El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha celebrado siete jornadas para avanzar en la reducción de cargas y en la simplificación administrativa con empresarios y organizaciones sociales.
En concreto, se han celebrado tres jornadas con la cooperación de la Cámara de Comercio de España, dos con CEOE y CEPYME y otras dos con la Federación Española de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) en las que, entre otros temas, los empresarios han manifestado directamente su propia experiencia y las dificultades que encuentran en la tramitación administrativa y han planteado propuestas para mejorar la competitividad.
Se ha contado con participación de empresarios y asociaciones de distintos puntos de España, lo que ha permitido recoger las distintas sensibilidades y particularidades en cuanto a sectores, materias o tamaño de empresas, prestando especial atención a PYMES y autónomos, según ha apuntado el Ministerio que dirige Carolina Darias a través de un comunicado.
Los temas abordados se refieren a distintos ámbitos tales como el sector energético, cambio climático, economía circular o sostenibilidad y, en general, sobre la creación de empresas y el día a día de estas.
PUNTO DE PARTIDA PARA LOS PLANES DE SIMPLIFICACIÓN
Las propuestas que originan estos convenios son uno de los puntos de partida de los Planes de Simplificación y Reducción de Cargas que los ministerios elaboran.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública las traslada a los departamentos competentes en función de las materias, donde son valoradas y, en su caso, implantadas para agilizar la burocracia existente a la hora de llevar a cabo proyectos
Durante este año, los distintos departamentos ministeriales han analizado un total de 148 propuestas presentadas por las organizaciones citadas a finales de 2019, destacando con mayor volumen las que corresponden a Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Entre las medidas valoradas positivamente por los departamentos pueden citarse algunas relacionadas con mejoras en la Plataforma de Contratación del Estado, tramitación electrónica de procedimientos en el sector del transporte, interoperabilidad en los procedimientos de solicitud de ayudas del Programa Activa Industria 4.0 o en la sustitución de autorización por declaración responsable en las distintas administraciones públicas.
Más del 50% de las medidas acogidas favorablemente por los ministerios benefician (cada una de ellas) a colectivos de hasta 50.000 empresas/autónomos/ciudadanos, y un 12% aproximadamente a una población superior de 500.000 habitantes.
