El Real Automóvil Club de España-RACE condena taxativamente la propuesta que ha lanzado el Gobierno en el borrador de la Ley de Presupuestos para 2021, donde pretende incrementar el tipo estatal general del gasóleo de 30,7 céntimos por litro a 34,5 céntimos por litro, un incremento de 0,038 €/litro que se traduce en 2,5 euros más por depósito.
Para un coche con un tanque medio de 50 litros, y sobre los cálculos del Ministerio de Hacienda de 41,5 kilómetros diarios recorridos, los conductores diésel aportarán al Estado mediante esta práctica casi 300 millones de euros al año.
El Gobierno propone además un aumento en el impuesto de la prima de seguros del 6% al 8%, un incremento medio al año de 8 euros, que deberán asumir los propietarios del turismo diésel. De esa forma y calculado sobre la base de 34 millones de vehículos en España este aumento supondrá un ingreso para el Estado de 270 millones de euros estimados al año.
Desde el RACE concluyen que la aplicación de estas subidas de impuestos bajo la coyuntura de querer reducir la huella de contaminación, es estéril, ya que, en una situación de crisis financiera como la actual, lo único que se conseguirá es asfixiar más a los propietarios con las nuevas cargas impositivas.,
Además, matizan que el sector del automóvil ha mejorado radicalmente su apuesta por el medio ambiente, tanto por parte de los fabricantes como por la industria auxiliar. La modernización del parque es esencial para mejorar los niveles de seguridad y de contaminación, los coches bajo la normativa Euro 6 contaminan 30 veces menos que vehículos con una antigüedad de 20 años.
A juicio del RACE, es injusto que el Ejecutivo cargue con cada vez más impuestos a los propietarios de un vehículo diésel y, en el caso del seguro, a todos los propietarios de un vehículo, ya sean particulares, trabajadores autónomos o empresas.
Según un estudio de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), los conductores europeos aportan al Estado, aproximadamente un 70% de los ingresos generados por impuestos y tasas derivadas del transporte por carretera. Pero los gobiernos sólo reinvierten en beneficio de este colectivo poco más de la mitad de lo que recaudan.
