lunes 30 • enero 2023

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Lo que nuestros vecinos nos pueden enseñar de la crisis climática

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“Hay que ampliar el foco, y tener en cuenta que la realidad del país no es la que se vive en los grandes núcleos urbanos” 

El sector transporte representa en España el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, y casi el 40% de las emisiones de los sectores difusos. Esto debería ser suficiente para que la prioridad fuese tomar medidas urgentes para generar un cambio radical en la sostenibilidad de la movilidad nacional, y europea.

Sin embargo, lo que se ha evidenciado durante el 2022 es que los Estados Miembros de la Unión Europea se han centrado en tomar distintas medidas principalmente económicas y cortoplacistas para paliar los efectos de la inflación en lugar de implementar los marcos de actuación indispensables propuestos por la Comisión Europea para conseguir un sistema de transporte más justo, eficiente y ecológico.  

Miremos por ejemplo a Alemania, que estableció un abono de transporte ilimitado por 9 euros al mes. Durante el verano en el que estuvo la medida vigente, se emitieron 52 millones de suscripciones que ahorraron 1.8 millones de toneladas de CO2. Pero gran parte de ese ahorro vino de viajes de ocio puntuales, y no se observó un gran impacto en el tráfico por carretera ni en el cambio modal.

A eso hay que sumarle las quejas de la ciudadanía por la falta de trenes y el caos que generó la medida en el sistema de transportes, contraproducente cuando lo que se busca es un cambio de actitud respecto al uso del transporte público. Todo esto demuestra que, aunque beneficiosa en términos monetarios (el Instituto de Investigación Económica de Colonia estima una reducción de la inflación del 2%), la medida no es suficiente para generar un cambio de comportamiento que suponga la reducción paulatina de las emisiones de CO2. 

Francia optó por tomar una ruta diferente subvencionando una parte del coste por litro de los combustibles. Se estima que la subvención, que también han aplicado otros trece Estados Miembros de la Unión Europea, entre ellos España, haya costado 9.000 millones de euros a los distintos países.

Aunque la decisión es comprensible en un contexto en el que el precio de los combustibles fósiles ha alcanzado su cifra más alta de la última década, es un gasto insostenible a medio plazo y no ayuda en uno de los objetivos principales de la lucha climática, que es reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Por no hablar, además, de que este tipo de medidas tampoco son justas a nivel social (según un estudio de Transport & Environment, las clases altas dependen ocho veces más de los combustibles fósiles). 

España ha mirado a sus vecinos, y ha propuesto su propio modelo. Desde septiembre de 2022, Renfe ofrece abonos gratuitos de Cercanía, Rodalies y Media Distancia. Nuestro Gobierno ha aprendido de los errores de Alemania y se ha centrado en fomentar el uso del transporte público para el día a día de los viajeros recurrentes, y no para el turismo de fin de semana. Pero como no todos los españoles cuentan con un sistema ferroviario de calidad, el Ejecutivo ha financiado desde abril tanto el diesel como la gasolina, generando un gasto público de 1.423 millones de euros.

La conclusión, la misma que para nuestros países vecinos: no se han eliminado coches de la carretera (de hecho, los datos de la DGT del segundo semestre de 2022 indican que los desplazamientos han aumentado en comparación con el año pasado) y se mantiene la dependencia de los combustibles fósiles.  

Todas ellas, las suyas y las nuestras, son medidas que, aunque necesarias en esta etapa de guerra y disminución del poder adquisitivo, no van a resolver la causa estructural de la crisis: el auge inevitable de los precios de los combustibles fósiles por la dificultad de explotar las reservas, y la necesidad de hacer frente a la crisis climática. 

Para atajar el desafío climático de raíz es crucial establecer actuaciones que tengan el foco en el largo plazo. Para ello, debemos unir fuerzas como miembros de la Unión Europea y compartir los resultados de los distintos experimentos llevados a cabo durante este año de forma transparente y crítica, para poder replicar las medidas que han funcionado en nuestros países vecinos y en el nuestro propio, y no perder un tiempo cada vez más escaso en tratar de repetir medidas que se han demostrado ineficaces. Así, juntos, centraremos nuestra energía y recursos en poner en marcha medidas estratégicas y eficientes para la movilidad del futuro. 

En España podemos compartir con nuestros vecinos que hemos tenido avances muy favorables en la democratización y la accesibilidad del transporte público. Pero hay que ampliar el foco, y tener en cuenta que la realidad del país no es la que se vive en los grandes núcleos urbanos. Ampliar el foco puede pasar por avanzar en la liberalización del autobús para reducir el precio del transporte por carretera en ejes clave, como lo estamos viendo con la liberalización del tren, pero también pasa por promocionar desde las administraciones públicas alternativas de transporte compartido punto a punto para esos lugares en los que el tren y el autobús no son viables o eficaces.

Además, si tenemos en cuenta que el 76% de los viajes en Europa de entre 100 y 800 kilómetros se hacen en coche, se vuelve aún más obvia la necesidad de optimizar esos vehículos y sus rutas, para que no viajen vacíos, y puedan conectar todas las localidades, por pequeñas que sean, que tiene una carretera cerca.  

Mirando a Europa para seguir mejorando juntos podemos tomar apuntes del “Plan Covoiturage” de Francia, que en el próximo año invertirá 150 millones de euros en la promoción del coche compartido, para fomentar la vertebración de la movilidad de todos los lugares del país. En España tenemos una oportunidad única en el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible este 2023 en el que, por primera vez se ha definido el carpooling. Definición que por supuesto aplaudimos desde el ánimo de seguir avanzando a nivel nacional, y establecer marcos de promoción para el coche compartido. 

La crisis climática no frena en los Pirineos, los Alpes o los Cárpatos. El CO2 no entiende de fronteras. Por eso, el objetivo debe ser el mismo para todos: la movilidad sostenible y eficiente en todos los rincones de Europa. Esto se consigue dialogando, compartiendo, reflexionando, planificando y, sobre todo, actuando para el futuro. Sin dejar a nadie atrás.  

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