El Congreso aprueba este martes la nueva ley del teletrabajo, que endurecerá hasta un 20% las sanciones por infracciones en materia laboral que impone la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, hasta un máximo de casi un millón de euros.
El informe de la ponencia parlamentaria que ha analizado este proyecto de ley, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, ya incorpora esta enmienda impulsada por las formaciones del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos. Con ella, la cuantía de las sanciones de la Inspección aumentarán hasta un 20%, por lo que la sanción más elevada podría llegar hasta los 983.736 euros, cuando el importe más cuantioso se quedaba en 819.780 euros en la vigente ley.
El PSOE y Unidas Podemos justifican esta revisión de las cuantías de estas sanciones recogidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social "para garantizar su eficacia, con respecto al principio de proporcionalidad". Las cuantías incluidas en esta ley, recogidas en un texto refundido del año 2000, han sido objeto de una única revisión hasta ahora, argumentan, en el año 2007.
En todo caso, según recoge otra enmienda incluida en el proyecto a instancias del PSOE y Unidas Podemos, las infracciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, y por ende, del nuevo régimen sancionador, se sancionarán conforme a las cuantías previstas hasta entonces.
El proyecto de ley, que procede del decreto que el gobierno aprobó en septiembre del año pasado, ha incorporado también en la ponencia enmiendas de Vox, Ciudadanos y Esquerra Republicana, si bien las enmiendas de las dos primeras formaciones van dirigidas a adaptar el contenido de la ley a la regulación ya prevista en decretos posteriores al del teletrabajo, como otras impulsadas por PSOE y Unidas Podemos, o apreciaciones de carácter técnico.
Equipos universalmente accesibles
Respecto a las de ERC, la nueva ley incluirá cuatro enmiendas de esta formación dirigidas a la regulación del teletrabajo por parte de personas con discapacidad, con el fin de asegurar que los medios, equipos y herramientas sean universalmente accesibles para evitar su exclusión, y que esta accesibilidad forme parte de la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
También otra enmienda para considerar al domicilio de referencia el que figure en el contrato de trabajo o, en su defecto, el de la empresa o centro o lugar físico de trabajo a la hora de considerar la autoridad laboral competente y los servicios y programas públicos de fomento del empleo aplicables.
