El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con el propósito de instar al Gobierno a realizar una reforma legislativa. Esta reforma busca asegurar que aquellos condenados a prisión permanente revisable no puedan acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario. Esta propuesta fue presentada tras la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario al exmiembro de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki'. Dicho artículo permite una flexibilización de la condena que combina los elementos del segundo y tercer grado, acercando al condenado a un régimen de semilibertad.
El PP ha manifestado su inquietud tras conocer que en el País Vasco, algunos presos de ETA clasificados en el tercer grado han sido beneficiados por una interpretación "más favorable" del artículo 86. Esta normativa, que establece un tiempo mínimo de permanencia en prisión de ocho horas al día con pernoctación obligatoria, permite eludir esta obligación mediante el uso de dispositivos de control telemático. Hasta ahora, cerca de 70 etarras han aprovechado esta medida.
Los populares consideran "inadmisible" que esta interpretación permita eludir el cumplimiento efectivo de las condenas impuestas por los tribunales. Aunque subrayan que estos etarras no fueron condenados a prisión permanente revisable, una pena instaurada en 2015, recalcan la importancia de modificar la legislación para evitar estas situaciones.
El PP argumenta que la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal pretendía asegurar una respuesta penal proporcional y respetuosa con la Constitución para los crímenes más graves. Sin embargo, señalan que la actual regulación penitenciaria presenta "importantes carencias". Entre ellas destaca la ausencia de directrices claras sobre el acceso al tercer grado y a beneficios penitenciarios, lo cual genera "incertidumbre jurídica" y pone en riesgo la efectividad de esta pena excepcional.
El Partido Popular defiende que la reinserción debe ser una opción real, condicionada siempre al cumplimiento efectivo de la condena y a la existencia de un pronóstico sólido de no reincidencia
Por ello, el PP urge al Gobierno a reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para introducir una regulación "específica y diferenciada" respecto a la prisión permanente revisable. Esto incluiría cambios en los artículos 72 y 76 para abordar las competencias de la Sección de Vigilancia Penitenciaria y garantizar que la revisión de condena solo se realice cuando haya un pronóstico "inequívocamente favorable de reinserción". Adicionalmente, proponen modificar la legislación de forma que los condenados por terrorismo no puedan beneficiarse de un modelo de ejecución de pena que combine aspectos del segundo y tercer grado.
