El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, indicó hoy que el déficit de la Seguridad Social cerrará este año 2020 en el 2% del PIB teniendo en cuenta los gastos derivados de la crisis por el coronavirus y se moderará al 1,4% en 2023. Así lo indicó durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.
Escrivá comentó que el déficit pasará del 1,3% del PIB en 2019 al 2% este año, debido en buena medida a la caída de la producción interior este año, que “en parte lo hará el año que viene”. Para 2023 se habrá producido una “normalización” y el déficit supondría el 1,4% del PIB, cifra que “no es significativamente distinta a la del mes de febrero”, según estimó.
En este sentido, el ministro señaló que el Sistema soporta una serie de gastos “indiscutiblemente impropios” por un importe de 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, y si la Seguridad Social se libera de estos gastos, el déficit previsto para ese año desaparecería.
Según concretó, una parte de las políticas no contributivas se está financiando con las cuotas y suponen 11.305 millones, a los que se añaden 1.818 millones por reducciones de cotización como tarifas planas de autónomos, 2.953 millones por la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, 1.082 millones del complemento de maternidad, 1.014 millones por subvenciones a regímenes especiales, 788 millones derivados de completar las lagunas para el cálculo de la pensión de jubilación y 3.911 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social.
Así, dijo que, teniendo en cuenta las recomendaciones del borrador del Pacto de Toledo respecto a separar las fuentes de financiación, si se excluyen esos gastos impropios, el Sistema estaría “en una situación de facto de equilibrio presupuestario”. Se mostró dispuesto a hacerlo a lo largo de la legislatura, una vez que el Pacto de Toledo apruebe sus recomendaciones, e incluso deslizó que se podrían incluir algunos aspectos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) relacionados con los gastos impropios y con la revalorización de las pensiones.
Escrivá lamentó que esta “mala contabilización” de dichos gastos tiene “efectos devastadores” sobre la percepción de la solvencia financiera de la Seguridad Social y traslada “incertidumbre” a la población.
“Ni desde el Gobierno ni el parlamento debemos aceptar comportamientos que suponen desafección por el Sistema”, afirmó, y apeló a la comisión a alcanzar un “amplio grado de consenso” para renovar las recomendaciones. “Existe el elemento de consenso con los agentes sociales”, dijo, para precisar que con la patronal se están iniciando las conversaciones respecto a los cambios que se plantean para la sostenibilidad del Sistema.
El ministro desveló que la reforma de las pensiones que surja del Pacto de Toledo será una de las reformas estructurales que se presentarán en Europa para captar fondos.
DEMORAR LA JUBILACIÓN
Además de la separación de las fuentes de financiación, el ministro expuso otras líneas de actuación de su departamento. En particular, defendió el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones por el acuerdo que ya se alcanzó en esta dirección en el Pacto de Toledo y porque “España es el único en el que no rigen los precios ni los salarios” para revalorizar las pensiones. “Sabemos que este es un sistema que termina siendo muy difícil de sostener en el tiempo”, agregó.
También apostó por acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y propuso incrementar los incentivos económicos para retrasar la jubilación, reforzar las fórmulas de compatibilidad del trabajo y la pensión y “corregir elementos distorsionantes que en este momento existen en la regulación de las jubilaciones anticipadas” para desincentivarlas.
Según indicó, la jubilación demorada voluntaria apenas supone el 6% del total de las pensiones y en los últimos años ha mantenido su tendencia, mientras que la anticipada voluntaria ha ido creciendo hasta suponer el 16% del total, y además, señaló el desconocimiento de las bonificaciones existentes por demorar la jubilación que lleva a no beneficiarse de ellas.
En cuanto a la previsión social complementaria, el titular de Seguridad Social abogó por fomentar los planes de pensiones ligados a la empresa introduciendo “modificaciones normativas que permitan extender la población cubierta a través de la negociación colectiva en un enfoque sectorial”, por considerar que los planes de pensiones individuales son caros, no incentivan el ahorro y son regresivos.
“Hay que establecer mecanismos que puedan hacer llegar, y que están desarrollados en otros países, hacia muchos más segmentos de la sociedad, autónomos, pymes, funcionarios”, defendió. También planteó crear un fondo de pensiones “de carácter abierto” por parte de la administración pública que en Reino Unido tiene “mucho éxito”.
