2021 es un año incierto en muchas materias. También en justicia, donde la adaptación a los nuevos tiempos ha llegado a trompicones. Pero, ¿impide eso el correcto funcionamiento de sistema? ¿Qué tipo de casos son los que más preocupan a la jurisprudencia nacional? ¿Qué mecanismos existen para luchar contra situaciones que ha implantado la llamada ‘nueva normalidad’? Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, tiene las respuestas.
En 2016 fue elegida la primera presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. La institución se creó en 1943. Ya era hora…
Ya era hora, sí. Sobre todo, teniendo en cuenta el número de mujeres que somos en la abogacía. Fui la primera y la aspiración es no ser la última. Aunque, por otro lado, también quiero que llegue el momento en el que todo esto se vea con normalidad y no llame la atención ni hablemos de ello, pero la realidad efectivamente es diferente.
¿Qué tipo de medidas de igualdad en el ámbito de la abogacía desarrollan desde el Consejo General de la Abogacía Española?
Estamos trabajando muchísimo en el ámbito de la igualdad. Lo primero que hicimos fue realizar una serie de barómetros para valorar cuál era la situación y comprobamos que la falta de igualdad era una total realidad, al igual que certificamos que la desigualdad la siente quien la padece. Las compañeras la percibían en todos los ámbitos del ejercicio: desde la retribución hasta el reclutamiento. Por eso configuramos unos planes de igualdad que venimos aplicando en el personal contratado en el Consejo General de la Abogacía y en los colegios, así como entre compañeros y compañeras en las instituciones. También hemos organizado cursos de formación y hemos tratado de sensibilizar a la población con diversos actos públicos. Este año, además, daremos el primer Premio a la Igualdad de la Abogacía Española. Seguimos haciendo cosas, como un manifiesto de reclamación de la conciliación entre la vida personal y laboral dentro de la abogacía, después de que a una compañera se le denegase la petición de suspensión de un determinado juicio. Hay que cambiar las cosas.
Para reformas, la del Consejo General del Poder Judicial, que sigue en jaque y ya suma casi tres años paralizada. ¿Qué opinión le merece la politización del poder judicial?
Yo creo que hay que distinguir. En esta casa entendemos, con carácter general, que la justicia en forma de jurisdicción es independiente. Tenemos una Administración de Justicia de la que nos podemos sentir absolutamente orgullosos. Cuestión distinta es cuando hablamos del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hay diversas fórmulas que se han formulado para el nombramiento de los magistrados y desde aquí lo que reclamamos es que las fuerzas políticas hagan el esfuerzo para llegar a un acuerdo del sistema porque ya existe una verdadera necesidad. Aun así, quiero dejar claro esa diferenciación: la actividad jurisdiccional, la resolución de conflictos del día a día en la que se dictan miles de sentencias, está ejercida con independencia e imparcialidad.
La pandemia ha generado nuevas realidades para todas las empresas, y esto no excluye a la justicia. Al no poderse seguir una adaptación con total normalidad, ¿cómo se ajustaron a la nueva realidad del teletrabajo? ¿Estaba preparado el sistema para una posible acumulación de casos judiciales en tiempos de pandemia?
La pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas. Entre ellas, que la Administración de Justicia adolecía de una adaptación tecnológica. Esta situación nos ha mostrado que la transformación tecnológica hay que afrontarla e invertir, y los fondos de la Unión Europea (UE) que vamos a recibir sería estupendo que sirvieran para esto. A nosotros nos pilló de pronto y lo que hicimos fue coger las consultas e irnos para casa. Sin ningún tipo de organización previa. Nos hemos ido adaptando, pero lo que teníamos antes no era ni teletrabajo ni nada. También es verdad que es una materia compleja y hay muchas cuestiones que no se pueden tratar de forma tecnológica, como un juicio penal. Es muy complicado hacerlo de manera no presencial. Por eso importante dotar a los órganos judiciales de medidas de prevención.
En términos generales, ¿cree que si se hubiera implantado la ley del teletrabajo antes –y con implantación real– no habrían ocurrido cosas como las que afirma?
Este es un fragmento de una de las entrevistas que encontrarás en el número de marzo de la Revista Capital, ya disponible en tu kiosco o en Zinio.
