En el ámbito legislativo, el Partido Popular ha dado un paso significativo al presentar en el Congreso una proposición no de ley (PNL). Esta iniciativa busca acelerar "al máximo" la tramitación de la normativa necesaria para trasponer más de 90 directivas europeas pendientes. Un tema candente considerando que más de 40 de estas directivas ya superaron su plazo límite antes de 2026, mientras que 21 más vencerán a lo largo de este año. El PP define la situación como un "fracaso" del Ejecutivo en la adaptación de la legislación europea.
Recientemente, el Congreso aprobó por mayoría una propuesta impulsada por Junts, que pide al Gobierno aplicar la directiva europea 2020/285. Dicha directiva permite eximir del IVA a autónomos con facturación inferior a 85.000 euros anuales, una medida exigida por el grupo de Carles Puigdemont a los socialistas para respaldar el decreto ley de ayudas fiscales motivadas por el conflicto en Irán. No obstante, esta propuesta no genera efectos prácticos ya que debería haberse aprobado antes de finalizar 2024 y actualmente enfrenta acciones de la Comisión Europea contra el Estado español por este retraso.
La iniciativa del PP, prevista para debate en la Comisión Mixta para la Unión Europea, también insta al Gobierno a adoptar nuevas medidas organizativas y de gobernanza frente a los "problemas endémicos de falta de previsión" en la presente legislatura. De igual forma, se propone iniciar en el primer semestre de 2026 los procedimientos de audiencia pública para normas que deban trasponer directivas con plazo máximo en 2027. Además, se requiere al Gobierno que mantenga actualizado y visible un listado de la normativa europea pendiente en el portal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Fruto de la "parálisis político-administrativa" en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sumido a España, ése es el juicio del PP sobre la falta de incorporación de normativa europea
El panorama se agrava pues, según el PP, España ocupó en 2025 el primer lugar en déficit de trasposición de legislación europea, con un 3,3%, el doble que la media europea. En cuanto a los procedimientos de infracción, España lideró con 92 casos, comparado con una media de 55 en el continente. Según datos de 2026, esta tendencia negativa continúa, alzando el déficit de trasposición al 3,7% y los procedimientos abiertos a 100. Hasta ahora, solo se han completado 23 de las 90 directivas, siendo 9 las transpuestas antes del plazo máximo fijado por la Unión Europea.
La pérdida de credibilidad e influencia de España en Europa, al convertirse en su socio menos fiable, es una derivada significativa de esta situación
En resumen, el PP acusa al Gobierno de falta de previsión y eficiencia en la adaptación de la normativa europea, no solo retrasando proyectos de ley, sino también iniciando decretos con tiempo insuficiente. La crítica se enfatiza en la insuficiencia del manejo informativo por su falta de un "mecanismo de comprobación sencillo" y la necesidad de recurrir a solicitudes de información pública para obtener datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.
