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La digitalización de la Administración: política de Estado

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Por Óscar Cortés, ex asesor de Transformación Digital del ministro de Justicia (2014-2018).

Hace unos días, el presidente del Gobierno presentó públicamente el Plan para la Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2015. Aunque pueda parecer una novedad, los esfuerzos por digitalizar la Administración española vienen de antaño: planes, reformas normativas y proyectos se han venido sucediendo en los últimos veinte años, en un proceso con sus luces y sus sombras. Entre las luces, destacan los importantes avances en la oferta de servicios públicos online que, según el último Digital Economy and Society Index 2020, sitúan a nuestro país como uno de los punteros en Europa. Además, destaca la reconocida digitalización de la Agencia Tributaria o la ambición por superar el viejo procedimiento administrativo, con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, que ambiciona un nuevo proceso digital.

Sin embargo, la crisis de la Covid-19 ha evidenciado las carencias de una digitalización del sector público que ha sido desigual y poco orientada a empresas y ciudadanos. La suspensión de los plazos administrativos y judiciales, tras el primer estado de alarma en marzo de 2020, fue debida en gran parte a la insuficiente capacidad digital, lo que, en ámbitos como la Administración de Justicia, supuso un auténtico cierre de derechos. La lentitud en resolver la avalancha de solicitudes en los servicios de empleo y Seguridad Social, la complicada gestión de los datos sanitarios, o el fracaso de la Radar Covid, han puesto de manifiesto la dificultad a la hora de abordar con flexibilidad nuevas soluciones; la fragmentación de sistemas; lo lejana que está la interoperabilidad; la baja capacitación digital de los empleados públicos o la obsolescencia de estructuras y procedimientos en un modelo burocrático que no ha evolucionado. Para más inri, los ciudadanos se han visto obligados a acudir a una Administración digital aderezada de garantías, pero de muy baja usabilidad, ensanchándose así la brecha digital y el derecho básico de acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos.

Todo ello ocurre cuando la tecnología está adquiriendo un protagonismo extraordinario: las relaciones que los ciudadanos mantienen en su vida cotidiana, las transacciones económicas o la prestación de todo tipo de servicios se desarrollan haciendo uso de unos medios tecnológicos que han alcanzado máximos históricos. Un proceso irreversible con cambios estructurales que han llegado para quedarse.

El Plan para la Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, al enmarcarse en la Estrategia España Digital 2025, nace con vocación de transformar nuestro país. Llega en un momento oportuno, en el que la realidad digital plantea importantes desafíos para la legitimidad y el funcionamiento de nuestras instituciones. El reto de la digitalización de la Administración no admite más demoras, porque una Administración que es digital ofrece la agilidad y eficiencia que necesitan empresas y ciudadanos y es, a su vez, un elemento tractor para impulsar la modernizar la economía.

Se trata de un plan que acierta al establecer como objetivo la universalización de la Administración digital, mediante la mejora de la usabilidad o la experiencia de usuario. Sitúa la automatización como un eje principal de la desburocratización de los procedimientos, continúa apostando por los servicios comunes como fórmula para la utilización, la simplificación y atajo a la interoperabilidad, y ofrece medidas esperanzadoras que prometen ser de alto impacto, como los entornos digitales líquidos (la nube), el almacén central de datos o el Centro de Operaciones en Ciberseguridad. Empleo o Justicia son ejes sectoriales prioritarios en un programa que pretende movilizar una inversión pública de casi 3.000 millones de euros en los primeros dos años.

Sin embargo, a nuestro juicio, el Plan repite errores del pasado y olvida aquello de que la transformación digital tiene más de transformación que de digital, al plantear el proceso más como un plan de sistemas a ejecutar por unidades IT que como un proyecto de Estado con una visión más amplia. Se echa de menos un enfoque multidisciplinar con una gobernanza de mando único (a modo de lo que fue CORA) que comprometa calendario, rinda cuentas, coordine a alto nivel actuaciones no sólo tecnológicas, sino jurídicas, organizativas y de personas, aspectos todos ellos clave en el éxito de la transformación digital. El impulso en la digitalización no debe limitarse a la Administración General del Estado, sino comprometer a Comunidades Autónomas y Entidades Locales fortaleciendo los mecanismos de cooperación y financiación de proyectos. Es precisa una apuesta decidida por la colaboración público-privada que incorpore como socios a todo tipo de empresas, incluyendo pymes y startups de base digital.

Nos jugamos mucho en los próximos años. Nada más y nada menos que retornar a la senda del crecimiento y la competitividad que nos permita recuperar el empleo y el bienestar perdidos. Una Administración digital y de vanguardia es condición necesaria, aunque no suficiente, para lograrlo.

 

Este es uno de los artículos de opinión que encontrarás en el número de marzo de la Revista Capital, ya disponible en tu kiosco o en Zinio.

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