jueves 28 • octubre 2021
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La industria fotovoltaica española busca convertir el país en un “hub” internacional

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Aunque el sector fotovoltaico español ya está muy bien posicionado, todavía existen trabas que dificultan su progreso. Capital aborda la cuestión junto a la Unión Española de Energía Fotovoltaica (UNEF), la asociación de referencia en el sector, que representa a más de 500 empresas, y Solaria, posicionada como una compañía clave en el impulso de la transición energética en España y el Sur de Europa.

En 2020, el conjunto de la Unión Europea instaló cerca de 19,6 GW. En el ranking, España fue el tercer país en potencia instalada, con 2,8 GW, tan sólo detrás de Alemania (4,9 GW) y Países Bajos (3,0 GW). A escala mundial, nuestro país se acerca al Top 10, según el informe Snapshot of Global PV Markets 2020 de la IEA (Agencia Internacional de la Energía, según sus siglas en Inglés). España lo hizo, además, “sin ningún tipo de subsidio, sólo a través de acuerdos bilaterales de compra y venta de energía y de proyectos que han ido directamente a precio de mercado”, explica la UNEF, valorando el crecimiento de un sector que ha sabido mover sus fichas por su cuenta. Aun así, Donoso insiste: “Necesitamos un impulso adicional a la tecnología fotovoltaica para contar con un mix de energías renovables más equilibrado”.

Regulación de la industria fotovoltaica

Desde la perspectiva de Solaria, empresa líder fotovoltaica, el Gobierno apoya el crecimiento de las renovables, en particular, de la energía fotovoltaica. “Se acaba de aprobar la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, que contempla una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% hasta 2030”. En su opinión, el soporte será muy importante para el desarrollo favorable del sector.

A nivel comercial, la fotovoltaica española es un exportador neto: en 2019 mejoramos cifras respecto a 2018, con un superávit de 1.600 millones de euros. Y es verdad que en el sector contamos con empresas fabricantes punteras a nivel mundial, pero todavía podríamos hacerlo mejor.

La reindustrialización de la economía mediante las tecnologías bajas en carbono es precisamente uno de los objetivos principales de la UNEF. Por su parte, la asociación ha elaborado ya sus Propuestas para una Estrategia Industrial Fotovoltaica. Según sus previsiones, en los próximos años se van a invertir alrededor de 25.000 millones de euros en nuestro país. “Debemos aprovechar para fortalecer el tejido industrial”, recuerda Donoso.

“Con las medidas adecuadas, nuestro país se puede convertir en un hub fotovoltaico internacional, pero es necesario que la política industrial en España reconozca este potencial e introduzca las medidas de acompañamiento necesarias”, señala Donoso.

En España existe, por lo general, “muy buen recurso solar”, pero no es igual en todas las comunidades. ¿Debería entonces regularse distinto en Euskadi que en Cádiz? La UNEF lo explica fácil: “si en Cádiz un consumidor instala autoconsumo pero no consume a las horas solares y en Euskadi sí, aun con menos irradiación, sus ahorros serán mucho mayores”. Depende mucho más de la adaptación del consumo a la generación que del volumen total de energía generada, explican.

Autoconsumo

Según Statista, solo el 1,8 % de la población española es usuario de paneles solares. La cifra es de 2020. Parece que todavía la sociedad no se atreve a “dar el paso” o, quién sabe, quizá el bajo porcentaje sea consecuencia de la falta de educación medioambiental que existe en España. Los datos de la UNEF, sin embargo, resultan esperanzadores: el autoconsumo se traduce en 596 MW de nueva potencia fotovoltaica instalada, un 30 % más que en 2019 (459 MW). “El aumento demuestra la resiliencia del sector en momentos de crisis sanitaria, social y económica como la creada por la irrupción de la COVID-19”, destaca la asociación.

El ‘impuesto al sol’ (cargos a la energía auto-consumida que no pase por la red) desapareció con el RDL 15/2018, la primera legislación española que reconoce el papel activo del consumidor a través del autoconsumo. Por su parte, el RDL 244/2019 regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Se introduce entonces la remuneración por excedentes y se permite el autoconsumo colectivo, con coeficientes de reparto constantes y que la propiedad de la instalación sea de un tercero. Gracias a la simplificación del proceso, el autoconsumo ha despegado en España. “En el sector nos sentimos cómodos con este sistema de libre mercado”, concluye la UNEF.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer: simplificar la administración a nivel local (suprimiendo la licencia de obras municipal), avanzar en un sistema de tarifa eléctrica que estandarice frente al resto de Europa el componente variable de la tarifa, aprobar un IVA reducido para el autoconsumo doméstico e introducir coeficientes de reparto dinámicos para el colectivo como paso previo a la constitución de comunidades energéticas, una cuestión que depende del MITECO (Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

El marco regulatorio actual facilita al ciudadano medio la instalación de esta tecnología en el propio hogar: “Se ha avanzado mucho para desobstaculizar las trabas administrativas y económicas que podían dilatar los procesos de instalación, así como en el ordenamiento que quedaba pendiente”. La UNEF, por su parte, sigue esforzándose en eliminar el requisito de la licencia de obras: “es innecesario y dilata el procedimiento desalentando a los consumidores”. Recuerdan que ya son once las CCAA que han prescindido de este paso. Ahora, la misión es que desaparezca en toda España. En este punto, ha creado un sistema de certificación para instaladores para dar mayor seguridad al consumidor, el Sello de Calidad UNEF.

Aunque es una práctica extendida en el resto de Europa, el autoconsumo colectivo está experimentando el desarrollo más lento. Actualmente, “para que una comunidad de propietarios se beneficie del autoconsumo, se pide el voto a favor de una tercera parte de todo el vecindario en una junta que suele desconocer en qué consiste una instalación fotovoltaica”. Según la UNEF, este escollo explica por qué la energía solar no acaba de des- pegar en su formato colectivo, mientras crece a gran ritmo en su versión individual. Pero, ¿cómo va a defender la causa una sociedad “poco sensibilizada”? La asociación propone, por una parte, difusión, para que a quienes propongan usar el tejado para energía solar les sea más sencillo contar con la aprobación comunitaria y, por otra, reformar la Ley de Propiedad Horizontal para que facilite los acuerdos de los propietarios.

Lo ideal, explican, sería repartir la energía producida en función del consumo de cada cual. Ahora el reparto es fijo: quienes instalan deben acordar de antemano cómo repartir la energía generada. Una nueva propuesta del Gobierno pretende establecer horarios fijos con un año de antelación, “lo que seguiría desaprovechando la rentabilidad real de la instalación”, señalan.

El caso de Solaria

Solaria, en su alineación a los objetivos climatológicos de la UE, explica que sus plantas solares contribuyen “muy positivamente” al entorno natural. Sus proyectos reducirán significativamente tanto la dependencia energética como la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, aseguran.

El respeto a la biodiversidad es uno de sus pilares clave. Su actividad no supone un impacto negativo sobre el suelo sino todo lo contrario: contribuyen a la regeneración de la capa vegetal y a la recuperación de terrenos de baja capacidad agrológica, compatibles con la instalación de plantas solares. Para evitar el impacto negativo sobre la flora y fauna existente, elaboran estudios específicos que permiten tomar medidas adicionales compensatorias (“instalación de nidos, reforestación, obligación de mantener una capa vegetal, pastoreo…”). En definitiva, la empresa aplica una “perspectiva holística” mediante el uso eficiente y responsable de los recursos naturales, la preservación de la biodiversidad y el fomento de la economía circular.

La fotovoltaica se ha adherido como Socio Signatory al Pacto Verde Mundial, un reconocimiento que pasa por diferentes requisitos. Un punto clave de su política medioambiental marca como objetivo reducir sus emisiones de CO2 en un 14% a cierre de 2021. Para conseguirlo, en enero se impulsó el cambio en el consumo eléctrico y se ha implementado el Plan Flota Híbrida para sustituir progresivamente los coches renting diésel por coches híbridos.

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