“Es tiempo de apostar por políticas de arraigo focalizadas en el desarrollo local de los municipios más pequeños”
El debate sobre las brechas de todo tipo existentes entre el mundo urbano y metropolitano y las zonas rurales o más periféricas constituye un tema de máxima actualidad. Más aún, en el contexto del cambio climático y de las decisiones que hay que tomar para lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible a la vez.
El fenómeno de la “España vaciada” expresa este gran desequilibrio interno que acaba por expulsar de las oportunidades de progreso económico y social a importantes segmentos de la población, o bien les fuerza a las “migraciones interiores” hacia las grandes áreas metropolitanas en busca de una mejor calidad de vida, oferta de servicios u oportunidades laborales.
Según datos de la OCDE, la proporción de empleos que, por su naturaleza, pueden realizarse a distancia en las distintas comunidades autónomas oscila entre menos de una cuarta parte en las Islas Baleares y Extremadura y el 41% de Madrid. No solo se trata de una cuestión del tipo de ocupación -paradójicamente, más propicias al trabajo no presencial en las grandes ciudades-, sino del acceso a las redes.
El envejecimiento de la población por el éxodo forzado hacia las metrópolis y el difícil acceso a otros servicios básicos (educación o salud) son elementos fundamentales en la desconexión y desigualdad rural que solo podremos resolver con políticas que anclen riqueza y actividad al territorio y que faciliten un crecimiento vertebrador para combatir desigualdades no solo entre regiones de un mismo país, sino también entre países de una misma zona.
Desde 2007, más de la mitad de la población mundial vive ya en ciudades y se espera que este porcentaje alcance el 60% en 2030. Este crecimiento de las grandes urbes -en ocasiones, rápido y desordenado, como vemos en muchas regiones del planeta- reproduce gran parte de los problemas de sostenibilidad globales al provocar ineficiencias y sus propias desigualdades. La contaminación, el desplazamiento de sectores sociales más vulnerables, el incremento de la pobreza e inseguridad urbana o el aumento a veces insostenible del tráfico son solo algunas de las consecuencias directas de la expansión de las ciudades.
Los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) de Naciones Unidas priorizan la reducción de las desigualdades “en y entre los países” (Objetivo 10) y la sostenibilidad de las ciudades (Objetivo 11), dos metas interrelacionadas y complementarias.
“Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, reza el ODS 11, y ello pasa en buena medida por frenar la urgencia de las migraciones internas del mundo rural al urbano.
Hoy -gracias de modo muy fundamental a la ubicuidad que nos ofrecen la conectividad y las telecomunicaciones- es pensable y factible un crecimiento económico y social más próximo y anclado en el territorio. El acceso por medios telemáticos a recursos formativos, de salud, culturales o financieros es fundamental para facilitar una movilidad más eficiente y sostenible. Se trata de asegurar la posibilidad de un progreso social y económico inclusivo para aquellos que decidan permanecer en el ecosistema de poblaciones y ciudades más periféricas, o que incluso permita revertir este fenómeno de la migración interna, movilizando riqueza y actividad hacia la geografía “vaciada”.
Es tiempo de apostar por políticas de arraigo focalizadas en conseguir desarrollo local en municipios más pequeños a los que la baja densidad poblacional y la menor oferta de servicios e infraestructuras parecen condenar al olvido. Unas políticas de arraigo apoyadas en el efecto positivo y de palanca de la transición digital permitirían ganar tiempo y espacio para una planificación del territorio más integrada, con una malla de poblaciones pequeñas, ciudades intermedias y grandes que ayuden a corregir y reequilibrar las asimetrías de las grandes megalópolis, generando así nuevas centralidades.
Para España, como para el resto de la UE, los fondos Next Generation suponen una oportunidad y una apuesta de las Administraciones para avanzar en las dos transiciones, la digital y la ecológica. Las dos van de la mano y la una es condición de la otra. Ambas deben ser facilitadoras de la reducción de las desigualdades económicas entre regiones y de las brechas entre el mundo urbano y el mundo rural.
