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El diputado de Compromís integrado en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha manifestado su intención de imponer más limitaciones al turismo para frenar su crecimiento. Ibáñez sostiene que el turismo hace que sea imposible vivir en ciudades como Alicante o Valencia. Recientemente, el diputado ha presentado en el Congreso una solicitud para crear una subcomisión dentro de la Comisión de Industria y Turismo. Esta subcomisión busca analizar el impacto del turismo en la calidad de vida de las personas. En una entrevista con Europa Press, Ibáñez afirmó que el objetivo es captar el malestar que sienten las ciudades turísticas, donde se está expulsando a los vecinos para que los barrios sean platós para turistas. Según Ibáñez, esta tendencia está causando la desaparición de negocios locales para dar paso a tiendas de alquiler de bicicletas o de lockers. Ibáñez defiende un decrecimiento turístico para evitar que las ciudades se transformen en destinos turísticos insostenibles. El portavoz adjunto de los plurinacionales en el Congreso criticó especialmente la llegada masiva de cruceros a Valencia, que genera un desfase entre la cantidad de cruceristas y los habitantes de la ciudad. Ibáñez subraya que esta situación condiciona la calidad de vida urbana y aporta poco a nivel económico. "La gente baja del crucero, compra un pin y se va", comenta, destacando que el aporte económico es mínimo, mientras que el impacto negativo es considerable. Ibáñez señaló a Benidorm como un ejemplo de saturación turística donde se necesita una reducción del flujo de visitantes. Asimismo, reconoció el reto de transmitir un mensaje de decrecimiento en ciudades donde el turismo tiene un gran peso económico. Sin embargo, argumenta que en lugares como Valencia, el turismo vive de la ciudad y la devora. No obstante, Ibáñez aclaró que esta postura requiere de un…
La Guardia Civil ha detenido a seis personas y está investigando a una séptima por su presunta implicación en una red de narcotráfico relacionada con un tiroteo ocurrido en febrero de este año. La operación, conocida como 'Operación Palmeras', ha culminado con la incautación de 530 kilogramos de hachís, 1.400 plantas de marihuana, 2.500 litros de combustible, dos embarcaciones, y un arsenal de armas compuesto por tres revólveres, un rifle y dos escopetas. Iniciada en septiembre de 2025, la investigación comenzó cuando la Guardia Civil descubrió una descarga de drogas desde una embarcación en el paraje de las Salinas, entre Roquetas de Mar y Aguadulce, en la provincia de Almería. Durante el proceso, se logró desentrañar el modus operandi del grupo criminal, el cual incluía el traslado de una embarcación desde el puerto deportivo de Almerimar hasta una finca en Viator. En un registro realizado en dicha finca, las autoridades detuvieron a una persona y decomisaron 530 kilogramos de hachís y 99 garrafas de combustible, además de dos armas cortas tipo revólver. Asimismo, se llevaron a cabo otros cuatro registros domiciliarios. Como resultado de estas operaciones, cinco miembros del grupo fueron arrestados, y se intervino un arsenal de armas, se descubrió una plantación indoor de cannabis y se incautaron cantidades de hachís, cocaína, 15.000 euros en efectivo y un chaleco balístico. La operación ha permitido esclarecer un tiroteo ocurrido en Huércal, Almería, el 4 de febrero, resultando en la detención del presunto responsable. Tanto los detenidos como el material incautado han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Roquetas de Mar. La investigación, liderada por la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, atribuye a los detenidos delitos relacionados con la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y riesgo catastrófico debido al manejo de…
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no someterse a un Debate sobre el estado de la Nación durante la actual legislatura. La última ocasión en que se celebró este evento fue en julio de 2022, incumpliendo el compromiso de organizarlo anualmente. Según Gamarra, esto demuestra la hipocresía del Gobierno. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha insistido a lo largo de la legislatura en la necesidad de celebrar este debate, una propuesta que figura en su plan de calidad institucional presentado en Cádiz en enero de 2023. La formación conservadora buscó formalizar esta exigencia al plantear una reforma del reglamento del Congreso en abril de 2025 para garantizar su convocatoria anual. Aunque la propuesta fue admitida a trámite, sigue pendiente de enmiendas. En los ocho años de Sánchez solo ha habido un Debate de la Nación, criticó Cuca Gamarra, quien subrayó que si no se convoca es porque no se quiere. Además, Gamarra acusó al Gobierno de haber declarado en septiembre de 2024 la obligatoriedad de celebrar el debate anualmente, como parte de su Plan de Acción por la Democracia. Sin embargo, según ella, no se ha cumplido con este anuncio, lo que tildó de hipocresía y tomadura de pelo. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, explicó que este plan prevé una reforma del Reglamento de las Cortes Generales para hacer obligatorio el debate. Gamarra señaló que la reticencia de Sánchez se debe a razones políticas y de supervivencia, y que un debate evidenciaría la falta de proyecto para España y la corrupción en su entorno. También cree que quedaría patente la falta de mayoría parlamentaria del presidente, así como las divisiones internas del gobierno, manifestadas recientemente en el Consejo de Ministros al aprobar…
Alberto Ibáñez, dirigente de Compromís y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, ha expresado su preocupación por la falta de escucha hacia el mensaje de unidad del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por parte de la dirección de los partidos políticos. Ibáñez enfatiza la necesidad de trabajar en fórmulas que eviten la división electoral, respetando las características de cada territorio. Ibáñez destaca que el objetivo no es tener un candidato "presidenciable", sino construir un equipo plural que permita a la izquierda, más allá del PSOE, frenar un posible Gobierno formado por PP y Vox. Según Ibáñez, el mensaje de Rufián está resonando entre el electorado progresista, aunque no es atendido por las cúpulas de los partidos. Es fundamental unificar esfuerzos en la izquierda para evitar un gobierno de PP y Vox, lo cual sería perjudicial para el autogobierno y la diversidad lingüística en España. En una entrevista con Europa Press, Ibáñez señaló que solicitará a Rufián su participación en la campaña electoral de la Comunidad Valenciana y valora positivamente el evento que tendrá lugar el 9 de abril en Barcelona, donde participará junto a Irene Montero sobre el futuro de la izquierda. Ibáñez advierte contra la especulación y el "salseo" de las izquierdas, reafirmando que Montero cuenta con un electorado fiel que necesita verla integrada en proyectos de unidad y destaca la relevancia de Podemos en estas iniciativas, aunque su influencia ya no es la misma que en 2016. El portavoz adjunto rechaza la "antipolítica" y defiende la importancia de las militancias partidistas, aunque critica las dinámicas internas que pueden llevar a repetir errores históricos. Él defiende que Compromís debe liderar candidaturas en su comunidad, siendo generoso con IU, Sumar, Podemos y otras fuerzas, mientras insta a evitar visiones "madrileñocentristas". Ibáñez subraya la importancia de evitar que PP y…
El Partido Popular ha intensificado su presión sobre el Gobierno con la presentación en el Congreso de los Diputados de más de treinta preguntas y una veintena de solicitudes de informes al Ministerio de Transición Ecológica. Esta ofensiva surge en el marco del caso Forestalia, una causa judicial que investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, relacionados con la gestión de proyectos de energías renovables. La situación ha cobrado relevancia tras la publicación de informaciones que señalan la supuesta implicación de un ex alto cargo del Ministerio en la facilitación de expedientes energéticos vinculados a Forestalia. Además, se ha destacado el papel de la empresa pública Tragsatec en la tramitación de varios de estos expedientes, según apuntan desde el Partido Popular en un comunicado. El Partido Popular ha pedido explicaciones al Gobierno sobre el papel de Tragsatec en la tramitación de proyectos de Forestalia. Entre las solicitudes de documentación dirigidas al Ministerio de Transición Ecológica, el PP requiere la copia íntegra de los expedientes de evaluación ambiental gestionados por el Ministerio para proyectos promovidos por Forestalia desde 2015. También solicita los informes técnicos que fundamentaron las declaraciones de impacto ambiental, además de comunicaciones internas, instrucciones o circulares emitidas al respecto. Asimismo, se ha exigido la entrega de correos electrónicos entre responsables, las agendas oficiales de altos cargos con registros de reuniones con Forestalia desde 2015, y la relación de consultoras o empresas externas que han elaborado estudios ambientales o técnicos usados en expedientes vinculados a dicho grupo. En relación con Tragsatec, el Partido Popular requiere que el Gobierno detalle en qué expedientes de evaluación ambiental de proyectos de energías renovables promovidos por Forestalia ha participado el personal de Tragsatec como asistencia técnica y los criterios para asignar personal a ciertos…
La Audiencia Nacional inicia este lunes el juicio por la operación de espionaje conocida como 'Kitchen', atribuida a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy. La supuesta operación, que data de 2013, buscaba sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en el contexto de la investigación del caso 'Gürtel'. La Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, involucrado junto a otros nueve acusados en presuntos delitos de encubrimiento, malversación y violación de la intimidad. Entre los acusados se encuentran altos cargos como Francisco Martínez y Eugenio Pino. Según el escrito de acusación, la operación involucró comisarios y agentes de la Policía, incluido el exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos, quien reportaba confidencialmente las actividades de Bárcenas a la cúpula policial a cambio de retribuciones económicas. La operación 'Kitchen' fue presuntamente diseñada para impedir que pruebas perjudiciales para el Partido Popular fueran incluidas en el procedimiento judicial del caso 'Gürtel'. El juicio contempla la declaración de más de 100 testigos, entre ellos destacados políticos como el expresidente Mariano Rajoy y la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal. El tribunal examinará las acusaciones y determinará las responsabilidades por la operación que, según se alega, involucró fondos reservados para pagar los servicios de espionaje de Ríos. La Fiscalía también imputa a los acusados la responsabilidad de indemnizar a Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias con 6.000 y 3.000 euros, respectivamente, por daños a la intimidad. Además, Fernández Díaz, Martínez y Pino enfrentan la demanda de reembolsar a la Administración del Estado 57.943 euros presuntamente malversados en la operación. El juicio se celebrará en las sedes de la Audiencia Nacional en Madrid y San Fernando de Henares hasta el 30 de junio, con sesiones…
El exministro José Luis Ábalos, junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, enfrentarán al Tribunal Supremo desde este martes por supuestas irregularidades en contratos de mascarillas gestionados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia. Ábalos y Koldo están en prisión provisional desde noviembre, aunque se declaran inocentes y niegan cualquier delito en sus declaraciones de defensa. Según el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, los acusados aprovecharon el cargo que ostentaba Ábalos desde 2018 para favorecer contratos, obteniendo beneficios económicos personales. El fiscal enfatiza que la organización criminal surgió para operar a lo largo del tiempo en múltiples actividades ilegales, debilitándose su estructura tras la salida simultánea de Ábalos y Koldo del ministerio en 2021. La Fiscalía sostiene que la organización tenía vocación de permanencia y buscaba enriquecerse a través de distintas esferas delictivas. El Ministerio Público solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, y 7 años para Aldama, además de multas respectivas por varios delitos, incluyendo malversación y tráfico de influencias. Aldama se ha declarado culpable de los tres primeros delitos, lo que le otorga una atenuante de confesión. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, piden penas más severas para Ábalos y Koldo. Los acusados mantuvieron roles esenciales en la organización. Ábalos, considerado "el jefe" por sus compañeros, proporcionaba la autoridad y contactos necesarios, mientras que Koldo, su "hombre de confianza", facilitaba sus tareas legales e ilegales. La Fiscalía describe a Koldo como el "alter ego" de Ábalos, manejando las finanzas de forma ilegal en nombre del exministro. Víctor de Aldama, supuestamente el facilitador, está señalado por Anticorrupción como un empresario con acceso preferente a Ábalos, lo que le permitió asegurar contratos sanitarios durante la pandemia en varias administraciones públicas. El juicio, que se celebrará…
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su intención de impulsar una ley estatal de cuidados paliativos si su partido accede al Gobierno. Feijóo aboga por una "reflexión apartidaria" tras el caso de Noelia del Castillo, según declaró en una entrevista con Servimedia, recogida por Europa Press. Feijóo explicó que la propuesta de su partido es aprobar una ley que garantice tanto el apoyo físico como el psicológico a todas las personas residentes en España. "La opción de morirse no puede ser la norma, debe ser la excepción de todas las excepciones", subrayó. Sin embargo, no precisó si esta nueva legislación derogaría la actual ley de eutanasia, indicando que no desea reabrir un debate respecto a una norma que su partido no apoyó originalmente. Feijóo enfatizó la necesidad de una reflexión sobre por qué el Estado no pudo ayudar a Noelia, el primer caso de eutanasia de una joven de 25 años en España. El líder del PP defendió la importancia de garantizar el acompañamiento al final de la vida, afirmando que "el progreso de España no se mide en el número de muertes permitidas, sino en las vidas acompañadas hasta el último suspiro". Además, atribuyó los problemas en el caso de Noelia a "un abandono y un fracaso evidentes del Estado" que, según él, no logró brindarle la atención necesaria. En cuanto a la regularización masiva de inmigrantes, Feijóo advirtió sobre las consecuencias de esta medida para la sanidad y la educación públicas, describiéndola como un "disparate legal". Según su análisis, esta regularización va en contra del Pacto de Migración y Asilo y del Reglamento de Retornos de la Unión Europea. Criticó especialmente que se esté tramitando una regularización "sin someterla a votación en el Congreso" y sin exigir antecedentes policiales a los beneficiarios. En relación…
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha criticado duramente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras desvelarse los mensajes de apoyo que algunos miembros del Gobierno enviaron al exministro José Luis Ábalos a través de WhatsApp, mientras este ya enfrentaba acusaciones de corrupción. Fúnez ha subrayado que estos mensajes manifiestan la mentira y la hipocresía del actual Gobierno. Este domingo, 'El Mundo' ha informado sobre los mensajes de respaldo que el presidente Pedro Sánchez, la exministra María Jesús Montero y el ministro Óscar Puente enviaron a Ábalos, incluso después de que su implicación en casos de corrupción se hiciera pública. Según Fúnez, estos hechos confirman un patrón de conducta cuestionable en el Ejecutivo. Un Gobierno que prometió acabar con la corrupción, se ve ahora cercado por ella, según Fúnez. El juicio contra José Luis Ábalos, quien fuera considerado uno de los hombres de confianza de Sánchez, comienza esta semana. El exministro está acusado de cinco delitos y enfrenta una petición de más de 24 años de prisión. Fúnez ha enfatizado que Ábalos ha pasado del Consejo de Ministros al banquillo. La dirigente del PP ha planteado incógnitas sobre la veracidad de las declaraciones gubernamentales respecto a Ábalos: "¿Cuándo mintió el Gobierno? ¿Cuando dice no conocer a José Luis Ábalos o cuando le manda mensajes transmitiéndole su apoyo?" Además, la vicesecretaria ha subrayado que la situación refleja un fallo no solo individual sino sistémico dentro del Gobierno. Esta semana se espera más información sobre el caso en el Senado, donde comparecerá el presidente de Forestalia junto a la esposa de Santos Cerdán, otro exfuncionario vinculado a Sánchez que también ha tenido problemas legales.
El próximo miércoles, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerá ante la Comisión Constitucional del Congreso para abordar una serie de asuntos, principalmente a instancias de la oposición. Entre los temas a tratar, destaca su intervención a petición propia para informar sobre el cumplimiento del Plan Normativo del Gobierno previsto para 2025, así como su labor en defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. El Partido Popular (PP) ha solicitado la comparecencia del ministro para discutir lo que considera un "fracaso" del Gobierno en la ejecución del Plan Normativo de 2024. Los populares exigirán explicaciones sobre las medidas planificadas para asegurar una revisión más rigurosa en el futuro. Además, criticarán la tendencia del Ejecutivo, y del presidente Pedro Sánchez en particular, de "gobernar sin el Parlamento". Entre sus preocupaciones figuran los "matices" mencionados desde Moncloa para justificar el incumplimiento de numerosos mandatos constitucionales, como la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. El PP también acusa al Gobierno de ocultar informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y busca aclaraciones sobre el incumplimiento de las recomendaciones de dicho organismo. Asimismo, Félix Bolaños deberá pronunciarse sobre la reestructuración del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada hace más de un año, que incluyó el ascenso del presidente de la institución, el sociólogo José Félix Tezanos. Las diferencias entre los ministerios de Presidencia y Defensa respecto al proyecto de ley de Información Clasificada, bloqueado en el Congreso, y la decisión de cancelar un contrato de compra de munición con Israel serán también asuntos a tratar. Adicionalmente, el PP abordará la supuesta manipulación del Ministerio Fiscal en beneficio de miembros del entorno del Gobierno y las presuntas presiones ejercidas sobre el Tribunal Constitucional respecto a la ley de amnistía y…