“La pérdida de credibilidad en las instituciones deriva en una desconfianza total hacia la democracia y en la caída de su solvencia”
España encara la recta final del año en mitad de la llamada “tormenta perfecta” y uno tiene la sensación de que el sector público sigue cometiendo los mismos errores que derivaron en el rescate financiero de 2012. Una década después de aquello, la triple entente que amenaza la solvencia de nuestro país (deuda, déficit y paro) sigue lastrando la competitividad de la economía.
Como consecuencia de esta ‘década perdida’ en lo económico, en la que los que rigen el destino del Estado -de ambos signos políticos- no han querido apuntalar las reformas que garanticen su sostenibilidad, España sufre hoy una deuda pública de cerca de 1,5 billones de euros. Según los últimos datos del Banco de España, el crecimiento ha sido de 700.000 millones en estos diez años, lo que equivale a un incremento superior al 80% en el pasivo público en circulación.
Concretamente, de los 810.292 millones de euros de junio de 2012 -fecha en la que se decidió el rescate- hemos pasado a 1,487 billones, un 83,5% más. Estos 676.700 millones “extra” son, esencialmente, partidas de gasto público que no cubren los ingresos, y se han producido, pese al fuerte revés provocado por la pandemia, en un contexto de crecimiento de la economía. El PIB de 2012 fue de 1,031 billones, mientras que este año podríamos superar los 1,24 billones (cifras prepandemia), un incremento superior al 20%. Todo esto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), del que hablaremos más adelante.
Es evidente que el sector privado ha estado al servicio del Estado, y no al revés, como se percibe al consultar el resultado de las políticas fiscales extractivas de estos años. Recaudación y gasto han aumentado más de un 30% -frente al 20% del conjunto del PIB-, pero los ingresos no han sido suficiente para reducir el ‘agujero’, ya que la voracidad de la Administración avanza más rápido que la capacidad de las empresas y los ciudadanos de sufragarlo.
El sector público no utiliza estos ingresos ‘extra’ para reducir el déficit y la deuda pública, sino para seguir aumentando ambas variables de forma descontrolada. Cualquier gestor empresarial se llevaría las manos a la cabeza si tuviera que aplicar este modelo financiero en su compañía, pues la llevaría directamente a la quiebra.
El Estado ‘engorda’ un 30% desde el rescate bancario
Si tomamos como referencia 2013 -para evitar la distorsión provocada por el rescate bancario-, vemos que la evolución del gasto público de España es un disparate. Concretamente, los desembolsos de la Administración Pública (Estado, comunidades, ayuntamientos y otras entidades locales) han pasado de 473.000 a 610.000 millones de euros (cifras de 2021), 137.000 millones más. En comparación, esta cifra es un 29% superior, y este año volveremos a batir un nuevo récord que nadie parece querer evitar.
La recaudación por impuestos y cotizaciones sociales también ha crecido mucho en la misma etapa. Muchísimo, de hecho, ya que la capacidad extractiva de rentas de la que hace gala la Administración es asombrosa. Concretamente, los ingresos del sector público han pasado de los 397.000 millones registrados en 2013 a los 527.000 millones de 2021, 130.000 millones más. Y este año habrá un nuevo ‘bonus’.
A la vista de los datos anteriores, no sorprende la arbitrariedad con la que el INE va corrigiendo, mes a mes, todas las estadísticas sobre la actividad económica de nuestro país. El último informe señala que el PIB creció un 1,5% en el segundo trimestre, cuatro décimas más de lo previsto, en una nueva y abultada revisión que pone en duda todas las estimaciones anteriores y futuras.
La pérdida de credibilidad de las instituciones es el primer paso hacia la total desconfianza en el sistema democrático. Y la fiabilidad de las cifras económicas es la que marca la solvencia de un país. Y, por extensión, el precio que deberá pagar una economía por financiarse de forma autónoma.
