Borja Carrascosa, director de Capital

El debate reciente sobre las decisiones que vendrán en materia fiscal en las comunidades autónomas es tan virulento, como estéril. Más allá de criterios morales o políticos, los dos tributos que más están centrando las discusiones entre el Gobierno y las regiones no tienen capacidad recaudatoria suficiente como para salvar al Estado de la quiebra. Patrimonio -el llamado “impuesto a los ricos”- y Sucesiones y Donaciones -tildado como el “impuesto a la muerte”- apenas ingresan conjuntamente en torno a los 3.400 millones de euros.

Patrimonio recauda cerca de 1.100 millones en el conjunto de las regiones que lo aplican -Cataluña recauda casi la mitad, 500 millones-, y, de verse Madrid obligada a retirar la bonificación, apenas aportaría 450 millones. El segundo, por su parte, percibe en torno a 2.300 millones, y su imposición homogénea en todas las administraciones autonómicas aportaría apenas 800 millones extra, según cálculos preliminares de Equipo Económico. Es decir, la suma de la subida en ambos tributos, que centra la “pelea” de los gobiernos regionales, no llegaría a los 1.300 millones. Eso, en un año económicamente “normal”.

Para este ejercicio, el “agujero” previsto entre ingresos y gastos de la Administración Pública española -Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales- es del 7,7% del PIB. Esto supone que el sector público gastará aproximadamente, y tirando por la horquilla baja, 90.000 millones de euros más de lo que ingresará. Los 1.300 millones de la subida homogénea de Patrimonio y Sucesiones apenas representan el 0,1% del déficit y el 1,5% del dinero que debería recaudar España -o recortar- para cuadrar sus cuentas públicas. El impacto es ridículo.

En comparación, los principales “nudos gordianos” tributarios que nutren la inmensidad del gasto de la Administración son el IRPF (86.900 millones de euros en 2019, el 40% del total); el IVA (71.500 millones, el 30%); el Impuesto sobre Sociedades (23.700 millones, alrededor del 10%) y los Impuestos Especiales (21.400 millones, el resto). Si el sector público quiere “rascar” más ingresos tributarios, debe centrarse en las cuatro figuras anteriormente mencionadas, así que veamos las opciones que tiene.

Si miramos el “mapa” de los tipos máximos del IRPF, vemos que, en esencia, es un escenario de fiscalidad política. Tal y como recuerdan desde Equipo Económico, hay regiones en las que la retención para las rentas de más de 300.000 euros anuales es del 54% -caso de Comunidad Valenciana-, y esto significa que más de la mitad de los ingresos de esos contribuyentes se los quedan entre el Estado y el Gobierno autonómico. Parece difícil, por tanto, que el sector público pueda elevar aún más las retenciones sobre las rentas de los españoles sin rozar, directamente, la usura. Eso, o “atacar” a las clases medias. Otra vez.

En el Impuesto sobre Sociedades, la capacidad de aumentar la recaudación pudiera parecer significativa a tenor de las bonificaciones y deducciones con las que cuentan las empresas. Muchos economistas se refieren a este fenómeno como el del “queso gruyère”, en referencia a los agujeros por los que se pierden parte de los ingresos por los beneficios empresariales. En la práctica, es un tributo que ha aportado, como máximo, 25.000 millones de euros en años de bonanza económica. Ni siquiera duplicando esa cifra, algo materialmente imposible, se podría aspirar a contener el déficit público. Algo similar podemos aplicar a los tributos especiales, entre los que el tabaco -en clara caída de con[1]sumo- e hidrocarburos -afectados por la transición ecológica- aportan de forma conjunta menos de 19.000 millones.

Las previsiones apuntan, por tanto, a una más que probable subida del IVA, que es el que más margen tiene. Este tributo es indirecto, no se aplica directamente en el “bolsillo” del contribuyente -eliminamos de esta forma parte de su coste “político”-, aunque su efecto es muy nocivo para el consumo. Las propuestas recientes conducen, más concretamente, a la redistribución de los productos y servicios que tributan actualmente al tipo reducido -10%- y superreducido -4%-, que pasarían a pagar el tipo general (21%). En la práctica, parece probable que, en este escenario de gasto público desbocado, empecemos a escuchar voces que recomiendan la subida de tipo general al 23%, o, incluso, al 24%. Lo que probablemente no escucharemos, desde dentro del sector público, es un recorte de gasto en la misma medida que la subida de impuestos prevista. Pero esa es otra discusión que ahora, en plena recuperación, parece que no “toca”.