"Sólo el 30% confía en recibir una pensión que le permita mantener su nivel de vida después de jubilarse"
Recientemente se ha publicado el Tercer Barómetro de Previsión Social para la jubilación de Nationale-Nederlanden, un estudio que parte de 1000 encuestas realizadas a empleados con contrato indefinido en empresas ubicadas en España y que además cuenta con la interesante aportación de casi 400 responsables de Recursos Humanos. Pues bien, según este barómetro, el 61% de los empleados cree que debería ser obligatorio para las empresas ofrecer planes de pensiones a los empleados.
Sin embargo, es aquí donde surge la gran contradicción, ya que hemos observado en los recientes debates parlamentarios cómo desde el Gobierno de coalición se han vuelto a introducir modificaciones que limitan la capacidad tanto de los empleados como de las empresas de hacer aportaciones superiores. Creo sinceramente que es un error limitar esta posibilidad, ya que la perspectiva del debate no debe ser limitante, bajo la creencia de que solo las rentas altas pueden acceder a planes de pensiones. Todo lo contrario. La regulación presupuestaria se debería dirigir a impulsar que los españoles puedan canalizar una parte de sus ahorros hacia su propio sistema de previsión, haciendo aportaciones a su fondo de pensiones, al menos, de forma proporcional a su capacidad de generación de ingresos y no limitar como se ha hecho a cantidades fijas casi irrisorias. Así, el único mensaje de trasladan a la economía es que no debemos invertir en nuestros fondos de pensiones.
No olvidemos, además, que los fondos de pensiones son un vehículo inversor para España: todos tienen definidas unas políticas de inversión tanto en renta fija como renta variable y todos conocemos casos de cómo grandes fondos de pensiones llegan a dirigir incluso el impulso económico de países a través de empresas o sectores determinados (Fondo de Pensiones Noruego sobre el petróleo).
Además, a este se une que los empleados españoles tienen un nivel de confianza bajo en el sistema de pensiones del país, ya que, según el Índice sobre Percepciones para la Jubilación, un estudio elaborado por Alight Solutions, sólo el 30% confía en recibir una pensión que le permita mantener su nivel de vida después de jubilarse, lo que confirma el recelo a las futuras medidas y además señala que una mayoría muestra interés en cubrir su jubilación con aportaciones a planes de pensiones.
La reciente aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la nueva ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo no debería ir en detrimento de los planes de pensiones de empresa, ni de los individuales. Tampoco va a cambiar la dinámica, y menos aún con la situación de incertidumbre que vive el país.
La inflación añade otro factor de riesgo a los ahorros y la correspondiente pérdida de valor. Esto lo digo porque creo que ha pasado desapercibido, pero desde el Gobierno de coalición se ha reducido la aportación, y, por tanto, las deducciones: de los 10.000€ hasta los 1.500€. Sin embargo, para fortalecer el Plan de Empleo público, se favorece con limitar a 8.500€/año. ¿Por qué se penaliza al ahorrador privado?
Esta penalización a los planes de pensiones individuales no es más que una nueva corrección ideológica que parte de la errónea base de que las aportaciones a los planes de pensiones individuales provienen de los ricos. Y nada más lejos de la realidad. Son cientos los planes individuales gestionados a través de empresas –y además con resultados de rentabilidad muy atractivos–, por lo que se confirma la teoría de que esta perspectiva aprobada recientemente vuelve a ser limitante para genera valor en nuestro país.
Además, no olvidemos que los planes de pensiones de empresa suponen un factor de atracción y retención del talento. Según el citado barómetro, los productos de ahorro para la jubilación vía empresa tienen un impacto muy positivo en la relación empresa-empleado y actúan como elemento de fidelización y retención del talento. Así, aquellos empleados que se benefician de este tipo de productos están más satisfechos con su situación laboral (satisfacción media de 7,4 frente al 6,8 de los que no lo tienen).
Debemos volver a retomar de cara a 2023 nuevos criterios revisados que favorezcan la posibilidad de invertir en función de la capacidad de generar ahorro; afirmación que se confirma con la anteriormente citada encuesta y pone de manifiesto que la preocupación por la jubilación está relacionada con la edad y aumenta a partir de los 45 años. No solo eso. Y lo que quizás es más grave y no se ha tomado en consideración: el gran desconocimiento en cuanto a las opciones de las que disponen los empleados a la hora de ahorrar para su jubilación, que en mi humilde opinión tiene que ver con la escasa voluntad de establecer un modelo estable de inversión.
Es un inmenso error continuar cambiando y modificando cada año las condiciones de ahorro a través de planes de pensiones, y menos aún penalizar los planes individuales y los de empresa. Generar más incertidumbre no ayuda, y menos con unas perspectivas de envejecimiento del mercado laboral.
