vez por todas, poner fin al periodo de incertidumbre que sobrevuela desde junio de 2016, y empezar a ejecutar un plan para el Brexit.
No será hasta el 31 de enero cuando se abra un nuevo periodo en el que la UE y el Reino Unido deberán acordar la futura relación comercial entre ambos. Una nueva etapa en la que España se juega mucho: la relación bilateral comercial entre ambos países es, nada menos, de 60.000 millones de euros, además de que el país británico ha liderado los flujos de inversión directa extranjera (IED) en nuestro país, con más de 3.125 millones de euros, lo que supone más de 1.000 millones en inversión que el segundo clasificado, Estados Unidos, como demostró la quinta edición del Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España, estudio publicado por la Cámara de Comercio Británica. Todo ello en un periodo en el que la incertidumbre sobre la salida de la UE marcaba cualquier decisión de inversión o desinversión.
Por ello, el próximo Gobierno español tiene que liderar las futuras negociaciones, algo demandado por nuestras empresas y expresado directamente a los responsables gubernamentales. El hueco que deja el Reino Unido debe ser ocupado por nuestro país. Es casi obligatorio que España presione para que los más de 77.000 millones de euros que las empresas españolas tienen destinados en Reino Unido y los más de 56.000 millones de euros que las compañías británicas invierten en nuestro país no se vean afectados.
El acuerdo de salida que ha de aprobarse en el Parlamento británico es duro para los intereses de las empresas con inversiones en sendos países, pero es mejor que una salida sin acuerdo, que nos lleva a la imposición de barreras, a la inversión con aranceles y a las aduanas. Desde ahora, es imprescindible que ambas partes usen el periodo de transición para lograr un acuerdo comercial que satisfaga las demandas y necesidades de las empresas, algo que no creemos que se materialice en menos de 11 meses, para lograr abordar y acordar los temas prioritarios, por lo que será necesario pedir una prórroga del periodo transitorio. El peligro reside en la capacidad de negociación que el Gobierno británico y Boris Johnson tengan con la UE, y la toma de medidas como la ya anunciada prohibición por ley de una posible extensión del periodo de transición más allá de 2020.
Esperemos que se actúe con responsabilidad y no se olvide la dimensión económica y comercial de la salida de la UE. Es imprescindible que se evite, por tanto, un ‘no-deal Brexit’ que ponga en peligro, entre otras cosas, las relaciones comerciales e inversoras entre Reino Unido y España. Encontrarnos dentro de un año en el peor escenario posible es algo a lo que las empresas temen y no están preparadas, a pesar de nuestros esfuerzos en recomendar a las empresas una preparación y realizar un plan de contingencia. Una vez aprobado el Brexit y la salida del mercado común del país británico, las compañías abogan por una relación lo más cercana posible que evite los aranceles y las aduanas. Las empresas son conscientes que la futura relación nunca será como la de ahora, pero esperan que, al menos, de hermanos pasemos a primos.
El no acuerdo no solo pone en riesgo el enorme volumen de comercio e inversiones bilaterales, sino también los más de 200.000 puestos de trabajo que en nuestro país dependen de las empresas británicas, así como la limitación de movilidad de personas, que actualmente permite a las islas acceder al mejor talento. El movimiento de personas es una de las principales preocupaciones que tienen las empresas, por lo que es necesario que se abogue por el mayor acceso posible entre los mercados comunitario y británico de trabajadores.
Desde ambos lados del canal deben no demorar más el comienzo de las negociaciones para la futura relación. Y en este aspecto, se hace imprescindible que la voz de las empresas sea tenida en cuenta para garantizar y salvaguardar la inversión bilateral y los miles de puestos de trabajo que mantienen.
Eva Prada es directora de la Cámara de Comercio Británica en España.
Columna publicada en el número de enero de 2020 de la Revista Capital.
