El coronavirus ha sacudido nuestras cabezas con tres grandes urgencias según la fase de la pandemia: salvar vidas, volver a la actividad normal y recuperar la economía y el empleo. El retorno a la actividad normal parece estar llegando; las medidas anunciadas para reactivar la economía son muy mejorables.
Para que la recuperación de la economía sea lo más rápida posible, el economista Daniel Lacalle recomienda replantear cuanto antes el programa económico que el Gobierno presentó al principio de la crisis. La mostraba como un paréntesis corto e indoloro al que sucedería una recuperación rápida, y todo apunta a que va a ser más profunda. El replanteamiento, que es urgente, pasaría por la ejecución de las siguientes medidas: reducir de inmediato las partidas no urgentes del Presupuesto para compensar el incremento del gasto producido en la sanidad y en los estabilizadores automáticos (prestaciones por desempleo, entre otras); dotar de líneas liquidez directa, no de avales, a las empresas para que puedan destinarlo a su capital circulante, minimicen el impacto en su solvencia y liquidez y devuelvan ese dinero poco a poco; bajar los impuestos a la contratación para paliar el alto desempleo y la brutal caída de actividad, y realizar un plan de coordinación serio entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las empresas. Lacalle sostiene que el Gobierno está siendo un cuello de botella en la gestión de la liquidez cuando no hay motivo para ello: los tipos de interés impuestos por el Banco Central Europeo (BCE) son negativos y hay liquidez de sobra propiciada por el BCE y las ayudas de la Unión Europea, pero el dinero no llega a las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las empresas y los autónomos.
El economista Juan Rallo plantea un escenario parecido. Coge como referencia la recuperación en V asimétrica con la que trabaja la ministra de Economía Nadia Calviño. Concluye que ya hemos pasado la fase inicial de caída: la parte izquierda de la V: “En ella se podrían haber hecho cosas mejor, pero ya no merece la pena pensar en ello”. Luego ha llegado el inicio de reactivación y desconfinamiento, muy vinculado al ámbito sanitario, repliegue de la epidemia y desescalada. El tercer tramo es en el que hay que enfocarse: el del crecimiento asimétrico, en el que Rallo no espera un rebote proporcional al de la caída (equivaldría a un crecimiento instantáneo del 9,2%), sino más prolongado.
En su opinión, una vez reactivadas las actividades reactivables a corto plazo, nos encontraremos con empresas que son viables pero que están descapitalizadas (restaurantes que han tenido que cerrar pero pueden reabrir si un propietario nuevo adelanta el dinero de los salarios, paga a los proveedores, etc., por ejemplo), y con otras que tendrán que cambiar porque se han modificado las circunstancias: hay una nueva regulación gubernamental, han subido los impuestos, han cambiado las costumbres (vamos menos a los bares, volamos menos, etc.). Piensa que hay que centrarse en estas segundas, pues en ellas se puede influir.
Para que estas empresas salgan adelante, propone dos medidas: la primera sería crear un marco institucional atractivo para el capital interior y exterior, con unos impuestos moderados que incentiven al inversor nacional a ahorrar y a mantenerse en España y al extranjero a comprar empresas, participar en ellas o realizar nuevas inversiones; la segunda medida sería generar una regulación flexible que en este periodo de reestructuración económica permitiera a los factores de producción moverse de un lado a otro con un menor coste. “Este segundo aspecto se puede conseguir, no es inviable; el primero es más complicado por la difícil situación presupuestaria y financiera del Estado. Habría que hacer un plan de consolidación presupuestaria a largo plazo en el que no se subieran los impuestos, o que se subieran lo mínimo para no dañar al ahorro. Ahora necesitamos capital, no financiación, para poner de nuevo en marcha la economía”.
El panorama, desde luego, es difícil. El Ministerio prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) bajará un 9,2% este año, pero es optimista de cara a 2021: anuncia un crecimiento del 6,8%. A Lacalle le parece inverosímil: “Si ya se han equivocado en 100.000 millones en prácticamente todas las estimaciones que han hecho hasta ahora, ¿cómo van a acertar en su previsión para 2021? En marzo dijeron que el coronavirus estaba teniendo un efecto limitado y ahora resulta que la economía va a caer un 9,2%”. La estimación para 2021 la asocia a la “histórica falacia del palo de hockey”, según la cual primero dijeron que el impacto era bajo, luego que había mucha incertidumbre, después que el impacto era alto y por último que el año que viene va a ir todo muy bien: “Como los brotes verdes, que ya hemos oído en otra época”. Lacalle ve un peligro serio en esta idea que sostiene que la economía va a ir mejor si solo se dan mensajes positivos: “En Alemania dijeron hace dos meses que la economía iba a bajar un 6-7% y saben que están gobernados por gente seria”.
A Rallo, sin embargo, no le parece tan inverosímil la previsión de crecimiento del 6,8%: “Si la caída ha sido tan grande, es creíble que podamos crecer así, siempre que no se produzca una reinfección que no descarto ni que haya una crisis de deuda soberana, que descartaría por el apoyo europeo. Parte del tejido empresarial no va a desaparecer. Se para y se pone en marcha. El que desaparece y necesita una reconversión o una mayor financiación va a tardar más o menos según el marco que tenga”.
Entre las medidas que han empezado a llevarse a cabo han destacado los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), muchos de los cuales no se han pagado; las moratorias de impuestos que no han llegado a todos los sectores y las medidas de liquidez facilitadas por el Banco Central Europeo, especialmente para reforzar la sanidad, el Banco Europeo de Inversiones para empresas y el plan SURE de la Comisión Europea para paliar los problemas con el empleo. En España llama la atención lo poco que se ha hablado y concretado la reducción del gasto público inútil. Hubiera sido un buen modo de dar ejemplo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), presidida hasta hace unos meses por el actual ministro José Luis Escrivá, cifraba el pasado verano en 33.000 millones de euros anuales el gasto ineficiente del Estado (subvenciones sin control, políticas activas ineficaces, copago farmacéutico). Entre ese dinero y algún ahorro más que efectuaran el actual Gobierno, el más caro de la historia, y los demás políticos, se podría hacer algo más útil. “Lo primero que habría que reducir son los sueldos de altos cargos de los ministerios y de ministros. Estamos en una economía de guerra, pero contamos con una Administración de euforia”, incide Lacalle.
Este economista también es partidario de bajar impuestos, y no comparte para nada la tesis del Gobierno actual de que no puede hacerse porque hay que mantener el Estado del Bienestar: “Sin contribuyentes y sin un sector privado potente no hay Estado del Bienestar. No se puede seguir la política de la cigarra, rascando de lo poco que queda tras hundir la economía. Pondremos en peligro el Estado del Bienestar si seguimos ignorando y negando la necesidad de reducir el gasto innecesario. Si en números redondos el Estado del Bienestar (sanidad, pensiones y educación) son unos 200.000 millones y el gasto público son unos 500.000 millones, está claro que no va todo al Estado del Bienestar y puede recortarse mucho para construir una administración eficiente, austera y ágil. Eso lo sabe todo el mundo”. Lacalle ve inadmisible que una empresa deba pagar 1.450 euros para contratar a un trabajador por 950 euros.
Por lo que se refiere a Europa, las ayudas puestas en marcha demuestran que los mecanismos de solidaridad funcionan. España puede financiarse a tipos reales negativos cuando no tiene liquidez para pagar los ERTE, y ese es un apoyo evidente por parte del Banco Central Europeo. Al mismo tiempo, ha quedado claro que no hay solidaridad sin responsabilidad. Eso lo entiende cualquiera, y por eso no tenía ningún sentido que Pedro Sánchez demandara deuda perpetua, solidaridad sin responsabilidad, a cambio de nada. “Si se arrastra a Alemania a una situación como la de España, ese sería el desastre final”, señala el economista Juan Rallo. Por eso no va a ocurrir, o en todo caso no va a ocurrir como le gustaría a Sánchez: “Si se mutualizara la deuda, sería con un control europeo directo sobre las finanzas españolas, no solo con una mera presión; y eso, desde luego, no es lo que quiere el Gobierno español”, añade el economista. Recalca que lo que habría hacer es cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Europa ya está ayudando comprando deuda, lo cual es en cierto modo un rescate financiero. “Ahora la cuestión está en ver si el rescate se pide de modo formal o no, y qué condicionalidad implica. Ojalá sea una condicionalidad estricta, no en cuanto a la brutalidad a corto plazo, sino en cuanto al establecimiento de un plazo de ajuste presupuestario. También en que oriente las reformas, y ponga nuevas. Si no es así, la parte simétrica del crecimiento en V será totalmente plana, o hacia abajo, y eso debería preocuparnos más. Desde luego, a lo que Europa no se ha comprometido es a ningún presupuesto de reconstrucción como el que pedía Sánchez”, añade Rallo.
A Daniel Lacalle le horripila la idea de un rescate que no desea y que cree que es evitable: “No tendría porqué pasar; no soy de los que creen que sería mejor que otros gestionaran nuestro Presupuesto, pero el Gobierno debe hacer las cosas bien. Si no se toca el gasto bajo ningún concepto y cada sábado se siguen anunciando medidas de 1.500 ó 2.000 millones sin plan económico, memoria ni presupuesto, vamos directos al rescate”.
Juan Ramón Rallo afirma que hay que ir haciéndose a la idea de que en esta crisis no va a bastar con “recortar lo superfluo. Tenemos una economía súper endeudada y con unas bases de crecimiento muy débiles. No va a haber más remedio que hacer sacrificios en partidas que parecían ser intocables: pensiones, salarios públicos... Si se hizo en épocas de mayor solvencia como la de Zapatero, entre 2009 y 2012, ¿cómo no se va a hacer ahora, que estamos peor? En el caso de los sueldos de los médicos está claro que no sería lógico en estos momentos, pero en cuanto al resto, si el sector privado ha tenido que hacer grandes sacrificios, ¿por qué no va a poder hacerlos el público, en proporción a su renta?”.
Si analizamos un escenario más micro, la crudeza de la situación se palpa de un modo aún más concreto. Un rato de conversación con Celia Ferrero es suficiente para constatar que hay cosas que se están haciendo muy mal en España. La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), de la que es vicepresidenta, ha recibido más de 70.000 consultas de trabajadores desde el inicio del estado de alarma. Conocen al milímetro sus demandas, pero el Gobierno no les ha consultado antes de tomar las medidas que les afectan en esta crisis del coronavirus. Decide por su cuenta, las publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y luego hay que reformarlas.
La anécdota refleja muy bien la forma de trabajar de este Gobierno: en lugar de escoger un buen grupo de expertos, escucharles y a partir de ahí tratar de definir la estrategia más acertada, resuelve lo que le parece en el Consejo de Ministros según sus intereses y sume a los diferentes sectores de la economía en la incertidumbre, la indignación y la parálisis, como se ha visto con la hostelería y el pequeño comercio. El peluquero no sabía antes de volver a trabajar el 4 de mayo muchos de los requisitos para ejercer su función, los que volvían a la actividad desconocían si tenían que hacerse con los equipos de protección individual (EPI) o iba a suministrárselos alguien...
Las medidas se toman con amplias dosis de desconocimiento, entre las que se encuentran no saber que la Administración española no funciona al mismo ritmo que la economía o la sociedad. Así, mientras que en Alemania las prestaciones extraordinarias estaban en la cuenta de los solicitantes tres días después de haberse anunciado, en España han llegado casi un mes y medio después, con un alto número de autónomos ya en avanzada situación de insolvencia. Mientras que en el país germano, en Austria o en Estonia tienen mapeado el ecosistema empresarial y saben a quién pueden pedir suministros o a quién tienen que ayudar con más urgencia, en nuestro país no lo está, y ha habido que buscar material fuera y se ha perdido mucho tiempo en canalizar las ayudas por esa falta de organización y coordinación. Aunque el Gobierno ha dicho que ha actuado con mucha celeridad, Ferrero atribuye la lentitud en la ejecución de estos procesos en buena medida a la falta de digitalización de la Administración española. Lacalle piensa que los problemas van más allá de la falta de digitalización: “Nadie ha tenido problemas para pagar una multa”, afirma. Achaca la lentitud más bien a la falta de competencia y a la idea falsa de que los empresarios y los autónomos quieren aprovecharse de la crisis: “Ponen unos filtros para acceder a las ayudas y evitar que haya fraude y se producen unos cuellos de botella brutales que les estallan en la cara. Ojalá el problema fuera la falta de digitalización. El problema son los escollos burocráticos”.
La falta de liquidez es un drama para los autónomos, porque ellos no son Inditex. “No pueden estar un mes sin ingresar: no tienen músculo financiero; van al día”, señala Ferrero. A ello hay que añadir que hay una falta de definición y concreción que les impide planificar, como se ha visto con la moratoria de las cuotas. Cuando algunos ya la habían solicitado, se comunicó que solo entraban doce sectores. “La incertidumbre y la inseguridad jurídica matan más que la falta de liquidez”, lamenta Celia Ferrero. A ello hay que añadir que en el sistema productivo nadie es una isla: “Si mañana cierra el autónomo que servía determinadas piezas a Seat, a ver quién las hace”.
Los grandes errores tienen grandes consecuencias. “Si nos fijamos en los avales, todos sabemos que la banca los concede de acuerdo a los criterios de Basilea 3. Con la situación actual de los autónomos, nadie va a concedérselos. La realidad hubiera sido distinta si las ayudas se hubieran puesto en marcha el día 14”, añade Ferrero.
La vicepresidenta estima que los países que han actuado bien han inyectado liquidez de manera directa, algo básico para que pudieran aguantar las empresas y se paralizaran así los costes que habría que pagar por desempleo. España no lo ha hecho por falta de disponibilidad, y en la actualidad apuesta por una política de “matar moscas a cañonazos” que Ferrero cree que es un error: “Se plantean las mismas ayudas para todos cuando hay autónomos, los que se dedican a las actividades esenciales, a los que les ha ido mejor: han facturado más. Con los más afectados, sin embargo, convendría más al Estado dejar de ingresar dos meses que empujarles a cerrar y dejar de ingresar”.
Para algunos ya es demasiado tarde. A principios de mayo había 1,1 millón de solicitudes de cese de actividad por parte de los autónomos. 914.000 ya habían sido concedidas. Recibirán las ayudas en función de cuándo las hayan reconocido sus mutuas. Los errores podrían haberse minimizado. Es una pena que no se haya aprovechado el conocimiento de entidades como ATA. “Estamos aquí para ayudar”, sostiene Celia Ferrero. “Pero no es lo mismo hacerlo a posteriori. Echamos en falta más diálogo”, añade.
Estando en el momento en el que estamos, Ferrero piensa que lo importante ahora sería sistematizar la información, la variedad de ayudas y procedimientos que hay que seguir, y acelerar su tramitación. “Que se olviden de incluir más burocracia. Si se prolongan los ERTE, que las nuevas modificaciones no conlleven más trámites. Las propias instituciones no pueden asumir la carga de trabajo”. También es importante que se coordinen y agilicen las ayudas. Lo ideal sería que las regionales complementaran a las estatales cuando fuera necesario, pero primero han de clarificarse las estatales. Hay regiones donde se están duplicando los dos tipos de ayuda y otras como Murcia donde están esperando fondos estatales y europeos.
Los autónomos que más han sufrido, está claro, son aquellos más relacionados con la aglomeración: comercio minorista y hostelería. Ferrero prefiere ponerse en el plano más pesimista, y piensa que la actividad no volverá a la normalidad hasta dentro de doce meses: “Mientras no haya una vacuna, el virus estará ahí, y con él el cambio en los hábitos de consumo”. Por eso piensa que también estamos en el momento de buscar la oportunidad en otro tipo de negocios, como los autocines que se están franquiciando en los pueblos, merenderos a los que no les afectan tanto las limitaciones de espacio, redes logísticas que han dejado de poder distribuir un producto y pueden ser ofrecidas a otro tipo de clientes, visitas virtuales que pueden ser ofertadas por las inmobiliarias… “Siempre he dicho que AliExpress surgió con la crisis del SARS, y se ha convertido en un gran negocio”. Desde luego, lo que estima es que la repercusión en el turismo va a producir en nuestro país “un cambio de modelo productivo a la fuerza, pero eso no es necesariamente negativo: habremos avanzado el cambio veinte años”.
Rallo no cree que el escenario vaya a modificarse de un modo tan radical: “Una cosa es que las empresas turísticas en España tengan que seguir siendo las mismas en número, quizá con nuevos socios, y otra que tengan que reducirse si el turismo baja en España. Parte del sector turístico se va a mantener, sin duda, y es lógico que sea así teniendo en cuenta la ventaja competitiva de España en este terreno. Podría pensarse que deberíamos haber tenido una economía más diversificada aunque hubiera sido menos eficiente, productiva y rica, pero hace diez años nadie podía pensar que iba a llegar una pandemia global que hundiera de tal modo las relaciones comerciales y personales. Las circunstancias han cambiado, pero a lo mejor dentro de tres años se han normalizado”.
Por acabar con un tono positivo, Daniel Lacalle saca partido de su contacto habitual con inversores nacionales y extranjeros para afirmar que “España no tiene ningún problema para atraer inversión, capital y empleo para la recuperación, pero el Gobierno debe dejar de poner palos en las ruedas”. Uno significativo sería la renta mínima de la que tanto se habla, que supondría otros 3.000 millones más de gasto público y que considera “un subsidio para conseguir la obediencia”, además de que “no es renta mínima ni universal, y se paga con deuda”. Frente a la idea nefasta de rendirse a tener un creciente número de parados y personas vulnerables a las que habría que mantener ese ingreso, apuesta porque cada vez menos dependan de él, ya que “en España no hay ningún problema para recuperar el empleo perdido si se hacen las cosas bien”. La solución no está en crear un Estado subsidiado y paternalista que ahoga la creatividad, el sentido crítico y la posibilidad de aportar de los españoles: radica en impulsar el potencial de 46 millones de compatriotas para sacar a España adelante, y eso pasa en buena medida por facilitar la creación de empleo.
Reportaje publicado en el número de mayo/junio de 2020 de la revista Capital.
