"Tiempos entre costuras", por José Francisco Rodríguez, presidente de Capital
A la vista del moderado repunte del PIB, nos enfrentamos a una ralentización motivada por las incertidumbres que acechan a nuestra economía. Hablamos de factores como la elevada inflación; el alto desempleo –especialmente, juvenil-; la tasa de creación de empleo privado; la productividad; las estimaciones de crecimiento o la aceleración en la aprobación de leyes que está impulsando el bloque multicolor del Gobierno.
Estas medidas, en general, incorporan nuevos criterios más orientados, en teoría, a reforzar el escudo social que a sentar las bases para una recuperación solida de las empresas.
Lo cierto es que las llamadas políticas sociales y las diferentes reformas, algunas aprobadas por error de votación como la reforma laboral, no están obteniendo el efecto buscado. El desalineamiento entre la regulación que se realiza desde la mayoría multicolor del parlamento no está siendo efectiva y lo muestran los datos de la OCDE, que sitúan a España como líder en la caída de los ingresos familiares.
Los hogares españoles acumulan una pérdida del 3,3% de sus ingresos reales, descontando el efecto de la inflación, desde el cuarto trimestre de 2019. Es cierto que la pandemia ha hecho necesaria la puesta en marcha de medidas de protección social, pero en España la diferencia entre el PIB y los ingresos de los hogares, que es una manera de calcular el escudo social, está muy por debajo de otros países como Grecia, Eslovenia o República Checa, por no mencionar otros más grandes.
El indicador quizá más preocupante es que la actividad del sector privado de España registró en enero su primera contracción en once meses a raíz de la caída experimentada en el sector servicios, dejándola a la cola de la Unión Europea (UE). Este dato refleja realmente la orientación de la política del gobierno y su impacto negativo en el futuro de la capacidad competitiva del país. Los expertos ya vienen advirtiendo del desacople existente entre el empleo y la producción, que no tiene visos de corregirse a lo largo del año.
Según Funcas, esta hipotética recuperación se trasladaría al 2023 y el modelo de crecimiento económico genera grandes dudas a nivel internacional. Los desequilibrios son cada vez más acentuados, por una falta de coherencia en las políticas económica y legislativa que obedece, en gran parte, a motivaciones ideológicas.
Además, la capacidad de financiarse con deuda o fondos no va a ser infinita y España tendrá que hacer frente a un aumento del coste de la deuda y probablemente a mayores dificultades de acceso a la financiación en los mercados financieros. Una circunstancia que, unida a la menor capacidad de aumentar el gasto y la inversión pública, proyectan que nuestro nivel de producción se mantenga significativamente por debajo de lo previsto, porque no olvidemos que la subida de impuestos que se está aplicando, también es finita.
El tema de la deuda y sus implicaciones futuras va tomando cada día mayor relevancia, volver a aplicar el hoy suspendido Paco de Estabilidad sin antes reformarlo no tiene sentido. No hay muchas alternativas, pero hay que adoptar decisiones pronto y esto no pasan por agregar sanciones. Hacer cumplir estrictamente las reglas provocaría retrasar la recuperación económica, e ignorarlas pueden suponer un descredito para los organismos europeos.
Sin duda, el acceso a la capacidad fiscal debería estar sujeto a partir de ahora a ciertos condicionantes y análisis de la sostenibilidad de las políticas fiscales de los países de la UE. Sobre todo, para que no nos llevemos sustos en unos años como los que vivimos hace una década con la intervención en algunos países.
Después del gran espectáculo de la votación de la reforma laboral, la próxima estación es la ley de pensiones que se negociará mayo. Algunos ya calientan motores para quedarse con la gestión a cambio del voto. ¿Les suena?
¿Hay luz al final del túnel? Parece que de momento no.
