"El sistema premia a los que viven del Estado y favorece a aquellos que disfrutan sin merecerlo de los frutos del trabajo de otros"
Vivimos una época convulsa y extraña a partes iguales, repleta de paradojas económicas y sociales en un juego de intereses creados y financiados con presupuesto público. En esencia, el complejo entramado burocrático que rodea la vida privada -económica y personal- dificulta el desarrollo y el crecimiento de los empresarios; de los profesionales; de los propietarios y de los emprendedores. Por el contrario, premia a los que viven del Estado y favorece aquellos que disfrutan sin merecerlo de los frutos del trabajo de otros. En la batalla de la meritocracia frente a la mediocracia, la segunda está ganando, y eso nunca es bueno.
Resulta difícil de comprender que un propietario de vivienda, que abonó y sigue abonando la extensa batería de impuestos ligados al negocio inmobiliario, tenga menos protección jurídica que aquellos que se la ocupan. No tiene sentido que aquel que contribuye a mejorar el funcionamiento del Estado, destinando al mismo una parte relevante de sus ingresos, se encuentre desprotegido frente a los que apenas aportan nada al sistema público. No solo eso, sino que además se aprovechan de una normativa laxa y permisiva para mantener esta forma de vida. Esta ‘guerra’ diaria entre los que aportan recursos y los que los extraen es perniciosa para el futuro económico de un país.
De igual forma, tampoco se entiende el castigo -tanto fiscal como social- que sufren los empresarios y los emprendedores. El concepto de redistribución del capital que justifica la persecución tributaria de los llamados ‘ricos’ se cae por la base si no hay riqueza que distribuir. Si las empresas no generan ingresos ni empleo, si no invierten, el modelo de ingresos públicos se desmorona. Más allá de visiones cortoplacistas, en síntesis, si el ciudadano no gasta, el Estado quiebra.
La estrategia del endeudamiento perpetuo de la Administración, a todos los niveles, comenzó en 2008 en España. No hay cambios en el horizonte. El número de funcionarios no para de crecer, el Estado dispara su presupuesto -más de 600.000 millones de euros en 2023- y cada vez ejerce un mayor control sobre la economía. La estrategia de creación de valor, desarrollo económico y generación de riqueza va, poco a poco, siendo sepultada. La seguridad del funcionariado frente a la aventura del empresariado.
En este contexto, el liberalismo es representado como una especie de ‘monstruo’ que todo lo devora, el enemigo de la sociedad del bienestar adicta al gasto público. El país del billón y medio de euros de deuda pública, en el que nadie quiere equilibrio y que cada vez está más radicalizado.
Con este modelo de persecución de la riqueza, en economías desarrolladas como la española florece peligrosamente la mediocracia. Esta estructura social, en la que prevalece la mediocridad, nace por la aparente obligatoriedad autoimpuesta de elevar el estatus económico de los que no tienen éxito. Principalmente, porque no lo buscan y dicen sufrir la opresión del capitalismo y de los ‘malvados’ liberales. Y los que no se adhieren a esta corriente de opinión, son negacionistas y enemigos del pueblo.
La brecha entre opresores y oprimidos, ambos hipotéticos, ha existido siempre. En este contexto, las políticas de identidad y equidad, aquellas que dicen buscar la igualdad de oportunidades, deben premiar la meritocracia. España debe cuidar a sus empresarios, a sus profesionales y a sus autónomos, los que generan riqueza y empleo, si busca un posicionamiento relevante en la escena internacional.
Desde Capital siempre hemos apostado por el emprendimiento y la iniciativa privada, con políticas de impuestos bajos que favorezcan el desarrollo económico. La mediocracia, en el contexto actual, dispara el gasto público y hunde la competitividad del país. No parece la mejor estrategia.
