Las asociaciones buscan una reunión con el Ministerio de Consumo tras presentar varias enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela en el Congreso
Los presidentes de la Asociación Española Expertos en Relación Cliente (AEERC), Jose Francisco Rodríguez y de la asociación CEX, Iñigo Arribalzaga, han solicitado reunión a Rafael Escudero, secretario general de Consumo, en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Esta nueva iniciativa se una a las que ya ha puesto en marca ambas asociaciones, presentando a los diferentes partidos y concretamente a los responsables de las ponencias y enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, para trasladar las propuestas del sector.
Esta nueva petición de reunión se une a las reuniones ya mantenidas con los portavoces en la citada comisión del Partido Popular y del Partido Socialista, pero en este caso, el objetivo es reforzar aún más los planteamientos de ambas asociaciones, presentando las propuestas al ministerio proponente.
Las enmiendas a la Ley
Los puntos presentados hablan sobre flexibilizar el redactado de la limitación a los 3 minutos como tiempo máximo de espera, eliminar del redactado la consideración de las llamadas de “consultas” a efectos de registro y entrega de justificante, eliminar del redactado la consideración de las llamadas de “consultas” a efectos de registro y entrega de justificante, excluir del redactado la posibilidad de hacer venta proactiva en las llamadas o eliminar la posibilidad de hacer venta proactiva en las llamadas.
De igual forma se borra cualquier limitación a las automatizaciones de interacciones, se incluye la referencia a la relevancia que tiene para la industria española y para los consumidores, continuar avanzando en la implantación de nuevas tecnologías para agilizar y mejorar la atención al cliente, se amplía de 15 a 30 días el tiempo de resolución de reclamaciones, se pasa de 6 a 12 meses el periodo de adaptación y se excluye de la norma a las PYMES.
Además, al igual que ya se ha realizado en las dos anteriores reuniones, ambas asociaciones solicitan conocer detalles de la propuesta del Ministerio en relación a las auditorías que contempla el proyecto de ley.
Finalmente, ambas asociaciones continúan insistiendo en la necesidad de contemplar también a las administraciones públicas, central, autonómica y local, bajo el mismo ámbito que finalmente se aplique a las empresas privadas, así como empresas privadas de titularidad pública, con el objetivo de que esa mejora que pretende la ley, alcance al 100% de los ciudadanos.
En palabras de Jose Francisco Rodríguez, “lo que realmente nos gustaría, es que al igual que se hizo en 2011, esta ley no se tramite, ya que no tiene ningún sentido retomar una propuesta de hace más de 11 años, que obviamente, ha quedado muy desfasada”. Iñigo Arribalzaga, comenta: “somos un sector de personas y también de tecnología, y esa es nuestra mayor fortaleza de cara a poder competir en mercados internacionales; esta regulación, sin duda, es limitante”.
